Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad investigar a Alberto Otárola por presunta colusión agravada, tras un contundente informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Expremier habría manipulado directamente contrataciones en Devida y el Ministerio de Defensa para beneficiar a Rosa Pierina Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez.
Alberto Otárola aprovechó su cargo como premier para colocar a dos mujeres de su círculo íntimo en el Estado mediante contratos irregulares. Yaziré Pinedo, su expareja, recibió S/53,000 en el Ministerio de Defensa sin procesos transparentes. Rosa Rivera, su amiga cercana, obtuvo S/54,000 en Devida. La Fiscalía lo acusa de colusión agravada, delito que podría costarle su carrera política y llevar a prisión.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad (24 votos) investigar a Alberto Otárola por presunta colusión agravada, tras un contundente informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El expremier habría manipulado directamente contrataciones en Devida y el Ministerio de Defensa para beneficiar a Rosa Pierina Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez.
El escándalo estalló cuando el programa Panorama reveló documentos y una foto comprometedora: Otárola y Rivera tomados de la mano en el Club Departamental Arequipa, en pleno periodo de las contrataciones irregulares. Rivera, sin experiencia comprobable en políticas antidrogas, recibió dos órdenes de servicio en Devida por
S/54,000 entre 2022-2023 para supuestos “servicios de asesoría”. Sin embargo, la Contraloría determinó que no existe evidencia de los trabajos realizados.
Pero el caso más grave involucra a Yaziré Pinedo. La joven de 26 años admitió su relación sentimental con Otárola y recibió S/53,000 en Defensa. Un audio filtrado muestra al expremier pidiendo su currículum para gestionar su contratación.
La Fiscalía demostró que Otárola usó vehículos oficiales para visitarla en su domicilio de Lince. Otárola niega las acusaciones. En redes tachó
la investigación de “show mediático” y dijo que el país necesita “menos farándula y más seriedad”.
Pero los documentos no mienten: Pinedo fue la única postulante en la
PCM y recibió pagos sin estudios de mercado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene 15 días para decidir si envía el caso al Pleno del Congreso. De aprobarse, Otárola enfrentaría inhabilitación o prisión. Mientras tanto, el escándalo expone cómo las redes personales corrompen el Estado. Los S/107,000 malgastados en
contratos amañados debieron usarse para combatir drogas o proteger al país.
Otárola no solo convirtió el Estado en un botín para sus afectos, sino que demostró el nivel de degradación moral al que puede llegar un funcionario público cuando antepone sus intereses personales al bien común. Su conducta representa lo peor de la clase política: el abuso de poder, el nepotismo descarado y el desprecio por los recursos públicos. Mientras el Perú enfrenta graves problemas sociales y económicos, él prefirió enriquecer a su círculo íntimo con contratos amañados. La justicia decidirá si paga por ello, pero el veredicto moral ya está dado: Otárola manchó irreversiblemente su nombre y su trayectoria. Su caso quedará como ejemplo de todo lo que debe erradicarse de la función pública. El verdadero castigo no será solo legal, sino histórico: quedará registrado como uno de esos políticos que, teniendo la oportunidad de servir al país, eligió servirsea sí mismo.
DATOS: DOCUMENTOS OFICIALES muestran que Pinedo fue
contratada en Defensa el mismo día que Otárola envió una cotización a la PCM para su contratación, saltándose todos los protocolos de selección pública.
