La corrupción institucional, el cáncer del Perú

El reciente caso del criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y la presunta implicación del jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), no constituye un simple suceso policial. Es la manifestación más alarmante de una descomposición institucional que está carcomiendo a las fuerzas del orden. Y si no se hace nada, esto terminará muy mal. El exjefe policial Francisco Rivadeneyra, hace unos meses denunció que había filtraciones en la PNP que protegían al delincuente Moreno, pero lo único que logró fue ser destituido de su cargo. Esto pinta un panorama extraño en la cúpula policial que no puede con las extorsiones y delincuencia común, pero sí es efectiva para reprimir a los ciudadanos que protestan.

El problema de la corrupción en algunos sectores de la policía en Perú no es un caso aislado, sino un fenómeno sistémico y profundamente arraigado en toda la sociedad peruana. Tal parece que los congresistas y el Ejecutivo trabajarían a favor las mafias, por su manera de comportarse, por las leyes que dictan o las estrategias fallidas que aplican. 

Este problema va más allá de «malos elementos». La recurrencia de escándalos en todos los niveles estatales demuestra una descomposición institucional profunda: desde la solicitud de coimas en intervenciones de tránsito o la liberación de detenidos, hasta la vinculación directa con organizaciones criminales, narcotráfico y el desvío de recursos públicos, evidencia una estructura que no solo permite, sino que facilita estas prácticas ilícitas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) es esencial e irremplazable para la democracia y la seguridad del país. Ante cualquier crisis moral, es imperativo que el Estado peruano —a través del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial— actúe con la máxima firmeza y sin contemplaciones para aislar, sancionar y extirpar a los elementos corruptos. Pero el detalle es que este gobierno no tiene interés en hacerlo, lo ha demostrado infinidad de veces. Claro, le conviene que haya un divorcio entre la ley y la justicia, entre el orden y la democracia. Así asegura que, terminado su mandato, quede impune.