La amnistía
Publicado el 18/08/2025
El 9 de julio de 2025, el Congreso aprobó en segunda votación la ley de amnistía contenida en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR. Esta norma alcanza a militares, policías y miembros de comités de autodefensa por hechos ocurridos entre 1980 y 2000, siempre que no cuenten con sentencia firme. El 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley en Palacio de Gobierno, acompañada de congresistas y figuras políticas que defendieron la medida como un acto de justicia largamente esperado.
Quienes respaldan la amnistía sostienen que se trata de un reconocimiento a quienes combatieron en tiempos difíciles y que durante años enfrentaron procesos judiciales que nunca concluyeron. Para ellos, la norma devuelve dignidad a miles de familias que consideran que sus padres, hijos o hermanos fueron injustamente tratados por un sistema que no supo valorar el sacrificio realizado en defensa del país.
Los críticos, en cambio, advierten que la norma puede convertirse en una herramienta de impunidad. Diversos organismos — entre ellos la Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos— han expresado su preocupación porque la amnistía alcanzaría alrededor de 150 sentencias firmes y más de 600 procesos en curso. Desde esa mirada, se corre el riesgo de debilitar el principio de rendición de cuentas y desconocer la obligación de investigar y sancionar violaciones graves de derechos humanos.
El debate no es nuevo. En 1995, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se aprobaron leyes de amnistía que finalmente fueron declaradas incompatibles con el derecho internacional. El caso Barrios Altos en la Corte IDH marcó un precedente. Hoy, esa jurisprudencia vuelve a ser invocada como argumento central de quienes se oponen a esta medida.
El país se encuentra, entonces, ante un dilema. Para algunos, la amnistía abre la puerta a una reconciliación necesaria que permita cerrar heridas y mirar hacia adelante. Para otros, se trata de un retroceso que reabre fracturas y deja la impresión de que la justicia puede ser anulada por conveniencia política.
Las consecuencias aún están por verse. Para unos podría significar alivio para muchas familias, para otros un costo alto en la relación del Perú con los organismos internacionales y en la confianza ciudadana hacia la justicia.
Al final, cada ciudadano tendrá que responder la misma pregunta: ¿es esta ley un acto de reconciliación nacional o una señal de impunidad? La interpretación queda en manos de la sociedad, porque la amnistía, más que un tema legal, es un espejo donde el país vuelve a mirarse.