Demandamos derogar la Ley 32123 y exigimos reforma previsional en consenso con los trabajadores

El Ejecutivo y el Legislativo han retrocedido ante la protesta ciudadana contra el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional, que solo asegura el financiamiento de las AFP bajo la falsa promesa de modernizar el sistema de pensiones. 

Esta ley ha generado rechazo porque restringe derechos y no soluciona los problemas de fondo del sistema de pensiones. Lejos de modernizar, recortaba derechos: prohibía retiros extraordinarios de AFP, imponía aportes a independientes con ingresos irregulares, afiliaba obligatoriamente desde los 18 años y elevaba la edad para la jubilación anticipada, entre otros.

Es necesario ampliar la cobertura previsional, garantizar una pensión mínima y crear un sistema más integrado de pensiones, eso sí, pero la forma debe ser consultada con los trabajadores, es decir, quienes vamos a poner nuestro dinero en juego.

En el contexto actual, el ciudadano debe decir entre retirar su dinero y pagar los estudios de sus hijos o su hipoteca, invertir en un negocio o simplemente comer hoy, o dejarlo en las AFP para enriquecer a sus dueños y esperar una pensión miserable que ni siquiera asegura una buena sobrevivencia en el futuro.

La reforma fue aprobada sin diálogo social, desde una visión tecnocrática y ajena a la realidad del país. Bajo presión social, varias bancadas que votaron a favor buscan ahora derogarla para evitar el costo político; sobre todo pensando en el bolsón electoral que perderán de cara a las elecciones de 2026. Sin ese contexto político, tal vez su reacción habría sido diferente.

La CGTP ya había advertido lo que se estaba orquestando en el Congreso. Las AFP responden a los grupos de poder económico, que obtienen ganancias con nuestro dinero y no aseguran pensiones dignas. En Chile, tras más de 40 años se dieron cuenta de la estafa de las AFP y las eliminaron del sistema pensionario. Ese es el camino que debe seguir el Perú.Se necesita una reforma previsional real, construida con diálogo, que garantice pensiones dignas, priorizando un sistema público de pensiones, solidario y universal, pero todo ello debe hacerse en consenso con la clase trabajadora.