El poder político no pide permiso

La política no se mueve en el terreno de los buenos deseos, sino en el de los hechos. Y los hechos no se imponen porque sean justos, dialogados o consensuados, sino porque hay fuerza suficiente para hacerlos valer. Por eso, salvo el poder, todo es ilusión: no porque las ideas no existan, sino porque por sí solas no obligan a nadie. Creer lo contrario es confundir la realidad política con un relato moral destinado a tranquilizar conciencias.

Conviene aclararlo desde el inicio: describir esta realidad no equivale a hacer apología de ella. No se trata de celebrar la violencia ni de justificarla éticamente, sino de reconocer su papel constitutivo en el poder político. Confundir análisis con aprobación es un error elemental. Aquí no se discute qué debería ser la política, sino qué es efectivamente, cómo funciona y sobre qué se sostiene.

El poder político no nace del diálogo, sino de la capacidad real de imponer decisiones. Esa capacidad remite, en última instancia, a la violencia organizada: ejércitos, policías, sanciones, bloqueos, amenazas creíbles. Sin estos dispositivos materiales, las leyes no pasan de ser palabras bien redactadas. El derecho no manda por sí mismo; manda quien tiene los medios para hacerlo cumplir. Todo lo demás es retórica.

Esto no significa que la política consista simplemente en matar ni que todo esté permitido. El poder es mucho más complejo que eso. Pero sí implica reconocer algo incómodo: toda ley se cumple porque, en última instancia, existe la posibilidad de la fuerza extrema. Un ciudadano no respeta la propiedad ajena solo por convicción moral, sino porque sabe que hay policías que pueden sacarlo por la fuerza y, llegado el caso límite, incluso matarlo. Que casi nunca se llegue a ese extremo no lo elimina como fundamento; al contrario, explica por qué no hace falta usarlo todo el tiempo. La ley existe precisamente para administrar, posponer y limitar la violencia, no porque la niegue, sino porque sin ese trasfondo material sería completamente ineficaz.

Por eso el llamado “derecho internacional” no es una instancia soberana situada por encima de los Estados. No es un árbitro neutral que limite a las potencias por la sola fuerza de la norma. Es una técnica política dependiente del equilibrio de fuerzas existente. Funciona mientras coincide con los intereses de quienes tienen poder real para sostenerlo y se desvanece cuando entra en contradicción con ellos. Cuando una potencia actúa sin consecuencias proporcionales, queda demostrado que ese derecho no la contenía: simplemente la acompañaba mientras fue útil.

De ahí que el poder no necesite justificarse para actuar. El poder actúa, y ese acto es su justificación fáctica. La violencia se justifica a sí misma en este sentido preciso: cuando se ejerce con éxito, no necesita una teoría previa que la legitime. Las explicaciones, los discursos y las apelaciones jurídicas vienen después, cuando conviene producirlas. No son la condición de posibilidad del acto, sino su envoltura posterior.

Los hechos del 3 de enero de 2026 lo mostraron con una claridad brutal. El secuestro de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses bajo la administración Trump no requirió autorización de ningún tribunal internacional ni el aval de ninguna organización multilateral. Ocurrió porque pudo ocurrir. Y pudo ocurrir porque quien lo ejecutó tenía la fuerza suficiente para hacerlo sin enfrentar consecuencias reales. Ese solo hecho desnuda la fantasía de un orden internacional gobernado por normas independientes del poder.

Ante esto, muchos prefieren refugiarse en explicaciones morales o psicológicas. Hablan de miedos, paranoias o patologías del poder. Pero los Estados no actúan como individuos con traumas ni como sujetos morales. Actúan como estructuras estratégicas que buscan conservar y ampliar su capacidad de acción. La libertad política no consiste en la ausencia de miedo, sino en la posibilidad de imponer límites efectivos a otros. Y esos límites no se sostienen con declaraciones, sino con fuerza material.

Nada de esto implica estar de acuerdo con ese estado de cosas. Implica, simplemente, dejar de engañarse. La política no es el reino del diálogo puro ni del consenso desinteresado. Es el campo donde se enfrentan fuerzas reales, donde se decide quién manda y quién obedece. Seguir creyendo que basta con invocar normas, derechos o buenas intenciones para cambiar esa realidad no es una postura más humana ni más elevada: es cerrar los ojos. Y en política, cerrar los ojos nunca ha sido una virtud; siempre ha sido una forma de quedar a merced del poder de otros.