Hay 50 obras paralizadas en todo el país y más de 100 proveedores impagos a los cuales se le debe más de 70 millones de soles.
Las empresas chinas hacen lo que quieren en nuestro país con la complacencia de malas autoridades. Al mismo estilo de “Chibolín” que tiene influencias en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la empresa china Railway N° 10, de la mano de una magistrada provisional que estuvo implicada en graves irregularidades, viene paralizando obras, perjudicando al Estado y a más de 70 proveedores peruanos a los que no quiere pagar y están al borde de la quiebra.
Se trata de la jueza Mónica Graner Casas, quien ha emitido resoluciones en la que libera más de 20 millones de soles embargados por una empresa peruana presuntamente estafada por la empresa China Railway Nº 10, a pesar de haber emitido inicialmente una resolución en la que se declara incompetente para ver el caso y cuando lo que correspondía de acuerdo a ley era elevar el expediente a la Sala Comercial para que resuelva finalmente.
Por si fuera poco, dejó sin efecto su propia resolución en solo 48 horas contadas desde que la empresa China se lo solicitó y liberó la millonaria suma en favor de la empresa china CREC10,
Es muy extraña la relación de la jueza Graner con la empresa china CREC10, que debe más de 70 millones de soles a más de 100 proveedores peruanos en más de 50 obras en todo el Perú, que al día de hoy se encuentran paralizadas.
La Jueza mediante su irregular decisión, al ordenar la liberación a los bancos, de más de 20 millones de soles, tiene como objetivo que cuando la justicia determine y ordene que esta empresa china pague su deuda, es altamente probable que los fondos ya no existan. El perro muerto en toda su dimensión.
Los Involucrados
La magistrada Mónica Graner (Jueza Supernumeraria del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima), los abogados de la empresa y hasta un árbitro quien tendría una relación muy cercana a la defensa de la empresa china, es decir, toda una maquinaria que tiene como objetivo la impunidad y sobre todo evitar a toda costa, el pagar a los más de 100 proveedores perjudicados, los más de 70 millones adeudados.
