CONTRATOS DOCENTES ILEGALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL: MECANISMOS POLÍTICOS DE EXCLUSIÓN Y PRECARIZACIÓN
Por Iris Sánchez Porro
“La universidad era otra cosa antes, ahora está contaminándose con ideologías extremistas”, balbuceó un búfalo del ayer en una universidad reconocida como el supuesto legado de una Alianza Popular Revolucionaria Americana que actualmente se encuentra en íntimo contubernio con Alianza para el Progreso y, sobre todo, con sus candidatos. La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), ha sido una institución emblemática de la educación pública en el Perú. Sin embargo, en los últimos periodos administrativos, ha enfrentado una gravísima crisis institucional, marcada por decisiones arbitrarias y una preocupante tendencia a utilizar el aparato burocrático para fines políticos. A la fecha de la emisión del presente artículo se encuentra desarrollándose el “Segundo Proceso de Contratación Docente 2025”, el mismo que constituye un atropello en segunda instancia a los derechos de los docentes que fueron nombrados de manera excepcional en el año 2024, en concordancia con la Ley No. 32171 promulgada en noviembre del mismo año. Todo esto sin mencionar que la implementación ilegal de estos procesos es una práctica que contradice flagrantemente la Ley Universitaria N.º 30220.
Ahora resulta que los docentes nombrados deben concursar para ser contratados temporalmente cuando, por un lado, la Ley No. 32171 afirma taxativamente en sus disposiciones complementarias lo siguiente: “La acción u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o servidor que ocasione el incumplimiento de los alcances de la presente ley acarrea responsabilidad administrativa o penal”. Más adelante, la cuarta disposición complementaria es categórica: “Los nombramientos y/o concursos llevados a cabo después de la expedición de la citada ley se declararán nulos de oficio por las autoridades y/o comisiones de concurso, bajo responsabilidad penal y administrativa”.
Por otro lado, la Resolución No. 4492-2024-CU- UNFV emitida por la Secretaría General de la mencionada casa de estudios, señala lo siguiente en el literal b): “Reserva del derecho de ocupar plazas vacantes. A los docentes participantes declarados admitidos para nombramiento excepcional que, no logren ocupar una plaza vacante del AIRHSP del Ministerio de Economía y Finanzas, se les reserva el derecho de ocupar las plazas vacantes que se generen con posterioridad, en conformidad con el artículo 83° de la Ley 30220, Ley Universitaria y el artículo 3° de la Ley N°32171”.
En este sentido, las autoridades universitarias se encuentran abusando de su posición para excluir de la plana docente a los que consideran docentes incómodos por expresar libremente sus diversas posturas políticas y han impuesto nuevos procesos para adjudicar plazas temporales a cualquier otro docente que no sea el nombrado por ley, violando abiertamente la normativa y precarizando al inerme personal docente adjudicado por concurso público con una plaza laboral permanente.
Lo que debería ser una oportunidad de acceso justo se ha vuelto un filtro político, donde se margina a docentes con trayectoria y se favorece a allegados de la gestión, como, por ejemplo, a candidatos de Alianza para el Progreso, partido abiertamente a favor del reciclaje de cuadros políticos del fenecido partido aprista peruano, el mismo que se autoconsidera el gamonal político de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Aunque la contratación de docentes temporales no requiere, por ley, concurso público de méritos, la gestión actual ha institucionalizado estos procesos de contratación con bases arbitrarias, plazos absurdos y comités evaluadores sin independencia que pueden desestimar a diestra y siniestra a cualquiera que no le favorezca políticamente, al punto de esputar palabras de cierre o cese de alguna escuela profesional si es que no se contrata a alguien a fin a la clase política dominante. Esta práctica no solo es ilegal, sino profundamente perversa, antidemocrática y definitivamente no responde a un compromiso con la paradójica “meritocracia”, muy por el contrario, mantiene a los docentes nombrados bajo amenaza, inseguridad laboral y económica, debilita la calidad educativa, además de ello cabe resaltar que solo sirve para consolidar las redes clientelares dentro de las facultades y la universidad. Dicen que favor con favor se paga, como bien podrían comprender el Apra y APP.
La Ley Universitaria es clara: el nombramiento es el único régimen que exige concurso público de méritos. Para la contratación, la ley contempla procesos simplificados, por necesidad académica y con criterios establecidos por los consejos de facultad, sin necesidad de un concurso público. Al imponer concursos para contratos, la UNFV no solo infringe la ley, sino que también crea normas internas que vulneran ilegalmente a una norma nacional, violando el principio de jerarquía normativa. En otras palabras: la universidad está legislando para sí misma por fuera del marco legal vigente.
Ahora, ¿quién da la cara? La responsabilidad recae directamente en las autoridades universitarias, particularmente en el Rectorado, los decanos y los directores de escuela, que habrían avalado y promovido este tipo de procesos ilegales. El Consejo Universitario, lejos de frenar estas distorsiones, ha actuado como cómplice silencioso, legitimando procedimientos que atentan contra los derechos laborales de cientos de docentes nombrados.
En este contexto, la SUNEDU y el Ministerio de Educación tienen la obligación de intervenir y abandonar la supuesta ceguera burocrática en la que se encuentran sumergidos sus funcionarios, no solo como entes fiscalizadores, sino como garantes del respeto al estado de derecho en las universidades públicas. La autonomía universitaria no puede ser un escudo para la arbitrariedad ni para el abuso de poder.
Finalmente, ¿qué está en juego? Más allá de una discusión técnica o procedimental, lo que está en juego es el futuro de una universidad pública que debe estar al servicio del país, no de grupos de poder internos. La exclusión sistemática de docentes con trayectoria, el uso del contrato como forma de chantaje laboral y la manipulación de procesos son prácticas que debilitan la calidad académica, reproducen la mediocridad y generan una universidad al servicio de intereses particulares, no de las mayorías.
En resumidas cuentas, los procesos para contratación docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal son, hoy por hoy, un instrumento de control político, una violación a la legalidad vigente y una amenaza a la calidad educativa. Es momento de denunciar estos atropellos con firmeza, impugnar los procesos de contratación de naturaleza ilegal, exigir responsabilidad a las autoridades y construir una universidad verdaderamente democrática, legal y al servicio tanto de sus estudiantes como de sus docentes.
