Perú en manos del crimen: la industria de la construcción en la línea de fuego

El Perú vive una crisis de seguridad sin precedentes. La criminalidad no solo ha crecido, se ha enraizado en el tejido social e institucional. En los últimos años, la tasa de homicidios se ha incrementado y las denuncias por extorsión crecieron más de 50% en comparación al año pasado, solo en Lima Metropolitana. Las bandas ya no solo operan en las sombras, controlan territorios, intimidan a jueces y fiscales, corrompen policías y asesinan con total impunidad.

Ante esto, el Estado ha respondido con tibieza y fracasados estados de emergencia, planes de seguridad sin sustento, y discursos vacíos. Mientras tanto, los ciudadanos viven con miedo y desconfianza. Según encuestas, más del 80% de la población desconfía de las instituciones llamadas a protegerla, ello se sustenta en el hecho que el crimen está en aumento, mientras que los operativos policiales disminuyen, no estamos ante negligencia, sino ante una estructura que tolera o convive con el delito.

En este escenario de abandono, el sector construcción civil es uno de los más golpeados. Las mafias usan sindicatos de fachada para extorsionar a empresas, exigir “cuotas” por puestos de trabajo y asesinar a dirigentes que se resisten. En los últimos días han surgido amenazas contra la vida de los dirigentes: Hecto Calla en Cusco y Tucto Albornoz en Barranca, por parte de estructuras criminales que pretenden tomar el control de las obras y que encuentran la resistencia de nuestros lideres sindicales. Desde la FTCCP lo denunciamos hace más de 20 años, a la fecha 26 de nuestros líderes han sido asesinados. ¿Cuántos más deben morir para que el Estado actúe?

“Cuando el Estado calla ante el crimen, traiciona a quienes construyen el país”

Desde la FTCCP, reiteramos nuestra exigencia: que se combata el crimen organizado, se depuren los registros sindicales de las mafias y se proteja a quienes defienden con dignidad el derecho al trabajo. No pedimos favores. Exigimos justicia.