El objetivo de la ley es incorporar al régimen laboral DL 728 a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en entidades del Estado contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

REQUISITOS

Los requisitos son: Realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la ley. Tener contrato CAS por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Los plazos se computan a partir de la fecha de la población de la ley.

Asimismo, haber ingresado a la institución mediante concursos públicos o en su defecto haber tenido la condición de servicios no personales y proyecto CAS. Los trabajadores que han renunciado a un CAS para asumir un contrato distinto, se les reconoce los derechos que confiere la ley.

La incorporación del régimen CAS al DL 728 se realiza en forma progresiva, de conformidad, en función al reglamento de la ley y respetando la disponibilidad presupuestal de las entidades públicas.

Desde la entrada en vigencia de la ley, los contratos CAS son de carácter indefinido, solo podrán ser despedidos los trabajadores por causa justa debidamente comprobada.

A partir de la vigencia de la ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar bajo el régimen CAS, con excepción de los vigentes y que sean necesarios renovar por no contar el vínculo laboral de los trabajadores.

La insistencia de la norma fue aprobada hoy por mayoría en el Congreso, tras desestimar las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. Al ser una insistencia, corresponde que la presidenta del Congreso promulgue la norma, la misma que podría ser denunciada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, en caso lo considere.

CAS es el régimen más precario que existe en la administración pública.

EL RÉGIMEN MÁS PRECARIO

Alan Díaz Balcázar, secretario general del Sindicato de Trabajadores CAS de la Universidad Nacional de Trujillo e integrante del Movimiento CAS Nunca Más, manifestó a Diario UNO: “El régimen CAS es el régimen más precario que existe en la administración pública, nosotros estamos vulnerados en los derechos como son la igualdad ante la ley y la no discriminación”.

“El CAS significa que hay dos profesionales que realizan labores en un mismo centro laboral, que tienen el mismo horario, que están en el mismo nivel pero que uno recibe a fin de mes solo su sueldo y el otro recibe su sueldo, gratificaciones, escolaridad y otros beneficios, solo tenemos derecho a nuestro sueldo”, refirió.

“Y lamentablemente el sueldo de los trabajadores CAS según ley está permitido el mínimo que es 930 soles, y estamos supeditados a un contrato que puede ser en el mejor de los casos seis meses pero en la mayoría son de tres meses”, indicó.

Respecto a la posibilidad que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional señaló: “Si desde el inicio de nuestra lucha nos hubiésemos puesto a pensar en una denegatoria por parte del Ejecutivo, en que nos iba a costar cuatro años que se pueda aceptar y aprobar, entonces nunca hubiéramos iniciado este camino. Y somos perseverantes, por eso vamos a lograr lo que es algo justo”.

“El Tribunal Constitucional en el año 2011 dio una sentencia, en el cual indicaba que este régimen no podía permanecer tal y como estaba, si bien era constitucional se tenía que dar una mejora a los trabajadores”, agregó.

ELIMINACIÓN PROGRESIVA

Según Díaz Balcázar: “Es por eso que en el 2012 se crea la Ley Nro. 29849, que establece la eliminación progresiva del régimen CAS. Esta decisión del Congreso, no es porque a los parlamentarios se les ocurrió, sino que lo empuja la ley dada en el 2012, que no se haya cumplido es otro tema”.

“Que Servir vea ahora que sus intereses estén comprometidos, porque tenía en el mayor de los casos cinco años para que pasen a todos los trabajadores CAS a la ley del servicio civil, pero no ha ocurrido eso. Porque lo único que es, es una institución con sueldos dorados, mínimo de ocho mil soles y los más altos llegan a 28 mil soles”, resaltó.

ALGO MÁS

“Vamos a seguir luchando, no vamos a desmayar, así el Ejecutivo recurra el Tribunal Constitucional”, subrayó el referente sindical de los trabajadores CAS.

El médico Germán Málaga rindió su declaración ante el Ministerio Público en la investigación preliminar que realizar la Fiscalía, por la irregular vacunación contra la Covid-19 del expresidente Martín Vizcarra y diversos funcionarios.

La diligencia culminó alrededor de las 3 p. m., durando cerca de seis horas. Tras ello, el médico salió de la sede de la Fiscalía en la cuadra 5 de la avenida Abancay.

Frente a las consultas de la prensa, Málaga señaló que en su debido momento se pronunciará sobre el caso.

“Pido mil disculpas. En el momento haremos el pronunciamiento correspondiente. No merezco esto”, expresó.

Tras la declaración de Málaga, la enfermera Cynthia del Pilar Castillo Flores se encontraba brindando su testimonio a la Fiscalía. Ella inoculó al expresidente Martín Vizcarra y a miembros de su familia.

El Ministerio de Cultura informa que, en el actual contexto de la segunda ola de contagios por la Covid-19, 34 gestores interculturales forman parte de la Estrategia de alertas, seguimiento y monitoreo de emergencias y casos sospechosos de Covid-19 para pueblos indígenas y el pueblo afroperuano, en 13 departamentos priorizados y con monitoreo a nivel nacional.

Desde el Viceministerio de Interculturalidad se precisa que, como parte de dicha Estrategia, se viene monitoreando a más de 90 localidades con presencia de pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano, dando seguimiento a 623 personas sospechosas de haberse contagiado de la Covid-19, se ha coordinado y brindado asistencia técnica a 29 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) para que presten una atención con pertinencia cultural a ambas poblaciones. Asimismo, se mantiene comunicación constante con 109 informantes, entre líderes y lideresas indígenas o del pueblo afroperuano, autoridades locales, entre otros.

De esta manera, a través de la comunicación permanente con la población indígena y el pueblo afroperuano, los gestores interculturales del Ministerio de Cultura se constituyen como un puente de articulación con la población, lo cual permite fortalecer lazos de confianza y reforzar la difusión de recomendaciones sanitarias para la prevención y contención de la COVID-19, así como, socializar información respecto del próximo proceso de vacunación en las comunidades nativas, importancia de la vacuna, así como preguntas y respuestas frecuentes en torno a la inmunización.

Cabe señalar que los gestores interculturales también orientan a los ciudadanos indígenas y del pueblo afroperuano, en torno a consultas sobre la entrega del Bono 600, tanto en castellano como en las lenguas indígenas u originarias predominantes en los diferentes departamentos. Para más información sobre el subsidio económico, a cargo del MIDIS visita: https://bono600.gob.pe/ o llama a la línea gratuita 101.