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Editorial

Votar con responsabilidad

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La oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha recordado que en las elecciones congresales extraordinarias del domingo 26 de enero de 2020 hay acciones en las que no deben incurrir los electores porque derivarían en la nulidad del voto. Una de ellas es el “voto cruzado” que en esta oportunidad no está permitido por tratarse de una elección única, es decir en la que solo se definirá a congresistas. En el caso de las elecciones generales sí estuvo permitido porque no solo se votaba por presidente, sino también por congresistas y parlamentarios andinos; entonces se podía marcar una opción por cada uno.

En los comicios del 26 de enero de este año, en cambio, solo está permitido votar por una lista y se puede elegir de esa lista al candidato a quien queremos favorecer con nuestro voto preferencial, pues solo se elegirá a los 130 miembros del Legislativo. ¿Y qué pasa si marcamos por un candidato de una lista y por otro de otro partido? La respuesta de la ONPE señala que el voto se anula. En otras palabras, no se favorece a ningún candidato ni agrupación política. El voto solo tiene validez cuando se vota por una sola agrupación política y si el elector lo desea por candidatos de ese mismo.

Si bien es cierto que los ciudadanos pueden encontrar amplia información sobre el proceso electoral del 26 de enero en la página web de la ONPE (www.onpe.gob.pe) y a través de la línea gratuita 0800-79-100, sería bueno también que la ONPE tenga espacios educativos en la señal abierta de la televisión para advertir que esta vez no está permitido el “voto cruzado” porque inmediatamente anula el acto del sufragio y no favorece a ninguno de los candidatos por los que queríamos votar. Además, para que el voto sea correcto solo se debe marcar con una cruz o aspa el casillero del símbolo partidario de nuestra elección.

Es menester, pues, que la ONPE asuma la responsabilidad de educar a la ciudadanía y que los medios de comunicación se hagan eco de ello porque mientras se pueda llegar a más electores el proceso reflejará más fielmente la voluntad popular. Votar es necesario, hacerlo correctamente es necesario y evitar que nuestro voto se pierda es un deber de cada uno de los peruanos.

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Editorial

Aprendamos la lección

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El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamien­to, Rodolfo Yáñez, ha dicho que el abastecimiento gratuito de agua potable que su sector realiza, a tra­vés de camiones cisterna de Sedapal, se prolongará hasta una semana después de concluido el estado de emer­gencia nacional decretado por brote del coronavirus covid- 19. Esta es una noticia que será bien recibida por muchos peruanos o, mejor dicho, por aquellos que no cuentan con suministro por conexión a red pública, sino que tienen que comprar el líquido elemento a los denominados “aguate­ros” y pagar por él lo que se les pida.

Si consideramos que el estado de emergencia, que iba a terminar a terminar este fin de mes ha sido ampliado por es­pacio de 13 días y ahora se extiende hasta el próximo 12 de abril, quiere decir que la población podrá contar con agua –sin tener que pagar tarifas abusivas– hasta el próximo 19 de abril. Habría que preguntarle, entonces, al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿qué pasará después de esa fecha? Seguramente, los pobladores de esas zonas quedarán nuevamente en manos de los “vendedores” de agua.

No sería mejor que se vaya pensando desde ahora en cómo hacerles llegar el agua potable sin que a los moradores de los cerros, esos verdaderos cinturo­nes de pobreza que rodean Lima, tengan que pagar por el agua más que los residen­tes de San Isidro, San Borja o La Molina. Habría que pre­guntarle al Gobierno cómo piensa hacer para mantener los hábitos de higiene en la población si no se lleva el agua a las personas de menores re­cursos y que, paradójicamente, son quienes pagan más por el líquido elemento.

Probablemente, después que pase la crisis del Covid-19 el Gobierno tendrá que replantear el tema de la salud públi­ca, pues como nos hemos visto, en nuestro país el sistema de salud es muy precario y puede colapsar fácilmente. Pero también tendrá que hacer algo por crear fuentes de trabajo formales para luchar contra la pobreza. Sin embargo, debe quedar entendido que la pobreza no es solo la falta de recur­sos económicos sino también privación del acceso a la edu­cación, salud, vivienda digna y servicios básicos, tales como agua, desagüe, luz, transporte, etc. Sería bueno, entonces, que se comience por el tema del agua potable para asegurar que el coronavirus no vuelva a poner en jaque a nuestra po­blación ni paralice la economía del país. De otra forma, no habremos aprendido nada.

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Editorial

No hemos aprendido nada

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Dicen que el único animal que comete el mismo error dos veces es el hombre, seguramente porque la estulticia es un rasgo que ningún animal posee y que solamente forma parte de la condición hu­mana. A juzgar por lo que viene ocurriendo en nuestro país esa idea encierra mucho de cierto. Ocurre que luego de que el presidente Martín Vizcarra hiciera pública la decisión de ampliar la emergencia hasta el 12 de abril, mucha gente se lanzó a formar largas colas en supermercados y centros de abastos en busca de acaparar productos de primera necesi­dad.

Las compras indiscriminadas en nada ayudan a proteger a nuestras familias, y lo peor es que puede tener un efecto contrario, pues de contraer el coronavirus Covid-19 en esa inútil concentración humana la persona se convertirá en vehículo de contagio a sus seres queridos. Además, la mayor demanda de alimentos ocasiona una temporal alza de pre­cios y genera un desabastecimiento que, aunque momentá­neo, perjudica a las personas de menores recursos; es decir a las que no tienen capacidad de ahorro y que por eso vi­ven del día a día.

Cuando se filtró –dicen que en la PCM- por primera vez la información de que se implantaría el estado de emergencia sanitaria, la gente arrasó con el papel higiénico, las sopas instan­táneas, el alcohol en gel y líquido, el arroz y hasta las menestras, dejando desabas­tecidos a los supermercados no porque se fueran a agotar los productos por el mero hecho de declararse la emer­gencia, pues esos artículos de primera necesidad se produ­cen en abundancia en esta bendita tierra llamada Perú. Las farmacias también quedaron desabastecidas de mascarillas y su precio se disparó.

La explicación que dieron los responsables de algunos supermercados es que simplemente se interrumpió la cade­na de distribución, pues en vez de llegar la mercadería una vez por semana ahora se requería que llegue todos los días, pero eso implicaba un mayor número de camiones que no existía. Con el correr de los días la gente dejó de acaparar y los anaqueles volvieron a lucir la deseada mercadería. Todos tuvieron acceso a alimentos y artículos de aseo. Hasta ayer no ha faltado nada para nadie, pero nuevamente la gente se ha lanzado a hacer largas colas para acaparar, lo cual no demuestra más que irracionalidad y egoísmo. En otras pa­labras, no hemos aprendido nada. Las autoridades deben poner coto a este problema.

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Editorial

También debemos salvar la economía

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El presidente Martín Vizcarra anunció ayer la amplia­ción del estado de emergencia nacional hasta el próxi­mo 12 de abril para contener el avance del coronavirus en el país, medida que como lo dijimos ayer desde esta columna se veía venir. La nmovedad del asunto es que el jefe de Estado ha anunciado que los controles serán rigurosos e in­clusive incluyen un registro de infractores que será puesto a disposición del Ministerio Público para las denuncias a que hu­biera lugar contra los ciudadanos que con su actitud pongan en riesgo la salud de la colectividad.

Esta medida ha sido bien recibida por la población, pues tiene como objetivo frenar la propagación del coronavirus. Así lo ha señalado en mandatario al reafirmar que el objetivo es “cuidar lo más importante del ser humano: la vida y su salud”, y ha dicho también que por eso se está tomando decisiones drásticas pero necesarias para salir juntos de esta situación. Obviamente que no se trata de una decisión fácil porque el Gobierno tendrá que hacerle frente a una serie de dificultades puesto que la extensión de la emergencia va a generar inco­modidades o malestar, pero lo hacemos por el bien de todos”, subrayó.

La economía de los peruanos se va resentir dentro de poco y las medidas anunciadas ape­nas llegan a una minoría. Sin embargo, recordemos que es­tamos en un país con un 70% de informalidad. Menos mal que la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, ha anunciado que su portafolio evalúa, junto con el Ministerio de la Producción (Produce), nuevas medidas para asegurar la operatividad de las micro y pequeñas em­presas (mypes) del país, pues son las que ocupan a un 80% de la mano de obra. “Tanto personas como empresas sufren el impacto del covid-19 y el Gobierno está tomando medidas para aminorar este shock. La semana pasada se creó un fondo de apoyo para las mypes, y ayer se publicó su reglamento para ponerlo en marcha”, sostuvo la titular del MEF.

Ojalá que el Gobierno se mantenga vigilante para que la población en su conjunto cumpla con las medidas dispuestas y así se pueda lograr ponerle freno al avance del coronavirus en nuestro país, pues hay una serie de sectores a los que no se pue­de llegar fácilmente para brindarles asistencia y son mayoría. Por ejemplo, la liberación de la CTS llega a los sectores labora­les formales, a los que están en planilla, pero no a las grandes mayorías, no a los pequeños comerciantes que laboran en la informalidad. Hay que tener en cuenta que el mandatario ha señalado que la reactivación económica se dará después de la contención de la epidemia y ojalá esta primera etapa no se pro­longue más por el bien de la economía, pues juntos podemos salir adelante o caer en el hoyo.

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