Según IDL-Reporteros, Juan José Muñico, candidato por Solidaridad Nacional, participó en el asesinato de Ezequiel Huamaní Ñuhuinlla, en 1998.

Como reveló IDL-Reporteros, el candidato al Congreso por Solidaridad Nacional y líder del grupo fujimorista La Resistencia, Juan José Muñico, alias ‘Jota Maelo’, participó en 1998 del asesinato del excombatiente del Cenepa, Ezequiel HuamaníÑuhuinlla.

El hecho se produjo la noche del 2 de agosto de 1998, en el Asentamiento Humano Los Olivos de Pro, donde el engreído político de Rosa Bartra, entonces con 22 años, bebía licor junto a David Capillo Ponte, alias ‘Colita, y Daniel Francisco Pérez Arroyo, alias ‘Oso’, quienes interceptaron a Huamaní y lo apuñalaron en la parte posterior del tórax.

“Luego de cometido el hecho, ambos sujetos se dieron a la fuga dejando herido de gravedad a Ezequiel HuamaníÑahuinlla, quien ante el ataque sufrido corre hacia su domicilio y en estas circunstancias que Juan José Muñico Gonzales lo agrede físicamente con golpes de puntapiés, acción presenciada por SantosaHuamaníChipana, tía de la víctima, así como vociferando a viva voz ‘que lo destriparía’”, consigna el atestado policial.

Tras ser arrestado, ‘Jota Maelo’ admitió haber participado en el ataque, indicando que fue detrás de Huamaní con la finalidad de golpearlo y justificando su accionar en su presunto estado etílico.

CANDIDATO ASESINO

Sin embargo, once días después, David Capillo declaró ante la Quinta Fiscalía Provincial de la Familia que, tras recibir una cachetada por parte del excombatiente, sacó una navaja de su pantalón, lo hirió en la pierna y escapó del lugar, siendo Juan Muñico “quien lo remató provisto de una zapatera (cuchillo)” porque Ezequiel Huamaní “se había metido con su enamorada de nombre Judith”.

Posteriormente, durante el proceso judicial, el abogado Ariosto Muñico, padre de Juan José Muñico, sostuvo que no existían medios probatorios que acrediten que su patrocinado haya participado en el crimen.

Finalmente, el 20 de agosto del 2001, la jueza Carmen Rosa Cucalón declaró “sobreseída la acción penal incoada contra Juan José Muñico y Daniel Pérez Arroyo”. Asimismo, la magistrada reservó por un año el fallo contra ‘Jota Maelo’, a quien ordenaron reglas de conducta y una reparación civil de apenas 500 soles.

Integrante de la Junta Nacional de Justicia firmó 102 indultos como ministra de Justicia en segundo gobierno de García, y tuvo como asesor principal a un abogado defensor de narcotraficantes. Juristas denuncian conflicto de intereses en la JNJ.

El abogado y candidato al Congreso, Guillermo Olivera Díaz, indicó que la integrante de la Junta Nacional de Justicia, María Zavala, podría ser sujeto de investigaciones por su actuación como ministra de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García, por presuntamente haber indultado a sentenciados por narcotráfico.

En el periodo en que se mantuvo al frente de la cartera de Justicia, Zavala firmó por la liberación de 102 de los 5500 indultados y beneficiados en la reducción de sus penas, de las cuales 3302 eran por tráfico ilícito de drogas y 1781 por robo agravado.

Olivera Díaz, que postula al Congreso con el número 3 del partido Renacimiento Unido Nacional – Runa, consideró que Zavala “ha favorecido a narcos” y, en esencia, sus actos son los mismos que los del condenado por el caso Narcoindultos, Facundo Chinguel. “La conmutación de pena por el delito de narcotráfico se encontraba prohibida en distintas leyes, y sin embargo todos los ministros de Justicia de Alan García lo hicieron, como García Toma y Aurelio Pastor”, agregó.

Además, indicó que en los informes de la Megacomisión por el caso Narcoindultos “están los casos firmados por Zavala, uno por uno, por ello de llegar al Congreso investigaremos este caso para que se inicie el trámite de antejuicio o acusación constitucional; ahí se le citará a declarar y se pedirá todas las resoluciones supremas firmadas por la ministra, y se verán los casos de conmutaciones de pena o indultos”, señaló.

Hay que indicar que según afirmaciones de la sucesora de María Zavala en el ministerio de Justicia, Rosario Fernández, la hoy miembro de la JNJ “prácticamente había dejado listo el nombramiento de los integrantes de la comisión (de gracias presidenciales), incluido Facundo Chinguel”, al momento de su renuncia, en diciembre de 2007.

SÍ PROCEDERÍA INVESTIGACIÓN

Por su parte, el especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, sí encontró posible que la hoy miembro de la JNJ sea investigada por la Fiscalía. “En caso los indultos concedidos por la entonces ministra Zavala se encuentren dentro de la política de deshacinamiento de los penales iniciada por el segundo gobierno de Alan García, sí podría ser investigada si es que se reabre el caso narcoindultos, porque bajo esa fachada disfrazaron todos indultos y conmutaciones de penas a narcotraficantes”, indicó.

En ese escenario, Antezana consideró que existiría un grave conflicto de interés, pues Zavala dentro de sus funciones como integrante de la JNJ, podría ratificar, nombrar o remover a fiscales y jueces que eventualmente podrían investigarla y procesarla.

Por otro lado, Antezana recordó que durante su gestión como ministra de Justicia, Zavala tuvo como jefe de gabinete de asesores a Francisco Peixoto, un cuestionado defensor de narcotraficantes.

En efecto, en febrero de 2007, el abogado y jefe del gabinete de asesores de la titular de Justicia, Francisco Peixoto, renunció a su cargo luego de que se revelara su participación en la defensa legal de una docena de procesados por tráfico de drogas. El entonces premier, Jorge del Castillo, había manifestado al respecto que “la defensa de los delitos de esa naturaleza resultan incompatibles con un cargo público”.

En tanto, para el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, en caso que la Fiscalía decida iniciar una investigación contra Zavala por los actos en que presuntamente haya delinquido en el ejercicio de sus funciones, su presencia en la JNJ generaría un conflicto de intereses ya que las funciones del órgano de justicia no solo son elegir, ratificar o destituir jueces y fiscales, sino también sancionarlos. “Así, cualquier magistrado que quiera investigarla va a tener que pensarlo dos veces”, comentó.

Respecto a los vínculos de Zavala con un defensor legal de narcotraficantes, Quispe consideró que “si bien hasta ahora podría ser que no tenga contenido penal, una investigación seria del Poder Judicial o del Ministerio Público sí podría llegar a procesarla y esto definitivamente perjudica la imagen de JNJ”.

El jurista señaló que, aunque el próximo Congreso también tendrá la potestad de iniciar una investigación contra la integrante de la JNJ, por su condición de funcionaria pública de alto nivel se requeriría el levantamiento de su inmunidad para que proceda una investigación judicial.

“Este Congreso, a pesar de que tendrá poco tiempo de funcionamiento, será clave para que se dé campo libre a la Fiscalía para que se investigue a aquellas personas vinculadas a actos de corrupción, comenzando por Pedro Chávarry y José Luis Lecaros. Y una vez que la Fiscalía decida abrir investigación contra Zavala, que se le den todas las facilidades y no se pongan trabas por ser miembro de la JNJ, como antes ocurrió con los miembros del fenecido CNM”, concluyó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

El candidato con el número 7 de Juntos por el Perú, Jorge Rodríguez Ríos, denunció que viene siendo víctima de ataques difamatorios que tienen como objetivo perjudicar su imagen pública y en consecuencia su campaña política. Entre las acusaciones realizadas, cuentas anónimas, en las redes sociales, acusan a Rodríguez de no pasar la pensión alimenticia a una presunta hija suya. Sin embargo, el candidato negó que tuviera una hija y afirmó que “la persona que sería la madre de mi supuesta hija, ni siquiera existe”.

Rodríguez señaló que los ataques en redes sociales se remontan al año 2016, cuando a partir la campaña “Keiko no va”, estos se intensificaron “una campaña sistemática de demolición”, con el fin de desacreditar política y socialmente a consecuencia de haber sido uno de la visibilidad adquirida como uno de los voceros.

“Para este fin, utilizan burdas imágenes editadas para acusarme falsamente de estar en el registro de deudores alimentarios morosos, o de tener sentencias judiciales. Estas prácticas nos recuerdan a lo peor del fujimorismo, creen que con toda impunidad pueden seguir difamando”, comentó.

El candidato de Juntos por el Perú informó que ya ha iniciado acciones legales tanto a nivel del Jurado Electoral Especial como del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. “Vamos a ir a fondo para saber quiénes están detrás de estas acciones. Sabemos que en el último Congreso habían trolls pagados y a órdenes del general Miyashiro, con la función de destruir a los oponentes políticos del fujimorismo con estas campañas difamatorias”, manifestó.

DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA

Rodríguez afirmó ser parte del Foro Juvenil de Izquierda desde hace 7 años, organización con la que señala haber participado en diferentes acciones políticas y de protesta contra la corrupción. “Pensamos que es hora de pasar de la protesta a la propuesta, y en este sentido es importante formular propuestas de reforma laboral y tributaria que permita una mayor distribución de riqueza en el país, porque no habrá mayor democracia sin mayor equidad”, consignó.

En ese sentido, cuestionó que existan grandes grupos económicos que reciben exoneraciones y beneficios tributarios, ya sea en el sector minero o agroindustrial, sin que se discuta en qué ha beneficiado eso al país. “Planteamos una reforma que transparente cuales son las empresas con beneficios tributarios y que se discuta por qué”.

En el campo laboral, indicó que el Perú es el país con mayor flexibilidad de la región, y que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) diseñado por el Ejecutivo terminará por precarizar aún más la situación de los trabajadores. “Lo sucedido en McDonald’s o en el incendio de Las Malvinas no es la excepción, es la regla”, indicó. Por ello, propuso devolver al Ministerio de Trabajo facultades coercitivas para que “deje de ser una mesa de partes y defienda los derechos laborales”.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO