El Décimo Juzgado Constitucional de Lima ha emitido un ultimátum al alcalde de La Victoria, Rubén Cano, para que cumpla con la Ley de Privatización en relación al Mercado Mayorista de Frutas, beneficiando a los comerciantes representados por la Asociación de Defensa y Modernización del Mercado Mayorista de Frutas.
En la resolución, emitida el jueves 29 del presente mes, el Juzgado ha otorgado un plazo de cinco días hábiles al alcalde y su Concejo Municipal para culminar el proceso de privatización del mencionado mercado en favor de los comerciantes de la Asociación, quienes llevan más de 20 años esperando que el municipio victoriano cumpla con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.
Esta inacción por parte del alcalde y las autoridades municipales ha generado un caos en este esencial centro de abastos, uno de los más importantes del país, ya que distribuye frutas a nivel nacional. La falta de cumplimiento impide a los comerciantes iniciar la construcción de nuevas y modernas instalaciones que ofrecerían diversos servicios, incluyendo una planta procesadora de pulpa de fruta, la cual generaría más de 3,000 puestos de trabajo.
“El juez constitucional remite los actuados al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con sus atribuciones y también puede disponer el inicio del procedimiento disciplinario de funcionarios y servidores públicos ante la entidad que corresponda para su destitución art. 27° inc. 01 del Código Procesal Constitucional”, dijo el Dr. Jaime Zegarra.
La resolución judicial señala que, de no cumplirse con el mandato, el juez constitucional remitirá el caso al Ministerio Público para que inicie la denuncia penal correspondiente. Además, se iniciará un procedimiento disciplinario contra los funcionarios y servidores públicos involucrados, lo que podría derivar en su destitución, según lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional.
APELACIONES DILATAN PROCESO
Por su parte, el alcalde Rubén Cano ha alegado que el proceso de privatización se encuentra judicializado. Sin embargo, no menciona que su procurador ha apelado repetidamente todas las resoluciones favorables a los comerciantes con el objetivo de dilatar el cumplimiento de la ley y evitar la firma del contrato de transferencia a favor de la Asociación, conforme lo estipulan la Ley de Privatización, su reglamento y las normas complementarias.
