El problema endémico en la ingeniería pública peruana

El caso del Puente de la Paz en Miraflores, con sus paneles de vidrio hundidos a solo tres meses de su inauguración y los cínicos comunicados municipales que hablan de «ligeras imperfecciones», es más que una noticia local: es la enésima postal de un problema endémico en la gestión de infraestructura en el Perú. Las millonarias inversiones se desvanecen ante la visible evidencia de fallas prematuras, afectando la imagen de una obra «icónica» de ingeniería. La rapidez con la que surgen estas fallas es el espejo de una realidad incómoda y repetida.

Este patrón se repite con una frecuencia alarmante en todo el país, confirmando que el problema no es el material o el tipo de obra, sino de quien la ejecuta enfocado en el lucro. Recientemente, hemos sido testigos de escándalos que van desde el colapso de tramos de la Carretera Central después de ser reparados, hasta la aparición de fisuras estructurales en colegios emblemáticos, o el infame caso de hospitales que nunca se terminan, consumiendo presupuestos año tras año.

Tomemos como otro ejemplo las constantes denuncias sobre viviendas, pistas, puentes entregados con graves deficiencias que obligan a costosas reparaciones. O el caso de los puentes modulares que, diseñados para solucionar emergencias, acaban siendo cuestionados por su instalación deficiente o por la inadecuada selección del lugar.

La respuesta de las autoridades—minimizando las fallas como «propias del uso» o «que no se caen, solo se derrumban»—es un intento de gestionar la crisis de imagen, pero solo profundiza la crisis de confianza. El ciudadano percibe que el Estado gasta grandes sumas de dinero en obras que nacen defectuosas.

La Municipalidad de Miraflores tiene que ir más allá del control de daños mediático. Debe presentar un informe técnico independiente y transparente que aclare completamente la situación estructural del puente. De no hacerlo, cualquier explicación oficial sobre las «imperfecciones» será percibida como un intento burdo de encubrir lo que, a ojos vista, parece una nueva y costosa demostración de la mala praxis en la inversión pública.