CONSTITUCIONALISTA ÁNGEL DELGADO AFIRMA QUE RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHO TIENE QUE SER SANCIONADO Y SEPARADO DE LA
“Juez ya debería ser denunciado por Ministerio Público y sacado de magistratura debido a que actúa de acuerdo a sus creencias”, sustenta el letrado.
Señala que al negarse a aplicar Ley 32108 en el caso “Los waykis en la sombra” implica un anticipo de su decisión de disponer la prisión preventiva.
“Juez ya debería ser denunciado por Ministerio Público y sacado de magistratura debido a que actúa de acuerdo a sus creencias”, sustenta el letrado.
Señala que al negarse a aplicar Ley 32108 en el caso “Los waykis en la sombra” implica un anticipo de su decisión de disponer la prisión preventiva.
Un juez es el primero que debe aplicar la legislación vigente y no aplicar la ley según su mejor parecer, afirmó el constitucionalista Ángel Delgado al cuestionar la actitud del juez Richard Concepción Carhuancho, al negarse a aplicar la ley 32108 en el llamado caso “Los waykis en la sombra”. “En un estado democrático donde priman la Constitución y el principio de separación de poderes, los jueces, por definición, son aquellos que aplican la
ley a un caso específico”, expresó el constitucionalista y advirtió que el juez Concepción Carhuancho puede ser tipificado de prevaricador y ser separado de la magistratura.
“El señor Carhuancho es un prevaricador que ya debería ser denunciado por el Ministerio Público y sacado del ordenamiento jurídico”, agregó al cuestionar el accionar de magistrado, que llamó “ley con nombre propio” antes de negarse a aplicar la ley 32108 que sanciona el crimen organizado.
Según los especialistas, la decisión del juez Concepción Carhuancho sería solo un anticipo de su decisión de disponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, y de otros cinco implicados en el caso “Los waykis en la sombra”. Nicanor Boluarte -según la fiscalía- amparado en su influencia sobre su hermana presidenta, sería el cabecilla de una organización criminal que planificaba el nombramiento de prefectos y subprefectos a nivel nacional, con el objetivo de lograr firmas y reclutar afiliados para la creación del partido político Ciudadanos por el Perú.
PRIMA LA LEY
Sobre la postura del juez Concepción Carhuancho, el constitucionalista Ángel Delgado añadió que un magistrado, sea juez o fiscal, “en un estado moderno y democrático, no atiende la libertad para decidir lo que él quiere, no actúa en función de sus creencias y entender, sino que lo hace en el marco de una legislación, que es dada por el poder que representa la nación organizada y que es el Parlamento”.
Sin medias tintas, el constitucionalista acusó Mal magistrado Concepción Carhuancho de dar un mal ejemplo y violentar el orden jurídico y constitucional con su negativa
a acatar la ley 32108, con lo cual desconoce que los jueces son los primeros en estar sometidos a las leyes vigentes en el país.
Al respecto, anotó que los jueces de las salas superiores al despacho de Concepción Carhuanchodeberían llamarlo al orden y poner freno a su personalismo, porque de lo contrario, si lo avalan y le dan respaldo, también estarían incursos en el delito de prevaricato y podrían ser sancionados.
PUERTAS ABIERTAS
El constitucionalista Delgado también expresó su preocupación por que, hay magistrados, en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que pretenden aplicar o no aplicar las
leyes según sus intereses particulares y hasta ideológicos, lo cual atenta contra el estado de derecho. Precisó que, por ese motivo, el juez Concepción Carhuancho debería ser sancionado y separado de su cargo, con lo que se establecería un precedente para jueces y fiscales que pretender interpretar las leyes a su antojo o según sus intereses particulares, políticos o ideológicos. “Si a estos jueces y fiscales no les gustan las leyes, entonces que se conviertan en legisladores y que las modifiquen tras un debate en el Congreso, pero si son jueces, lamentablemente para ellos, tienen que cumplirlas como todos los ciudadanos que deben respetar y acatar las leyes”.
DATO: QUE VAYA AL TC Delgado afirmó que las leyes entran en vigencia desde el momento de su aprobación y publicación en el diario oficial, y su cumplimiento es irrestricto. Para dejar sin efecto una ley, que es lo que ha hecho el juez Concepción Carhuancho de manera personal, se debe presentar una demanda constitucional cuya aprobación y rechazo queda sujeta al Tribunal Constitucional.
