Amnistia para los asesinos

La llamada Ley de Amnistía, promulgada por Dina Boluarte el 13 de agosto de 2025, tiene dos alcances claros: primero, amnistiar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que estén investigados o procesados por hechos “derivados u originados” en su participación en el conflicto interno; y segundo, con un supuesto carácter “humanitario”, beneficiar a los mayores de 70 años con sentencia firme o en ejecución de condena por los mismos hechos.

En realidad, esta ley es una sentencia de impunidad contra la memoria, la justicia y la dignidad del pueblo peruano. Perdona principalmente a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía acusados, investigados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000. No es un acto de reconciliación, sino la confirmación de un régimen autoritario que desprecia la verdad y protege a los asesinos.

El contexto no deja dudas. El Congreso aprobó esta ley en julio, ignorando las advertencias expresas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana y del propio Poder Judicial. Todas estas instituciones recordaron que las amnistías para crímenes de lesa humanidad son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como quedó establecido en el histórico caso Barrios Altos vs. Perú (2001). En ese precedente, la Corte Interamericana fue categórica en señalar que ninguna ley puede blindar a quienes cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas u otras violaciones bajo el amparo del Estado.

Aun así, Dina Boluarte  la cómplice del autoritarismo económico y de las élites políticas de extrema derecha firmó esta norma como quien estampa un contrato de impunidad perpetua. Lo hizo con el mismo cinismo y criminal determinación con que se ha mantenido en el poder desde el derrocamiento del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, sosteniéndose sobre la sangre de decenas de compatriotas asesinados en las protestas de 2022 y 2023.

Esta ley a favor de los asesinos no solo vulnera la Constitución y el derecho internacional, sino que,  otorga un salvoconducto a quienes, en lugar de defender la vida, la arrebataron y a quienes confundieron la bandera nacional con una licencia para matar al pueblo.

La narrativa oficial es insultante. La ilegítima y corrupta Dina Boluarte y sus aliados hablan de “honrar a quienes lucharon contra el terrorismo” y de “devolverles la dignidad”. Pero la pregunta que se hace el pueblo con conciencia y memoria es: ¿qué dignidad merece quien quemó pueblos, violó mujeres, masacró y desapareció a niños y   jóvenes y ejecutando campesinos? La dignidad no se construye sobre el olvido ni sobre la mentira. Esta ley no honra ni reconcilia sino más bien ensucia, traiciona y perpetúa la violencia.

El Perú vuelve a colocarse como un Estado fallido ante la comunidad internacional, equiparado a regímenes que normalizan la represión y protegen a criminales de uniforme. El mensaje es demoledor cuando se nos quiere confirmar que los crímenes del Estado no se castigan, se premian. Esto erosiona la confianza en la democracia, deslegitima el sistema de justicia y condena a las víctimas a un segundo asesinato, el de la memoria.

Este no es un debate ideológico abstracto. Las heridas están abiertas, las víctimas tienen nombre y apellido. Hay madres que siguen esperando saber dónde están los huesos de sus hijos junto a comunidades enteras que cargan con el trauma de masacres nunca reparadas. Mujeres, niños y ancianos que jamás recibieron justicia por violaciones a sus derechos humanos cometidas por quienes vestían el uniforme que debía protegerlos.

Ante esta infamia, no queda espacio para la tibieza ni para el silencio. Defender los derechos humanos exige confrontar, denunciar y movilizarse. Cada ciudadano, cada organización, cada colectivo que crea en la justicia debe levantar su voz para exigir que esta ley sea derogada, que los crímenes sean juzgados y que la memoria de las víctimas sea reparada y respetada.

Si permitimos que la impunidad se convierta en norma, mañana la violencia volverá con nuevos nombres y rostros, pero con la misma lógica, la del poder sin control y la represión sin castigo.

Porque un país que perdona a sus traidores y asesinos es un país que no existirá jamás en esa promesa de paz y justicia social para todos. La lucha y la victoria empieza con la decisión de un pueblo que no olvida y que no se arrodilla. La historia no la escribirán los asesinos. La historia será escrita por la dignidad del pueblo que resisten y nunca se rinde.