Caso Cofre: Comisión de Fiscalización encontró indicios de incapacidad moral permanente por uso indebido de vehículo presidencial y remitirá 2,356 folios al Ministerio Público
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría un informe que propone evaluar la vacancia de Dina Boluarte por presunta incapacidad moral permanente en el caso Cofre. La decisión se tomó con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención, tras identificar indicios graves de comportamiento impropio relacionado con el uso indebido de un vehículo presidencial o Cofre. El documento de 2,356 folios será remitido a la Fiscalía de la Nación para investigación.
Supuestos encubrimiento y trabas a la investigación
El grupo parlamentario liderado por Juan Burgos Oliveros concluyó que existen elementos suficientes para evaluar una moción de vacancia presidencial y una denuncia constitucional. Durante la investigación, la comisión identificó trabas que impidieron el acceso a información clave como bitácoras y rutas de los vehículos presidenciales.
El Ejecutivo declaró reservada esta información, lo que según los parlamentarios configura una presunta acción de encubrimiento. La comisión considera que esta negativa compromete la responsabilidad directa de la presidenta en los hechos investigados.
Origen del caso y uso de recursos públicos
El caso surgió tras la difusión de un audio atribuido al oficial PNP Junior Izquierdo Yarlaqué y al exministro Juan José Santiváñez. En la grabación se menciona que Vladimir Cerrón habría utilizado un vehículo oficial para eludir un operativo policial.
Aunque no se comprobó la fuga en el vehículo oficial, la comisión señaló que «existen elementos que abren la posibilidad» de que ocurriera. Los investigadores consideraron las rutas alternas que no pueden ser intervenidas por la Policía Nacional.
Reuniones privadas con fondos estatales
El informe critica el uso de recursos públicos durante una visita de Boluarte a una residencia privada en Sarapampa. Según los investigadores, esta habría sido escenario de reuniones con personas vinculadas a contrataciones estatales y al entorno cercano de la mandataria.
«Esta situación refleja un patrón preocupante que recuerda al caso Sarratea», advirtió el documento en alusión al escándalo del expresidente Pedro Castillo. Entre los asistentes figuraron Ena Karina Ocaña Araníbar, regidora de Magdalena, y Sadji Olazábal Amao, hijo de un dirigente apurimeño cercano a la jefa de Estado.
División parlamentaria sobre el informe
Congresistas de Perú Libre rechazaron el informe y lo calificaron de «subjetivo» y «politizado». Isaac Mita argumentó que «no existen pruebas sólidas que justifiquen una sanción de esta magnitud», mientras Segundo Montalvo expresó que «carece de objetividad y solidez jurídica».
Carlos Zeballos del Bloque Magisterial respaldó el trabajo y consideró que «este informe puede ser un insumo útil para que se determine si hubo encubrimiento o uso indebido de bienes públicos». Burgos instó al Congreso a «no renunciar a nuestra responsabilidad constitucional de fiscalizar».
Investigaciones solicitadas al Ministerio Público
El informe solicita al Ministerio Público abrir investigaciones preliminares contra al menos nueve personas. Entre ellas figuran el exministro Santiváñez y altos mandos policiales por presuntos delitos de peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de funciones y encubrimiento personal.
La comisión no tiene facultades de comisión investigadora, por lo que el Congreso no necesita aprobar el informe en el Pleno según Burgos. No obstante, el legislador aseguró que su bancada insistirá en obtener esas atribuciones limitadas previamente por decisión parlamentaria.
