Ratifican más de 30 años de cárcel para empresarios, la prófuga Vilma Zeña y Jonny Coico por la muerte de dos jóvenes, quienes trabajaban encerrados en la Galería Nicolini
La justicia confirmó en segunda instancia la condena por trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud contra los responsables de la muerte de dos jóvenes durante el incendio ocurrido en un contenedor de la galería Nicolini, en junio de 2017. La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro logró que se ratifique la pena de prisión efectiva impuesta a los sentenciados.
Según informó el Ministerio Público, Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría fueron hallados responsables penalmente de someter a las víctimas a condiciones de explotación laboral y esclavitud. Ambos fueron condenados en 2018 a 35 y 32 años de prisión efectiva, respectivamente, y tras la apelación presentada por Zeña Santamaría, en diciembre de 2025 se confirmó la sentencia de 32 años de cárcel en su contra:
Según la investigación fiscal, los agraviados eran encerrados con candado en un contenedor de la galería, desde la 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en un ambiente con poca ventilación e iluminación, desprovistos de alimentos y sin acceso a servicios higiénicos. Allí, por un pago de 25 soles diarios y sin derechos laborales, debían armar luminarias manualmente sustituyendo la marca original por otra reconocida, con lo cual los tratantes obtenían ganancias económicas indebidas.
Como parte de la sentencia, se dispuso la inhabilitación de Coico Sirlopu y Zeña Santamaría para contratar con el Estado por el mismo periodo de sus condenas. Asimismo, deberán pagar una reparación civil de S/20 000 a favor de las víctimas sobrevivientes, además de montos de S/479 000 y S/459 000 para los herederos legales de los dos jóvenes fallecidos.
El caso se originó tras el incendio registrado el 22 de junio de 2017 en la galería Nicolini, en la zona de Las Malvinas, uno de los siniestros más extensos y complejos ocurridos en Lima, que se prolongó por cinco días. Durante las labores de emergencia, se confirmó que Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán permanecían atrapados en un contenedor metálico, donde trabajaban sin contrato y bajo encierro, falleciendo sin poder ser rescatados debido a la ausencia de salidas de emergencia y al uso de candados externos.
La conclusión de Fiscalía
La investigación fiscal determinó que los jóvenes eran sometidos a un régimen de terror e informalidad absoluta. Según los actuados, las víctimas eran encerradas con candado en un contenedor metálico desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
En este espacio, desprovisto de ventilación, iluminación adecuada, alimentos o acceso a servicios higiénicos, debían ensamblar luminarias de forma manual por un pago de apenas 25 soles diarios. El objetivo de los tratantes era sustituir marcas originales por otras reconocidas para obtener ganancias ilícitas mediante el engaño comercial.
La precariedad en Las Malvinas
La tragedia que originó este proceso judicial ocurrió el 22 de junio de 2017. Durante cinco días, las llamas consumieron la galería Nicolini en Las Malvinas, requiriendo el trabajo de más de 500 bomberos. Sin embargo, lo más estremecedor fueron las imágenes de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán pidiendo auxilio desde las rendijas de un contenedor en el quinto piso. Los jóvenes no pudieron escapar debido a que sus empleadores los dejaban bajo llave para evitar que “perdieran el tiempo” o “robaran productos”.
El fuego expuso la precaria condición laboral en Centro de Lima. Contenedores eran usados como talleres de producción clandestinos, donde los trabajadores carecían de salidas de emergencia y cualquier derecho laboral básico. Herrera y Huamán perdieron la vida atrapados por el fuego y el humo, convirtiéndose en el símbolo de la explotación laboral sistemática amparada en la informalidad y la falta de fiscalización estatal.
Reparación civil de casi 1 millón
La condena de la Sala Penal no solo ratifica la restricción de la libertad de los responsables, sino que establece un esquema de reparación económica que intenta resarcir, en parte, el daño causado a las familias y a quienes lograron escapar del fuego.
De acuerdo con la resolución, Coico y Zeña están obligados a pagar montos que ascienden a S/ 479.000 y S/ 459.000 para los herederos legales de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán, respectivamente. Asimismo, se fijó una suma de S/ 20.000 en favor de los tres sobrevivientes de la tragedia. Junto a estas medidas, la sentencia impone una inhabilitación que les impide celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado por el mismo periodo que duren sus penas.
Una captura, una tarea pendiente
Sin embargo, la justicia plena sigue siendo una tarea pendiente debido a la condición de prófuga de Vilma Zeña Santamaría. A diferencia de Coico Sirlopú, quien se encuentra recluido en el penal Miguel Castro Castro, Zeña ha logrado evadir a las autoridades durante años, manteniéndose en la clandestinidad a pesar de estar incluida en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.
Actualmente, el Estado ofrece S/ 50.000 por información que permita su captura. Esta situación ha sido denunciada por la madre de Jovi Herrera, quien señala que, más allá del avance legal, las familias no han percibido el pago de la reparación ordenada. La captura de Zeña es el último eslabón necesario para cerrar un proceso que busca que la informalidad comercial nunca más derive en condiciones de nuevos tipos esclavitud.
