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Política

Vizcarra cada vez más solo

Familiares de asistente presidencial contrataron con el Gobierno Regional de Moquegua durante gestión de Martín Vizcarra. Jurista Olivera Díaz considera que responsabilidad penal podría alcanzar al mandatario.

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Vizcarra cada vez más solo

Nuevas revelaciones complican al entorno del presidente de la República, Martín Vizcarra. Un informe del diario El Comercio dio cuenta de los contratos de la empresa familiar, del esposo y de los hermanos de la asistente presidencial, Karem Roca Luque, los cuales ascienden a S/159.618,10 y fueron firmados durante la gestión de Vizcarra como presidente regional de Moquegua.

De acuerdo a la información, Roca Luque y su padre Máximo Alejandro Roca Vargas, fundaron en el 2002 la empresa de vigilancia Los Héroes del Cenepa Servicios Múltiples, con la cual realizó contratos por S/ 46 mil con el Gobierno Regional de Moquegua entre 2013 y 2014, y a pesar de desempeñarse como asistente de Vizcarra en dicho gobierno regional entre 2011 y 2014.

Pero no fue la única que contrató con el Gobierno Regional de Moquegua: también lo hicieron su cónyuge Edgar Iván Zapata Yactayo, por S/19.800, y su hermano Danny Alejandro Roca Luque por S/10.598,10. Todos bajo la gestión de Vizcarra.

PRESIDENTE SERÍA CO RESPONSABLE

Al respecto, el abogado Guillermo Olivera Díaz consideró que el presidente es co responsable con sus subalternos por los presuntos actos ilícitos que estos hayan realizado. “En materia penal si usted es el autor material, yo puedo ser su instigador y sería tan responsable como el autor del presunto delito. También está la figura de autoría mediata, porque el presidente con su silencio cómplice presunta­mente podría haber permiti­do la comisión de un delito, que en este caso podría ser el de tráfico de influencias”, señaló.

“La injerencia de su perso­nal compromete al presidente de la República. De carambo­la lo que habrían hecho sus asistentes lo responsabiliza penalmente. Pero además existen otro tipo de con­ductas delictivas durante el tratamiento de la pandemia, porque hay elementos de con­vicción que demostrarían que el presidente está inmerso en la comisión de delitos de lesa humanidad, en tanto miles de cadáveres de supuesto Covid-19 han sido incinerados sin siquiera notificar de la muer­te a los familiares. Por tanto, los delitos que se le imputan en torno a sus secretarias son mínimos en relación a estos otros delitos que tendrán que investigarse igual que el caso del aeropuerto de Chinchero”, apuntó.

DENUNCIAS CON AGENDA

Por su parte, el analista político Miguel Jugo manifes­tó que “tiene que haber una investigación profunda para determinar si hubo favoreci­miento o no a estas personas”. Sin embargo, advirtió que las acusaciones aparecen en un marco en el que el Ejecutivo viene siendo presionado por los poderes económicos “para lograr diferentes situaciones”, como la aprobación de miles de millones de soles en Reac­tiva Perú o el fin del confina­miento. “En ese escenario se producen estas denuncias que obviamente se tienen que in­vestigar para llegar a la verdad sobre si hay o no una situación de corrupción”, comentó.

Jugo advirtió que el presidente Vizcarra parece haberse quedado solo pues además de las presiones de grupos de poder económico ahora suma el descrédito en las clases populares por las políticas adoptadas durante la pandemia, favorables al gran empresariado. “Lamentable­mente, Vizcarra decidió no utilizar un elemento que has­ta economistas liberales y no liberales sugirieron, como es el bono universal. Eso hubiera permitido orden en las calles y la posibilidad para la gente de mantenerse más tiempo en los domicilios, pero por criterio absurdo nunca lo otorgó”, cuestionó.

En analista recordó que, por el contrario, el Ejecutivo no tuvo problemas en dispo­ner S/ 60 mil millones para Reactiva Perú: “Ahora estamos en una situación realmente complicada con la pandemia y la presión de estos grupos de poder frente al presidente, al que han acusado de chavis­ta y comunista. Obviamente ninguna de estas acusaciones son reales, sino son hechas con el propósito de arrinconarlo aún más y de que acceda a presiones que finalmente ha aceptado”.

Indicó también que todo esto contribuye al alejamiento del presidente de los sectores populares y propicia una “si­tuación de debilidad” en su contra. “No es que quieran sacarlo, porque quedan 9 me­ses para las elecciones, pero sí tenerlo como posibilidad política bastante lejana. Es un proceso de demolición política de el y de cualquier posible sucesor, porque ellos claramente prefieren candi­datos como Keiko Fujimori”, refirió.

EMPIEZA GUERRA ELECTORAL

Jugo remarcó que a pan­demia ha desnudado las fallas del modelo económico, cuyos defensores “obviamente nunca van a aceptar su responsabilidad”. “Que las clínicas cobren lo que les da la gana, igual que las farmacias, es producto del sistema y la Constitución que tenemos. Eso es lo que no quieren modificar, entonces cargan sobre el personaje político más importante que es el presidente, para mostrarle a cualquier persona con quién no hay que meterse porque si no lo van a destruir”, apuntó.

“Los actores políticos no pierden tiempo y empiezan a postular sus lógicas, para ellos con la Constitución ni con el modelo nadie se mete, cualquier cosa puede cambiar menos el modelo, y si quieres cambiarlo te sacan acusaciones como estas cuando en otros gobiernos se han visto millones de dólares robados al Estado. Obviamente acá el temor es que el presidente termine siendo una figura que vaya a determinar quién gana las elecciones del 2021”, indicó.

 

ANTE EL CONGRESO
Fiscal Ávalos presenta denuncia constitucional contra investigados por Cuellos Blancos

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, pre­sentó ante el Congreso de la República, una denuncia constitucional contra cua­tro investigados por el caso de la presunta organización criminal Los Cuellos Blan­cos del Puerto.

Se trata del fiscal supre­mo, Tomás Aladino Gálvez Villegas; el exjuez supremo, César José Hinostroza Paria­chi; y los exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe.

Los delitos imputados son organización crimi­nal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho acti­vo específico y patrocinio ilegal.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

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Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

Desde el domingo 2 de agosto, entró en vigencia el nuevo Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte, comprendidos en el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.

A través del D.S. Nº 014-2020, del Ministerio de la Producción (Produce), se establece las disposiciones vinculadas a la fabricación y ensamblaje de vehículos terrestres, así como el procedimiento para la asignación del código WMI. De esta forma, se busca que dichas actividades se realicen en condiciones de seguridad, con el propósito de preservar la salud del personal responsable de la fabricación de estos vehículos y la ciudadanía en general.

REGLAMENTO

Entre los lineamientos pu­blicados en el nuevo reglamento destacan las condiciones míni­mas con las que debe contar una planta para la fabricación y/o ensamblaje de los vehículos señalados en la norma, así como el proceso de producción y las características que debe poseer el personal a cargo de estas ac­tividades.

De igual forma, se especifica la vigencia de las autorizacio­nes otorgadas, y el proceso de renovación de dichos permisos. Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) será la entidad encargada de la acreditación de aquellas personas jurídicas que pretendan desarrollar actividades de inspección en las plantas que fabriquen y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre.

Al mismo tiempo, Inacal tendrá bajo su competencia la emisión de certificados de inspección a plantas que pretendan obtener la autorización para realizar las labores mencionadas. Es preciso señalar que, aquellas solicitudes tramitadas antes de la entrada en vigencia de la presente norma, se rigen por las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 023-2016-Produce, hasta su conclusión.

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El tiro por la culata

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El tiro por la culata

Ante la denuncia del saliente primer ministro, Pedro Cateriano, respecto a que el voto de confianza denegado por el Congreso de la República estuvo ligado a la permanencia del ministro de Educación, el presidente del Legislativo, Manuel Merino de Lama, ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó “cualquier insinuación de chantaje o de negociación del voto de confianza”.

Merino indicó que “de manera democrática, con la experiencia parlamentaria, dirigiendo al parlamento”, se comunicó con Pedro Cateriano con quien se reunió en su oficina en el Congreso, “sin nada bajo la mesa”. “Lo llamé telefónicamente y nos reunimos aquí en el Congreso, para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete (…) y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo”, señaló.

“También hubo una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación, y en cada uno de ellos podemos explicar, porque no es un tema nuevo. Había dos interpelaciones que estaban en camino y que no dependían del presidente del Congreso, sino de todas las bancadas parla­mentarias”, explicó.

Y agregó el hecho de tratar el problema referido a la cartera de Educación, “se sustentaba lógicamen­te en los licenciamientos dados por el señor minis­tro, en ese entonces jefe de la Sunedu”.

CONFESIÓN DE PARTE

A criterio del aboga­do penalista Guillermo Olivera Díaz, al dar esas declaraciones lo que ha hecho el presidente del congreso es “confesar sus delitos”. “Merino ha aceptado que sí llamó por teléfono a Cateriano, que la llamada fue antes del 3 de agosto cuando negaron la confianza, y que lo llamó para tratar sobre el ministro de Edu­cación, el juvenil ministro de Trabajo y la ministra de Economía. Por tanto, Merino ha aceptado los hechos. Solo ha negado que esto sea chantaje, y es verdad porque no hay con­tenido económico, pero sí hay delito de coacción, entre otros”, afirmó.

Para Olivera Díaz, Merino excedió sus fun­ciones como presidente del Congreso al llamar a Cateriano para advertir sobre objeciones al minis­tro de Educación, Martín Benavides, por cuestiones que nada tienen que ver con su gestión ministerial. Además, consideró que advertir sobre la falta de consenso para otorgarle la confianza constituye en sí una amenaza con el fin de lograr remover a los ministros incómodos.

“En forma antelada le está amenazando con no otorgarle el beneficio del consenso de 130 par­lamentarios. Esto repre­senta un claro delito de coacción porque lo está amenazando con que no habrá consenso si no cumple o resuelve las ob­jeciones a los ministros. Con esto está confesan­do que sí hubo delito de coacción, que es forzar a alguien bajo amenaza, en este caso de falta de con­senso, a hacer lo que la ley no obliga”, apuntó.

EXTORSIÓN Y COHECHO

Además, agregó que también se configura el de­lito de extorsión, al hacer uso de un medio coercitivo amenazante para obtener una ventaja. “Y como no se cumplió el objetivo de la extorsión, consuman el hecho con la falta de consenso anticipada por Merino, que sin ser adivino ni brujo adelantó el voto que finalmente se dio. Lo que significa que el presi­dente del Congreso era un emisario de otros grupos de intereses particulares”, manifestó.

Olivera Díaz añadió que también en la misma acción se habría configu­rado el delito de cohecho activo genérico, y habría además un ejercicio abu­sivo de la autoridad del presidente del Congreso. “Porque él no tiene por función llamar fuera de sesión, por teléfono y de noche a un premier para decirle que no habrá con­senso. Acá hay un concur­so de hechos punibles por los que la Fiscalía de la Nación debe abrir investigación preliminar de oficio y con urgencia basándose en la denun­cia que hizo Cateriano y en la aceptación de los hechos que ha realizado Merino en conferencia de prensa”, sostuvo.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

A criterio del juris­ta, el Ministerio Públi­co ni siquiera requiere de una investigación prolija en tanto la de­nuncia de Cateriano y la presunta aceptación de Merino son versiones públicas. Por ello, consi­deró que la Fiscalía debe plantear una denuncia constitucional contra el presidente del Con­greso, para que se abra una investigación en la Subcomisión de Acusa­ciones Constitucionales y se le suspenda el fuero parlamentario. Incluso, advirtió que en un es­cenario posterior la Fiscalía podría requerir la prisión preventiva y en un concurso real de delitos las penas por los delitos imputados sumarían más de 35 años de pena privativa de la libertad.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

 

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Lo dicho por Cateriano del voto de confianza se tiene que investigar

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Lo dicho por Cateriano del voto de confianza se tiene que investigar

Lo expresado por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, respecto al contexto en que el Congreso de la República denegó el voto de confianza se tendrá que investigar, sostuvo la exministra Flor Pablo Medina.

Fue al comentar la declaración que hizo el expremier ante el Pleno del martes, previo a la votación: “se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba ser difícil que se me extienda el voto de confianza”.

“[¿Qué le parece la negación del voto de confianza?] Bueno, creo que queda claro, y no solo por este hecho final lamentable de negarle la confianza, sino en los antecedentes. Recordemos la semana pasada un Congreso presentando proyectos de ley para crear una instancia superior a la Sunedu, presentando proyectos para que el Gobierno en esta época de emergencia financie a las universidades con licencia denegada. Esto ya venía”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideelera­dio.

“Lo que ha dicho el ex­premier Pedro Cateriano que al final le pedían la cabeza del ministro para po­der dar el voto de confianza, creo que eso, en realidad, denota una mediocridad y de actos que realmente ya lindan con lo penal, que ha­brá y se tendrá que hacerse la investigar respectiva y actuar, porque creo que no estamos en tiempos para ser tolerantes ante este tipo de situaciones que salen a la luz”, refirió.

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