Cuando la justicia se politiza

La democracia se sostiene sobre un principio básico, el respeto a los derechos y libertades de todos, declaración que nos garantiza la Constitución. Este sistema debe estar protegido por instituciones sólidas y por un sistema de justicia independiente. Sin embargo, en el Perú de hoy, esos pilares muestran grietas cada vez más profundas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución llamada a ser árbitro neutral en los procesos electorales, enfrenta la inejecución de una resolución judicial en tanto obliga a que permita la participación de un partido político que no cumplió con su inscripción en el plazo establecido. La medida cautelar dictada en el marco de un amparo, ha ido más allá de lo que corresponde a la naturaleza del derecho, esto es garantizar el supuesto derecho vulnerado, sin embargo, el juzgador ha dispuesto sancionar a los magistrados del JNE por no acatar la cautelar, cuyo efecto legal ha sido declarado inaplicable por haber precluido el plazo. Este incidente debilita la autonomía del organismo electoral, además que desnaturaliza su función esencial, garantizar procesos electorales transparentes y con reglas claras para todos.

Consideramos que la respuesta del JNE, declarando inaplicable dicha cautelar, es un acto de defensa institucional, sin embargo se verá igualmente acosado por el amparo electoral habilitado por el Tribunal Constitucional,  y como tal será el llamado a resolver estas controversias, es  aquí que surge una preocupación mayor, en tanto el TC viene mostrando una alarmante fragilidad, con resoluciones que parecen variar según el actor político involucrado, en lugar de sostenerse en la coherencia constitucional, por su parte el JNE ha hecho saber que impulsara una demanda de conflicto de competencia, la que deberá resolver el colegiado del TC, esperamos que no quede como la que dejo al congreso en incertidumbre jurídica al no dictar sentencia ante la discordia generada por la primera sala constitucional de lima que reincorporo a dos ex magistrados destituidos de la JNJ y a una fiscal suprema. 

Los casos recientes refuerzan esta percepción, desde el caso “cocteles” proceso que ha mostrado el deficiente trabajo del ministerio público, hasta la liberación de la ex primera ministra Betsy Chávez, por vencimiento del plazo para prolongar la detención preventiva, a ello se suma la participación de un juez supremo provisional, como el magistrado Juan Carlos Checkley, encargado de  los procesos contra congresistas y altos funcionarios, desnaturalizando el equilibrio de poderes como tal entre pares (ejecutivo, legislativo y judicial – titulares). La pregunta es inevitable, ¿puede un juez superior (supremo provisional) tener la autoridad y legitimidad suficiente para procesar a las autoridades de la mayor jerarquía de la administración del Estado?; La Corte Suprema debería corregir de inmediato esta situación, garantizando que jueces titulares asuman esas causas que por su connotación son impacto nacional.

Lo que está en juego no es un simple procedimiento judicial, sino la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando la justicia se percibe como maleable y el árbitro electoral presionado por mandatos judiciales inejecutables, la democracia pierde legitimidad. Y sin legitimidad, las elecciones dejan de ser el espacio de encuentro y decisión colectiva para convertirse en un escenario de disputas manipuladas.

La democracia peruana atraviesa un estadio de incertidumbre, ad portas de las próximas elecciones con más de 30 candidatos a la Presidencia de la República, ¿quién devuelve la confianza al sistema de justicia y a los órganos electorales evidenciando su independencia de toda injerencia política?. Porque sin jueces independientes ni árbitros imparciales, lo que se cuestionará no es solo el proceso electoral, sino la base misma de nuestro sistema democrático.