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Política

Vender la patria, la consigna del fujiaprismo

Analista Carlos Monge afirma que el fujimorismo y el Apra concentran intereses de economías ilegales y del gran empresariado, que no le hace ascos a juntarse con representantes del narcotráfico con tal de defenderse de la lucha anticorrupción.

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Tras el proceso de higiene política vivido por el país la semana pasada, el analista Carlos Monge dio una mirada al accionar del disuelto Congreso de la República y concluyó que el fujimorismo y el Apra representan la suma de “un montón de intereses específicos”. Consideró que algunos de esos intereses provienen de las economías ilegales, y estarían representados en ex congresistas vinculados a las cooperativas del Vraem – para muchos, lavanderías del narcotráfico – o en representantes de universidades “bambas”.

“Pero también hay personajes como Pedro Olaechea, que no representa a economías ilegales pero sí es representante directo de grandes grupos empresariales que tienen en la Confiep su aparato de representación gremial. Y en el ejercicio político, estos ex congresistas se han dedicado a defender puntualmente sus intereses”, afirmó.

Monge consignó como ejemplo el hecho de que varios de los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) hayan tenido vínculos con estudios de abogados que a su vez representan a empresas con litigios pendientes de resolver en el TC.

“Entonces, esas candidaturas no eran gratis, sino que se debían a intereses empresariales que querían tener presencia directa en el TC. Es importante entender el comportamiento de estas organizaciones políticas, pues los individuos que postulan a cargos importantes en el Estado no son accidentales, sino que van por intereses específicos”, indicó.

JUNTOS Y REVUELTOS

Respecto al presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, Monge advirtió que es un personaje que resume bien las cosas: “él es un empresario importante que representa parte de la economía formal, viene de una familia tradicional de Lima, tiene vínculos con estudios de abogados representantes de grupos empresariales y, para colocar a su primo hermano a defender esos intereses empresariales en el TC, no tiene reparo en juntarse con el sector del fujimorismo que proviene de la economía ilegal. Ahí se juntan y se apoyan mutuamente en esa defensa de intereses”.

Además, señaló que esa alianza entre empresarios formales y sectores mafiosos era muy claramente perceptible en la dirección de Fuerza Popular, que por un lado tenía como secretario general a José Chlimper, empresario agroexportador, dirigente de la Confiep y ahora miembro del Banco Central de Reserva (BCR); y por el otro como co secretario general a Joaquín Ramírez, vinculado a las universidades “bambas” e investigado por narcotráfico y lavado de activos. “Entonces ahí vemos cómo estos sectores formales y parte de la élite tradicional no les hace ningún asco a asociarse a estos sectores mafiosos para beneficiarse y defenderse mutuamente de los reclamos de la población y de la lucha contra la corrupción”, apuntó.

Keiko Fujimori - José Chlimper

EMPRESARIOS QUE VIVEN DEL ESTADO

Por otro lado, Monge advirtió que existe un doble discurso desde los sectores neoliberales: mientras acusan a la izquierda de ser estatista, olvidan que defienden a empresarios rentistas que basan su competitividad en prebendas que obtienen del Estado. “En algunos casos son exoneraciones tributarias, en otros devoluciones de impuestos, y en otros casos como el sector agroexportador, donde están Olaechea y Chlimper, con legislación que recorta derechos laborales a la mitad. Esa es otra forma de subsidiar al sector empresarial, legalizando la sobre explotación de la mano de obra”, aclaró.

En cuanto a los pronunciamientos de la Confiep favorables al fujimorismo, el analista político recordó que la presidenta de dicha entidad, María Isabel León, “era parte del cogollo de Keiko Fujimori, y por tanto no es una representación técnica, sino una representación gremial con claro contenido político”. “Por eso no sorprende que se hayan juntado con la cúpula fujimorista sin el menor pudor”, añadió.

También consideró que, si se hiciese una encuesta seria al interior de la Confiep, se vería un apoyo mayoritario a la disolución del Congreso. “Porque es lo mismo que el país, que en su inmensa mayoría apoya al presidente Vizcarra. No creo que el pronunciamiento de la cúpula de la Confiep aliada al fujimorismo represente realmente lo que piensa la mayoría del empresariado”, manifestó.

TAREA PENDIENTE

Finalmente, Monge recordó que el presidente Martín Vizcarra tiene ahora la facultad de gobernar mediante decretos de urgencia, y que “hay una gran oportunidad para seguir adelante con reformas que tengan que ver con la lucha contra la corrupción”. “Hasta ahora se ha avanzado con reformas judicial y política, algunas de ellas inconclusas o deformadas. Pero falta un paquete de reformas para impedir el funcionamiento de las puertas giratorias y para impedir la corrupción en las renegociaciones de los contratos de las concesiones dadas por el Estado”, señaló.

También sugirió que parte de la agenda tiene que incluir la revisión de la forma cómo funciona Proinversión, y que se debe evaluar la manera en que los ministerios revisan los contratos de obras públicas, además de revisarse el mecanismo de las “puertas giratorias”, mediante el cual los intereses privados logran capturar el Estado al colocar como funcionarios públicos a personal vinculado a intereses empresariales.

“Hay que empujar al presidente Vizcarra a que trabaje esta agenda mediante decretos, y estos temas deben ser parte de la campaña electoral para las próximas elecciones de enero, además de ser parte central de la agenda del nuevo Congreso. Recordemos que ya no existe la obstrucción de la alianza fujiaprista en el Parlamento, hay una cancha más libre y esta debe ser la tarea para llegar al 2021 con un país mucho mejor”, concluyó.

Uvas agricultura

NUNCA PENSARON EN EL PAÍS

Para el economista Javier Mujica, personajes como Pedro Olaechea o Mercedes Araoz pretendían quedarse eternamente en el Congreso solo para defender sus intereses económicos y empresariales. En ese sentido, exhortó al presidente Martín Vizcarra a no promulgar la ley que prolonga por diez años más, hasta el 2031, el denominado Régimen de Promoción de la Agroindustria.

“Este Régimen de Promoción Agraria consiste en que pagan menos impuestos que el resto, y contribuyen menos a la seguridad social en salud; en este aspecto, hay que señalar que antes aportaban el 4% y ahora será el 6%, mientras el resto de los mortales paga 9%”, señaló.

Además, indicó que “pagan solo el 15% de los impuestos, cuando el resto de las empresas pagan 29,5%; todo esto va sus bolsillos, es un subsidio del Estado, del Estado que está regalando esa plata, Por ello es importante decirle al presidente Vizcarra que no promulgue la ley”.

GRANDES GANANCIAS

Mujica destacó que no es casual que Pedro Olaechea haya puesto a debate en el Pleno del Congreso la aprobación de una ley que lo beneficia, pues su familia produce vinos y piscos en el sur del país. En cuanto a José Chlimper, recordó que él fue quien planteó originalmente la ley, cuando era ministro de Agricultura en el 2000, en pleno régimen del presidente Alberto Fujimori.

Acerca de Mercedes Aráoz, recordó que fue una férrea opositora a las leyes antielusión, además buscar favorecer con reducciones y exoneraciones tributarias a empresas mineras, petroleras e incluso a la banca.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Indicadores de la pandemia siguen en aumento

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pusiese una persona hosUrge incrementar número de UCIs ante inevitable avance de la pandemia.

De cara a una nueva fase de la pandemia el Perú afronta el reto de recuperarse de la grave crisis económica sin pre­cipitarse hacia un abismo de contagios masivos por coronavirus. Tras setenta días de haberse iniciado el periodo de aislamien­to social para prevenir la propagación del virus, las cifras del ministerio de Salud dan cuenta de un avance sostenido de la pandemia.

De hecho, con casi 120 mil infectados -119,959 hasta la tarde de ayer – el total de nuevos casos en los últimos siete días es de 27,680 personas. Una cifra claramente superior a los 22,972 casos nuevos en la semana que con­cluyó el domingo 17 de mayo, y a los 21,379 de la semana precedente, hasta el domingo 10 de mayo.

Respecto al número de víctimas mortales por covid-19 en el país, el Minsa consignó hasta ayer 3,456 fallecimientos, 667 muertes más que en la semana anterior. Acerca del índice de mortandad hay que in­dicar que, de acuerdo a información del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) entre abril y mayo de 2020 se produ­jeron 26,842 muertes por toda causa, cuando en el mismo periodo durante el año 2019 fallecieron 17,970 personas.

Sobre la notoria dife­rencia en los registros de muertes entre 2019 y 2020, el ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que resulta válida la hipótesis de asu­mir que la principal causa de esa diferencia se deba al coronavirus. Sin embar­go, negó poder avalar dicha teoría ya que en las estadís­ticas del Sinadef figuran también las muertes por otras causas, y no solo las de pacientes diagnosticados previamente de covid-19. “El subdiagnóstico es no­torio en todos los países del mundo”, declaró a La República.

Para Zamora, es regu­lar que las estadísticas se limpien a partir de la información de los siste­mas de defunción en los diferentes países. “Es decir, hay una gran cantidad de fallecimientos y un reporte menor de casos comproba­dos”, añadió.

LUCRO EN LA PANDEMIA

A diferencia de la po­lítica empleada en otros países, como España, donde el gobierno optó por poner los hospitales privados al servicio de la salud pública durante la pandemia, Za­mora manifestó que aun­que los establecimientos de salud privados podrían representar un alivio im­portante en la lucha contra el coronavirus, el gobierno peruano no puede hacer mucho al respecto. “La­mentablemente nosotros, por nuestra Constitución, no podemos controlar los precios, pues esta previe­ne la intervención sobre los precios del mercado”, apuntó.

Además, señaló que sí hay algunas clínicas que “actúan con humani­dad”. “Somos un sistema pequeño y reconozco la preocupación en el sec­tor privado, pero el gran proveedor es el sistema público. Entre el Minsa y EsSalud aseguramos al 80% de la población del país y es nuestro accionar el que responde frente a esta epidemia. Lo grave de la epidemia no es que nos haya encontrado con un sistema privado que lucra de la enfermedad, porque es, digamos, la medicina como negocio. Lo grave es que haya encontrado un sistema público tan pequeño y desvalido. Eso es lo grave, que no se haya invertido lo suficiente para tener un sistema público como el que nos merecemos”, advirtió.

El ministro de Salud también indicó que aunque el Ejecutivo esperaba que con el decreto para el intercambio prestacional se hubiese podido impactar en el precio del mercado privado, ese no fue el principal objetivo, sino que hubiera intercambio prestacional entre los EsSalud y Minsa. “Era imposible antes que EsSalud pusiese una persona hospitalizada en Minsa y viceversa”, afirmó.

LATINOAMÉRICA, NUEVO EPICENTRO DEL VIRUS

En tanto, en las úl­timas dos semanas, La­tinoamérica acumuló el 51,4% de los 657.000 casos activos detectados a nivel mundial. Así, de acuerdo a la opinión de especialistas, el pico de la propagación estaría pronto a llegar en la región.

Los indicadores lati­noamericanos motivaron que la Organización Mundial de la Salud se­ñale el viernes a la re­gión, principalmente a Sudamérica, como “el nuevo epicentro de la enfermedad”. Las cifras oficiales en Brasil, donde los nuevos positivos supe­raron los 365 mil casos y ya se produjeron 22,746 muertes, colocan al veci­no país como segundo en el ranking de contagios, detrás de Estados Unidos y delante de Rusia.

Hay que indicar que en los ránking de infecta­dos por coronavirus, Perú ocupa el puesto 12 a ni­vel mundial y el segundo lugar en Latinoamérica. En cuanto a la velocidad para superar los 100 mil infectados, el Perú alcan­zó dicha marca un mes y medio después de haber detectado a su “pacien­te cero”, mientras que a Brasil le tomó dos meses y una semana.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Política

Vuelo humanitario repatriará a 100 peruanos de Turquía, Dubai, Rumania

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Vuelo humanitario repatriará a 100 peruanos de Turquía, Dubai, Rumania

La Embajada de Tur­quía en Perú organizó un vuelo de estado hu­manitario con la línea aérea Turkish Airlines el cual llegará a Perú con un grupo de 100 ciudadanos peruanos que estuvieron vara­dos en Turquía, Dubai y Rumania.

Antes de llegar a Lima, la aerolínea ate­rrizará en la ciudad de Bogotá donde abordarán otro grupo de ciudada­nos peruanos.

Turkish Airlines ate­rrizará en suelo peruano el lunes 25 de mayo a las 19:00 para que los ciudadanos peruanos puedan reencontrarse con sus familias.

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Política

Sustentará proyecto para sancionar acaparamiento y especulación

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Sustentará proyecto para sancionar acaparamiento y especulación

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso convocó a su sesión virtual de este lunes a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos a fin que sustente el proyecto de ley que propone sancionar el acaparamiento y especula­ción sobre bienes o servicios de necesidad urgente para la vida y la salud de las per­sonas.

Dicho grupo de trabajo realizará una sesión virtual a partir de las 15.00 horas para escuchar la sustentación del proyecto de ley propuesto por el Ministerio Público.

La iniciativa legal plan­tea reincorporar en el Código Penal el delito de acapara­miento, actualmente dero­gado. Asimismo, propone modificar el delito de espe­culación al advertir que en su actual redacción resulta inoperativo.

En ese sentido, propone sancionar diversas conductas orientadas al acaparamiento y especulación por parte de productores, comerciantes o prestadores de servicios, con la finalidad de obtener un in­debido provecho económico y con el consecuente perjuicio de los consumidores.

Para el delito de acapara­miento establece una pena pri­vativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis y con 185 a 360 días multa.

En cuanto al delito de especulación se determina una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con 180 a 300 días multa.

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