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Vizcarra cada vez más solo

Familiares de asistente presidencial contrataron con el Gobierno Regional de Moquegua durante gestión de Martín Vizcarra. Jurista Olivera Díaz considera que responsabilidad penal podría alcanzar al mandatario.

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Vizcarra cada vez más solo

Nuevas revelaciones complican al entorno del presidente de la República, Martín Vizcarra. Un informe del diario El Comercio dio cuenta de los contratos de la empresa familiar, del esposo y de los hermanos de la asistente presidencial, Karem Roca Luque, los cuales ascienden a S/159.618,10 y fueron firmados durante la gestión de Vizcarra como presidente regional de Moquegua.

De acuerdo a la información, Roca Luque y su padre Máximo Alejandro Roca Vargas, fundaron en el 2002 la empresa de vigilancia Los Héroes del Cenepa Servicios Múltiples, con la cual realizó contratos por S/ 46 mil con el Gobierno Regional de Moquegua entre 2013 y 2014, y a pesar de desempeñarse como asistente de Vizcarra en dicho gobierno regional entre 2011 y 2014.

Pero no fue la única que contrató con el Gobierno Regional de Moquegua: también lo hicieron su cónyuge Edgar Iván Zapata Yactayo, por S/19.800, y su hermano Danny Alejandro Roca Luque por S/10.598,10. Todos bajo la gestión de Vizcarra.

PRESIDENTE SERÍA CO RESPONSABLE

Al respecto, el abogado Guillermo Olivera Díaz consideró que el presidente es co responsable con sus subalternos por los presuntos actos ilícitos que estos hayan realizado. “En materia penal si usted es el autor material, yo puedo ser su instigador y sería tan responsable como el autor del presunto delito. También está la figura de autoría mediata, porque el presidente con su silencio cómplice presunta­mente podría haber permiti­do la comisión de un delito, que en este caso podría ser el de tráfico de influencias”, señaló.

“La injerencia de su perso­nal compromete al presidente de la República. De carambo­la lo que habrían hecho sus asistentes lo responsabiliza penalmente. Pero además existen otro tipo de con­ductas delictivas durante el tratamiento de la pandemia, porque hay elementos de con­vicción que demostrarían que el presidente está inmerso en la comisión de delitos de lesa humanidad, en tanto miles de cadáveres de supuesto Covid-19 han sido incinerados sin siquiera notificar de la muer­te a los familiares. Por tanto, los delitos que se le imputan en torno a sus secretarias son mínimos en relación a estos otros delitos que tendrán que investigarse igual que el caso del aeropuerto de Chinchero”, apuntó.

DENUNCIAS CON AGENDA

Por su parte, el analista político Miguel Jugo manifes­tó que “tiene que haber una investigación profunda para determinar si hubo favoreci­miento o no a estas personas”. Sin embargo, advirtió que las acusaciones aparecen en un marco en el que el Ejecutivo viene siendo presionado por los poderes económicos “para lograr diferentes situaciones”, como la aprobación de miles de millones de soles en Reac­tiva Perú o el fin del confina­miento. “En ese escenario se producen estas denuncias que obviamente se tienen que in­vestigar para llegar a la verdad sobre si hay o no una situación de corrupción”, comentó.

Jugo advirtió que el presidente Vizcarra parece haberse quedado solo pues además de las presiones de grupos de poder económico ahora suma el descrédito en las clases populares por las políticas adoptadas durante la pandemia, favorables al gran empresariado. “Lamentable­mente, Vizcarra decidió no utilizar un elemento que has­ta economistas liberales y no liberales sugirieron, como es el bono universal. Eso hubiera permitido orden en las calles y la posibilidad para la gente de mantenerse más tiempo en los domicilios, pero por criterio absurdo nunca lo otorgó”, cuestionó.

En analista recordó que, por el contrario, el Ejecutivo no tuvo problemas en dispo­ner S/ 60 mil millones para Reactiva Perú: “Ahora estamos en una situación realmente complicada con la pandemia y la presión de estos grupos de poder frente al presidente, al que han acusado de chavis­ta y comunista. Obviamente ninguna de estas acusaciones son reales, sino son hechas con el propósito de arrinconarlo aún más y de que acceda a presiones que finalmente ha aceptado”.

Indicó también que todo esto contribuye al alejamiento del presidente de los sectores populares y propicia una “si­tuación de debilidad” en su contra. “No es que quieran sacarlo, porque quedan 9 me­ses para las elecciones, pero sí tenerlo como posibilidad política bastante lejana. Es un proceso de demolición política de el y de cualquier posible sucesor, porque ellos claramente prefieren candi­datos como Keiko Fujimori”, refirió.

EMPIEZA GUERRA ELECTORAL

Jugo remarcó que a pan­demia ha desnudado las fallas del modelo económico, cuyos defensores “obviamente nunca van a aceptar su responsabilidad”. “Que las clínicas cobren lo que les da la gana, igual que las farmacias, es producto del sistema y la Constitución que tenemos. Eso es lo que no quieren modificar, entonces cargan sobre el personaje político más importante que es el presidente, para mostrarle a cualquier persona con quién no hay que meterse porque si no lo van a destruir”, apuntó.

“Los actores políticos no pierden tiempo y empiezan a postular sus lógicas, para ellos con la Constitución ni con el modelo nadie se mete, cualquier cosa puede cambiar menos el modelo, y si quieres cambiarlo te sacan acusaciones como estas cuando en otros gobiernos se han visto millones de dólares robados al Estado. Obviamente acá el temor es que el presidente termine siendo una figura que vaya a determinar quién gana las elecciones del 2021”, indicó.

 

ANTE EL CONGRESO
Fiscal Ávalos presenta denuncia constitucional contra investigados por Cuellos Blancos

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, pre­sentó ante el Congreso de la República, una denuncia constitucional contra cua­tro investigados por el caso de la presunta organización criminal Los Cuellos Blan­cos del Puerto.

Se trata del fiscal supre­mo, Tomás Aladino Gálvez Villegas; el exjuez supremo, César José Hinostroza Paria­chi; y los exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe.

Los delitos imputados son organización crimi­nal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho acti­vo específico y patrocinio ilegal.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

Política

Demanda investigar a los que quieren vacar a Mesa Directiva

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Rocío Silva Santisteban

La congresista Rocío Silva Santisteban solicitó al Oficial Mayor del Congreso, Yon Pérez Paredes, que se investigue e identifique a los congresistas que pidieron censurar a la Mesa Directiva al inicio de la sesión del pleno del Congreso.

La legisladora solicitó la “relación de los micros abiertos durante la sesión entre las 11:00 a.m y 11:15 a.m” y una copia de la transcripción del pleno de esos quince minutos.

“Antes de que se llame a la lista, un grupo de congresistas que estaban conectados a la plataforma de Microsoft Teams sostuvieron de manera amenazante el siguiente diálogo: ‘Hay que censurar a la Mesa Directiva del Congreso’, ‘censura, censura’ y una voz de mujer dijo ‘hay que censurarlos porque son unos asesinos’.

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Política

Niegan que se ordenara compra de pasteles

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Niegan que se ordenara compra de pasteles

La Secretaría General del Despacho Presidencial rechazó categóricamente que la presente gestión haya solicitado contrataciones y adquisiciones indebidas, como compra de pasteles.

En un comunicado, precisó que el 17 de noviembre del 2020, antes de que asumiera el cargo el presidente Francisco Sagasti, la oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial solicitó la adquisición de artículos de pastelería.

Ello, a favor de los trabajadores, hijos del personal comprendidos, entre 0 y 12 años, del Despacho Presidencial, y de los practicantes y miembros de las FF.AA. y PNP destacados en Palacio de Gobierno.

Niegan que se ordenara compra de pasteles

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Política

Educar y sancionar a los infractores

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Enfermeros enfermeras médicos doctores

En tanto, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, consideró que si bien las medidas restrictivas pueden contribuir a bajar los indicadores de la pandemia, en este momento no son lo más importante. “Creo que se debe reforzar la comunicación y educación de la población, repartir los materiales de protección como mascarillas y máscaras faciales, y que la gente que incumple las normas sea sancionada con horas de trabajo comunitario. Necesitamos aprender a respetar las normas con sanciones que de verdad generen conciencia. Y todos los que andan de fiesta o incumplen las normas realicen trabajo comunitario en los hospitales y centros de Salud”, señaló.

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