La desactivación de los equipos especiales

En los últimos días se ha anunciado la desactivación de diversos equipos especiales que operaban en el sistema de justicia, particularmente en el ámbito de la investigación penal. La decisión ha generado reacciones encontradas, no solo entre especialistas, sino también en una ciudadanía que observa con preocupación el avance del crimen organizado y la respuesta del Estado frente a este fenómeno.

Los equipos especiales fueron concebidos como unidades temporales, diseñadas para atender investigaciones complejas que requerían dedicación exclusiva, trabajo multidisciplinario y una coordinación intensa entre fiscales, policías y otras entidades. Su creación respondió a una necesidad concreta: enfrentar estructuras criminales sofisticadas que no podían ser abordadas con los mecanismos ordinarios de investigación. En muchos casos, estos equipos lograron avances significativos, especialmente en delitos de corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada.

Sin embargo, también es cierto que el funcionamiento de estas unidades excepcionales generó debates legítimos. La coexistencia de equipos especiales con fiscalías ordinarias planteó interrogantes sobre duplicidad de funciones, desigualdad en la asignación de recursos y dependencia excesiva de determinados liderazgos. En un sistema institucional sano, las capacidades extraordinarias no deberían ser la regla permanente, sino un complemento excepcional mientras se fortalece la estructura regular.

La desactivación de estos equipos no puede ser analizada únicamente desde la simpatía o antipatía hacia personas concretas. El debate de fondo es más amplio y más serio: ¿están nuestras instituciones preparadas para asumir estas investigaciones sin recurrir a esquemas extraordinarios? ¿Existe la capacidad instalada, la formación especializada y el respaldo logístico suficiente para que el sistema ordinario cumpla eficazmente su rol?

Un Estado que depende permanentemente de equipos especiales revela, en realidad, una debilidad estructural. La lucha contra el crimen no puede descansar en islas de eficiencia ni en grupos excepcionales que funcionan al margen del aparato regular. La respuesta debe ser institucional, sostenida y previsible, con reglas claras y procedimientos que no cambien según coyunturas políticas o nombres propios.

Por ello, la discusión no debería centrarse en si un equipo continúa o se desactiva, sino en cómo se garantiza la continuidad del trabajo, la preservación de la información obtenida y el fortalecimiento de las fiscalías y unidades policiales permanentes. La ciudadanía no exige héroes individuales, sino resultados consistentes y un sistema que funcione más allá de las personas.

Las instituciones del país, en general, y el Ministerio Público, en particular, no deben depender de caudillos ni de figuras providenciales. La justicia no puede personalizarse. Lo que corresponde es fortalecer la institucionalidad, profesionalizar los cuadros, asegurar estabilidad y reglas claras. Solo así se construye un Estado capaz de enfrentar el crimen con solidez y credibilidad.