Un nuevo cuestionamiento se suma al sistema de justicia en el Callao. El caso del docente y dirigente comunitario, presidente de la Asociación Ecoturística Cultural Piscícola “Los Chankas”, con Expediente 05240-2024-4-3301, expone una serie de irregularidades que, según su abogado defensor, Carlos Navarro, preocupan por la forma en que se estarían vulnerando derechos ciudadanos en nombre de la ley.
Pese a contar con documentos que acreditan su legítima posesión desde 1993, el dirigente enfrenta un proceso penal por supuesta “alteración ambiental”, en el que interviene como actor civil el Procurador Ambiental del Estado. Según el abogado Navarro Marín, esta participación ha sido cuestionada por posibles desbordes de competencia territorial, toda vez que el Callao cuenta con procuraduría propia con atribuciones expresas en la materia.
“Estamos ante una intervención que genera serias dudas de legalidad. Si el Callao ya cuenta con un Procurador Regional Adjunto con competencia funcional, no se justifica jurídicamente la actuación de un Procurador Ambiental en este caso. Esta situación plantea posibles vulneraciones al debido proceso y ha generado críticas en torno a la correcta delimitación de funciones entre procuradurías”, sostuvo el abogado.
Lo más grave, según ha podido establecerse a partir de documentos públicos y actuaciones del expediente, y de acuerdo con el análisis del equipo legal, es el contexto estructural del caso: el Gobierno Regional del Callao mantiene un convenio con la empresa Lima Airport Partners (LAP) para ejecutar un Plan de Compensación Ambiental vinculado a la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
En ese marco, surge la preocupación planteada por el abogado Carlos Navarro, de que se estaría excluyendo de forma no transparente, a posesionarios con uso especial y a organizaciones locales, como la asociación ecoturística que lidera el imputado, de los beneficios contemplados por dicho plan. Esta situación refuerza, en opinión del abogado, la sospecha de que el proceso penal iniciado contra el dirigente podría estar motivado por intereses ajenos a la justicia ambiental y más próximos a una reconfiguración territorial sin participación de actores locales históricos.
“El verdadero daño sería permitir que se oculte un despojo detrás de un lenguaje supuestamente ecológico. No puede permitirse que un ciudadano con más de 20 años de trabajo en favor del medio ambiente y su comunidad sea tratado como invasor o delincuente, cuando existen documentos que acreditan su legítima posesión”, advirtió el abogado defensor.
Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de control de plazos en el Poder Judicial. Según el abogado Navarro, en la diligencia de inspección estuvieron presentes tanto el fiscal provincial como el fiscal adjunto, pero el imputado no firmó el acta ni contó con la presencia de su abogado defensor, lo que configuraría una vulneración al derecho de defensa desde el inicio del proceso. Posteriormente, indica, la Fiscalía calificó el caso como complejo, sin exponer fundamentos objetivos suficientes. La falta de garantías procesales mínimas, a pesar de la presencia simultánea de dos fiscales, señaló el abogado, quien pone en cuestión la objetividad del Ministerio Público y genera legítima preocupación sobre el respeto al debido proceso.
Lo que está en juego, señala el abogado, no es solo la situación legal de un dirigente, sino la necesidad urgente de garantizar la transparencia en la aplicación de convenios ambientales y de reforzar el respeto al debido proceso en el Callao.
