El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda acusar a la congresista María Cordero Jon Tay por la presunta comisión del delito de concusión en agraviado del Estado.Así como su suspensión en caso se apruebe la Acusación mientras dura la investigación en su contra.
Mientras que, respecto al juicio político, se recomienda la inhabilitación de Maria Jon Tay por un plazo de hasta 10 años.Las conclusiones de este documento que pone entre las cuerdas a la congresista ahora no agrupada iban a ser puestos a debate en la sesión de este viernes en este grupo de trabajo, pero se suspendió hasta el próximo martes 28. El debate de la Ley de presupuesto en el Pleno motivó este aplazamiento.
“El presente informe final recomienda 1. Acusar a María del Pilar Cordero Jon Tay, en condición de congresista por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382° del Código Penal, en agravio del Estado. 2. Recomendar la suspensión de la congresista en caso se apruebe la acusación, mientras dure la investigación. Respecto del juicio político, recomendar la inhabilitación de la congresista por un plazo de hasta 10 años”, indica el informe.
La congresista Susel Paredes consignó en su informe, de 69 páginas, conversaciones de WhatsAPP, boletas de pago y testimonios de un colaborador eficaz contra Cordero.
“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez”.
Si la SAC, presidida por Lady Camones (APP), aprueba el informe, será elevado a la Comisión Permanente y finalmente al pleno del Congreso, donde votarán todos los legisladores a excepción de los que integran las dos primeras instancias.
“Se trata de hechos graves que han sido cometidos por una funcionaria de alto grado, como lo es una congresista, por lo que debe tenerse en cuenta que la forma de impedir que la denunciada vuelva a vulnerar principios y deberes constitucionales es la inhabilitación, por ser la más idónea y, asimismo, necesaria”, señala Paredes en su informe final.
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La congresista, ahora no agrupada tras su expulsión de Fuerza Popular, habría exigido a los trabajadores de su despacho que se le deposite entre el 50% y 75% de su salario.
Cordero había sido denunciada ante la SAC por Martha Moyano, su entonces colega de bancada, por presunta infracción constitucional y delito de concusión.
A solicitud de los congresistas integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se suspende la sesión de hoy, debido al Pleno de Presupuesto que se desarrolla en estos momentos. La sesión se realizará el próximo martes 28/11.— Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (@sac_congreso) November 24, 2023
En setiembre, se recogió el testimonio del entonces trabajador parlamentario y cómplice de María Cordero , Braden Paredes Calla, ante una comisión disciplinaria del Congreso.
Paredes confesó que colaboró con la parlamentaria para que se quede con parte del salario que el Congreso le pagaba a Rafael Cabrejos Vela.
En agosto, se públicó chats y testimonios que revelan que usó como su chofer personal a asesor parlamentario “Puedes comprar una papaya (…) como para hoy”, escribe la congresista a las 7.20am. en una de las conversaciones por WhatsApp.
En octubre, policías acusaron a María Cordero de maltratos. Los ahora exescoltas de la parlamentaria señalaron que trataba de usarlos como choferes personales y se dirigía a ellos de manera irrespetuosa. A uno le pidió que lleve su auto a lavar, según consignó en un reporte policial.
