Unidad frente a la inseguridad

El Perú atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. Las cifras de homicidios, extorsiones, robos y secuestros crecen sin control; los barrios se vuelven zonas de miedo y las regiones fronterizas, corredores del crimen. En lugar de fortalecerse, la presencia del Estado parece diluirse ante bandas organizadas que actúan con impunidad, aprovechando la descoordinación de las instituciones y la indiferencia de una sociedad que, poco a poco, se ha acostumbrado a vivir con miedo.

No se trata solo de un problema policial. La inseguridad es el reflejo de un Estado débil, de una justicia que no sanciona con firmeza y de una política sin rumbo común. Las reformas parciales y las medidas aisladas ya no bastan. El país necesita una estrategia integral que devuelva el principio de autoridad, refuerce la presencia institucional y recupere la confianza ciudadana. El orden, más que una aspiración, debe convertirse en un principio de justicia y desarrollo.

Para ello, el fortalecimiento de nuestras fronteras es esencial. Los límites del país se han convertido en puntos de fuga para el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. Sin control territorial, no hay seguridad posible. El Estado debe garantizar presencia efectiva en cada frontera, desde los puestos de vigilancia hasta la coordinación con los países vecinos. No se puede hablar de soberanía cuando los delincuentes cruzan con facilidad y las autoridades se ven superadas por la falta de recursos o de voluntad política.

Pero la seguridad tampoco se impone únicamente con armas o patrullas. Su base está en la familia, donde se forma la conciencia cívica y se cultivan los valores que sostienen una nación. Un país que renuncia a educar en el hogar se condena a criar generaciones sin respeto ni sentido de pertenencia. La desintegración familiar, la falta de ejemplo y la pérdida de autoridad moral alimentan el mismo caldo de cultivo del que se nutre la delincuencia.

La justicia, por su parte, tiene un papel irrenunciable. Sin sanción rápida y ejemplar, la ley pierde fuerza y la delincuencia gana terreno. No puede haber impunidad ni favoritismos, porque cada caso no resuelto erosiona la fe del ciudadano en el Estado. Recuperar la justicia implica fortalecer al Ministerio Público y al Poder Judicial, garantizar su independencia y exigir resultados concretos en la lucha contra el crimen.

En medio de esta crisis, el llamado a la unidad es impostergable. La inseguridad no distingue ideologías ni fronteras políticas. Requiere que las instituciones, los gobiernos regionales y municipales, las Fuerzas Armadas, la Policía y la sociedad civil actúen con un propósito común: proteger la vida y la libertad de los peruanos. Solo un país unido puede resistir la embestida del crimen.

El Perú necesita reencontrarse con su espíritu de nación. La defensa de la familia, el control de las fronteras y el fortalecimiento de la justicia no son políticas aisladas, sino los pilares sobre los que se construye el orden y la paz. Cuando esos tres fundamentos se desmoronan, el crimen avanza y el Estado retrocede.Hoy más que nunca, la seguridad debe convertirse en una causa nacional. No podemos seguir fragmentados mientras la violencia nos rodea. El futuro del Perú dependerá de nuestra capacidad para unirnos, fortalecer nuestras instituciones y recuperar el sentido de autoridad y justicia que alguna vez nos sostuvo como república.