JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Las aguas siguen movidas respecto a la demandada reforma policial. A pesar de que el gobierno de Francisco Sagasti ni siquiera ha empleado el término “reforma”, y ha hablado más bien de un “fortalecimiento” de la Policía Nacional del Perú (PNP), el pase a retiro de 18 altos mandos policiales ha motivado el pronunciamiento de los exministros del Interior Fernando Rospigliosi, José Pérez Guadalupe, Carlos Morán, Daniel Urresti, Mauro Medina, César Gentille, entre otros, quienes manifestaron que el presidente fue inducido a un grave error en el relevo de la Comandancia General de la Policía.

También un grupo de de excomandantes generales de la PNP pidió la renuncia de ministro del Interior, Rubén Vargas, ya que “el ordenamiento jurídico violado hace que este acto administrativo sea nulo y aquí lo que se tendría que hacer es volver a la situación cambiada».

En medio de las reticencias por los cambios impulsados por el gobierno, el Instituto de Defensa Legal (IDL) publicó una serie de sugerencias para una eventual reforma policial. Entre los puntos sugeridos destaca el de orientar la reprofesionalización y modernización de la PNP a un esquema de constantes capacitaciones y evaluaciones que facilite la especialización del personal, crear mecanismos que eviten los ascensos y nombramientos arbitrarios dentro de la institución y que estos se basen en criterios meritocráticos, además de incluir un enfoque transversal de derechos humanos en los contenidos formativos que prioricen un enfoque comunitario dentro de la institución.

IDL también propuso eliminar la posibilidad de celebrar convenios de seguridad entre la policía y empresas extractivas, debido al impacto pernicioso que estos tienen en contextos de conflictos sociales, los cuales -como se ha documentado- han resultado en situaciones de violencia policial y graves violaciones a los derechos humanos.

AGENDA PRIORITARIA

El jueves por la noche, la precandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, advirtió que hay algunos temas de agenda que el gobierno de Sagasti “debería asumir con urgencia”. “Estoy hablando de la necesidad de investigar y sancionar a los responsables por el abuso policial y la muerte de Inti Sotelo y de Bryan Pintado en las últimas semanas y con ello impulsar una verdadera reforma policial”, sostuvo.

Indicó también que esta reforma debería incluir la “derogatoria de las leyes que criminalizan la protesta”, así como la “derogatoria de esta ley del gatillo fácil, que en la práctica elimina la proporcionalidad en el uso de la fuerza”.

Asimismo, manifestó que las muertes de Inti y Bryan no son un hecho aislado, pues en los últimos años en el país han habido “decenas, prácticamente cientos de ciudadanos fallecidos en contexto de protestas por un mal manejo de nuestra policía que tiene que ser reformada”.

BOICOTEAN LA REFORMA

Sumándose a la campaña emprendida por sectores ultraconservadores, el dictador Alberto Fujimori se pronunció desde la cárcel en contra de la reforma policial. “No debemos olvidar que nuestros policías también son hijos e hijas, madres y padres que salen a defendernos todos los días. Sus familias sufren con tanto maltrato. Aún recuerdo que fueron varios miles los policías caídos y hogares enlutados para darnos la paz”, publicó en Twitter.

“Ellos siempre han estado en la primera línea por nosotros. Lo que merecen es eterna gratitud. Mi total solidaridad con la familia policial. No podemos ser tan ingratos con ellos. Nuestros policías también son héroes”, añadió el condenado por crímenes de lesa humanidad.

El mensaje fue retuiteado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien manifestó que “los peruanos le debemos mucho a la Policía Nacional y no podemos ser ingratos con su gran sacrificio para protegernos en los momentos más difíciles y dramáticos como la lucha contra el coronavirus”. “No volvamos a caer en las injustas generalizaciones que tanto daño le ha hecho a toda la familia policial a raíz de su participación en la lucha antiterrorista”, agregó.

 CONTRAATAQUE DE LA MAFIA

Estos mensajes de presunto apoyo a la policía, en realidad buscarían que no se produzcan cambios de mejoría en una institución tan importante para para el sistema democrático como es la PNP. Así lo entendió la precandidata al Congreso de Juntos por el Perú, Isabel Cortéz, quien señaló que “algunos no quieren que nada cambie y se oponen a una reforma”. “Quieren que la policía, que debería cuidarnos a todos, siga siendo exclusivamente para sus bancos, para sus casas, para sus negocios, para sus puestos en el Estado. Todo lo demás no importa”, escribió en redes sociales.

En la misma sintonía, el analista político Paul Maquet consideró que esta campaña que pretende confundir las demandas por una reforma con un presunto agravio a la institución policial, en realidad “es un contraataque de la mafia”. “Operadores políticos salen a atacar la reforma policial y a Sagasti, mientras la bancada Telesup ataca a Mirtha Vásquez con la demagogia de la ONP”, advirtió.

Por su parte, el especialista en derecho internacional, Juan Luis Denegri, indicó que “pensar que no es necesaria una reforma policial luego de los excesos durante las marchas y los excesos durante la cuarentena es simplemente miope e indolente”. “Un muerto por jugar fútbol, dos por protestar, trece en una discoteca. Abran los ojos, algo no está funcionando”, alertó.

En tanto, anoche la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) impulsó una activación en redes sociales exigiendo al Congreso de la República una reparación económica a los deudos de Inti Sotel y Bryan Pintado, así como a los manifestantes que resultaron gravemente heridos. “El Congreso provocó una grave crisis que sacó a miles de jóvenes a las calles. Dos fueron asesinados y decenas quedaron seriamente heridos. El parlamento tiene el deber de incluir en este presupuesto una partida extraordinaria de reparación”, señaló su cuenta de Twitter.