Detrás del discurso de igualdad y transparencia, la congresista Susel Paredes esconde un escándalo de conflicto de intereses. Mientras promueve su agenda de género, su esposa habría obtenido millonarios contratos con el Estado, violando las normas anticorrupción que ella misma dice defender.
Un conflicto de intereses en plena luz pública
La denuncia salta a la vista: la empresa Esmeralda, vinculada a la esposa de Susel Paredes, habría suministrado más de 130 toneladas de productos alimenticios al programa Qali Warma. Lo grave no es solo el monto de los contratos, sino que la congresista omitió declararlos en su documentación oficial, incumpliendo la ley que prohíbe a los familiares de parlamentarios hacer negocios con el Estado. Patricia Chirinos, congresista de Renovación Popular, ya anunció que llevará el caso ante la Comisión de Ética.
El activismo como cortina de humo
Resulta curioso cómo la congresista Paredes ha centrado su labor en impulsar polémicas iniciativas de ideología de género –desde baños neutros hasta lenguaje inclusivo– mientras su entorno familiar se beneficiaba de contratos estatales. Mientras el país debate sobre pronombres y banderas, pocos han notado cómo ciertos círculos progresistas reproducen las mismas prácticas que critican: el amiguismo, el tráfico de influencias y el uso del Estado para beneficio personal.
Qali Warma: ¿alimentos para niños o negocio para allegados?
El programa social, diseñado para combatir la desnutrición infantil, vuelve a estar en el centro de la polémica. Los contratos de la empresa vinculada a la esposa de Paredes coinciden con denuncias por alimentos en mal estado que habrían intoxicado a escolares. «No puede llenarse la boca hablando de moralidad pública mientras su familia hace negocios con el Estado», señaló Chirinos. La pregunta es inevitable: ¿cuántos otros casos como este se esconden detrás de discursos supuestamente transformadores?
El progresismo vacío y sus contradicciones
Este escándalo revela una verdad incómoda: parte de la izquierda peruana ha abandonado la lucha por la justicia social para abrazar agendas identitarias importadas, mientras sus representantes practican el mismo clientelismo que denuncian. Paredes se presenta como defensora de los derechos LGTBIQ+, pero su conducta sugiere que el verdadero derecho que defiende es el de su círculo íntimo a enriquecerse con fondos públicos.
¿Habrá consecuencias?
La Comisión de Ética tiene ahora la palabra. De comprobarse las irregularidades, Paredes podría enfrentar desde una amonestación pública hasta la suspensión de sus funciones. Pero más allá de lo jurídico, el caso debería llevar a una reflexión más profunda: el Perú no necesita más discursos vacíos ni activismos de moda, sino políticos honestos que prioricen los problemas reales de la población.
