Proyecto de ley plantea reformar la Constitución para destituir a congresistas, presidentes y gobernadores por “engaño o perjurio grave”.
La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que propone destituir de forma inmediata a congresistas, presidentes y gobernadores regionales que incurran en engaño o perjurio grave. La iniciativa, impulsada por el congresista Esdras Medina, busca reformar la Constitución y permitir la vacancia de autoridades si se demuestra que mintieron en el ejercicio de sus funciones. En todos los casos, se requerirán dos tercios del Congreso o del Consejo Regional para concretar la destitución.
Una nueva causal de vacancia
El proyecto busca modificar el artículo 113 de la Constitución, que establece las causales de vacancia presidencial. Actualmente, las razones para destituir a un jefe de Estado son cinco: fallecimiento, incapacidad moral o física permanente, renuncia aceptada, salida del país sin permiso o no retorno en el plazo, y sanción por infracciones al artículo 117. Renovación Popular quiere añadir una sexta: el “engaño o perjurio grave”.
Esta causal alcanzaría también a los congresistas. La propuesta incluye una reforma al artículo 95 de la Constitución, que hoy prohíbe la renuncia al cargo legislativo. Con la modificación, se permitiría la vacancia de un parlamentario si se comprueba que mintió en el ejercicio de su función. Esto deberá ser confirmado por el Jurado Nacional de Elecciones o por el Pleno del Congreso con al menos 87 votos.
Gobiernos regionales en la mira
La iniciativa también apunta a los gobiernos regionales. Propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867), incorporando un nuevo inciso al artículo 30. El cambio permitiría destituir a un gobernador regional por “engaño o perjurio grave en el ejercicio de sus funciones”, siempre que así lo apruebe el Consejo Regional con el respaldo de dos tercios de sus miembros.
Una espada de doble filo
La reforma se presentó con discreción, pero con clara intención política. “Mentirle al país podría costar el cargo”, reza el mensaje que acompaña la propuesta. La frase resume el espíritu de una iniciativa que podría poner contra las cuerdas a quienes manipulan la verdad desde el poder. Pero también deja abierta una pregunta: ¿el Congreso se atreverá a aprobar una norma que podría volverse contra sus propios miembros?
En un contexto de descrédito generalizado, la propuesta podría marcar un quiebre en la relación entre los representantes del Estado y la ciudadanía. O podría ser una muestra más del uso instrumental de las reformas para presionar políticamente a rivales. La pelota, por ahora, está en el Congreso.
