En adelanto de fallo, el Poder Judicial condenó con penas de 35 años de cárcel, en contra del cabecilla de la organización criminal «Los Malditos de Bayóvar», Harry Cano Dávila (a) «Loco Harry» y otros más, por dedicarse a las extorsiones y usurpaciones a las construcción civil, empresarios y comerciantes para exigirles el pago de cupos cambio de brindarles “seguridad”.
La Tercera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada del Equipo 4 logró que se condene a Harry Cano Dávila, (a) «Loco Harry» a 35 años de pena privativa de libertad efectiva, tras ser hallado culpable por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho activo, tentativa de extorsión y extorsión.
También fueron sentenciados el ex policía Jonathan Pool Gonzales Seminario, Agustín Rodríguez Carhuancho y Teófilo Gutiérrez Vega, a 16, 14 y 11 años de pena privativa de libertad, respectivamente. A ellos se les atribuye los delitos de asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, cohecho pasivo propio, tentativa de usurpación y tentativa de extorsión.
Asimismo, se condenó a ocho años de cárcel a Pedro León Rayo Céspedes, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho activo genérico; así como a Elías Jesús Dianderas Chumbe –por los delitos de asociación ilícita para delinquir, tentativa de usurpación y el ex policía Gilberto Guillermo Sullca Sanchez, por cohecho pasivo propio. Estos últimos recibieron una sentencia de seis años de pena privativa de libertad.
Finalmente, se condenó a cuatro años de prisión a Harlichs Alonso Huamani Zevallos, Luis Enrique Carrillo Guerra, Casey Eduardo Esteban Huatuco y José López López; como coautores del delito de asociación ilícita para delinquir.
Según la acusación fiscal, esta organización criminal que operó desde diciembre del 2014 hasta mayo de 2016 (fecha de la detención de sus miembros), en el distrito de San Juan de Lurigancho– habría perpetrado extorsiones y usurpaciones bajo el liderazgo de Cano Dávila, quien junto a los demás integrantes de esta red delictiva amenazaba de muerte y de posibles atentados a personas dedicadas a las construcción civil, empresarios y comerciantes para exigirles el pago de cupos cambio de brindarles “seguridad”.
Asimismo, atacaban con granadas y armas de fuego a las personas que se negaban a efectuar dichos pagos.
