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Editorial

Una polémica decisión

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La decisión de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, de declarar fundado un recurso de hábeas corpus de cuatro notorios condenados por terrorismo y disponer por tanto que sean trasladados del presidio de alta seguridad de la Base Naval del Callao a un penal que cuente con “presencia activa del INPE”, ha causado comprensiblemente grave preocupación en diversos sectores de la ciudadanía.

Tal preocupación obedece al hecho que, pese a que de una u otra forma han renunciado a la acción subversiva y sus organizaciones han sido desarticuladas –con excepción de la fracción senderista del VRAEM- y a que han hecho renuncia explícita a las armas, existe la percepción generalizada de que fuera de la Base Naval serán un peligro de rebrote terrorista.

La sola posibilidad de tal rebrote causa alarma y rechazo y motiva la generalizada exigencia de que los citados reclusos cumplan sus penas en el presidio riguroso en el que llevan largos años encarcelados, purgando severas condenas que incluyen la de cadena perpetua.

El jefe del INPE ha calificado de inmediato como arbitraria e ilegal la decisión judicial y ha pedido a la Corte Suprema que anule la decisión, teniendo en cuenta que un pedido similar fue rechazado por el Tribunal Constitucional y por el propio Poder Judicial; y ha anunciado la presentación de recursos legales contra el dictamen mencionado.

También ha advertido, como otros críticos del fallo, que el mismo trato puede invocar el envejecido jefe senderista que preparó y dirigió los más bárbaros atentados de las décadas de la violencia insana y criminal que sumió al país en el terror y la destrucción; algo que a la ciudadanía le parece comprensiblemente inaceptable.

Todavía están frescas en la memoria de los peruanos las escenas de atentados como el de Tarata y otros condenables actos terroristas que nunca más deben repetirse.

Según lo establecido legalmente, el INPE tiene 30 días para cumplir lo dictaminado por la corte, siendo una posible fórmula que concilie el respeto a las decisiones del Poder Judicial con las inquietudes de quienes han tenido reacciones de indignación o alarma ante lo que consideran puede poner en peligro la paz interna alcanzada por la decisión de los peruanos de vivir en democracia y ventilar dentro de éstas sus diferencias y sus anhelos de justicia plena y libertad.

Sería pertinente que, de no lograrse revertir la decisión judicial y ésta tenga que ser acatada, el INPE cree en el presidio civil de alta seguridad que designe para los cuatro condenados, las condiciones de riguroso control que los mantengan al margen de los demás reclusos y que impidan cualquier posibilidad de que promuevan acciones terroristas desde la prisión.

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Editorial

Hay que pasar de las palabras a los hechos

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El Jurado Nacional de Elecciones tiene previsto entregar el viernes 28 de febrero, a las 10 de la mañana, las credenciales a los parlamentarios elegidos en el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del pasado 26 de enero. Para tal efecto, los Jurados Electorales Especiales (JEE) deben culminar con todas las proclamaciones descentralizadas de resultados. El acto se realizará una vez que los resultados hayan quedado firmes; es decir, luego de resolver todos los recursos de las partes.

En tanto, el presidente Martín Vizcarra ha dicho ayer que el Gobierno tiene toda la disposición de trabajar “codo a codo” con el nuevo Parlamento Nacional, las regiones y provincias, con la finalidad de lograr el desarrollo que necesita nuestro país. Manifestó, asimismo, que si trabajamos todos juntos se pondrán las bases del desarrollo para que el Bicentenario de la Independencia nos encuentre “con un camino claro”.

Las fuerzas políticas con mayor votación en las elecciones parlamentarias complementarias del pasado 26 de enero ya están conversando para posibilitar la conformación de la Mesa Directiva del Parlamento. Lo importante es que se tenga bien claros los objetivos, pues es necesario garantizar la reforma política para que en las elecciones de 2021 la ciudadanía pueda elegir entre todas las opciones que se presenten y no entre las mismas de siempre.

Según el Partido Morado, el Parlamento elegido tiene una agenda programática básica que incluye la culminación de la reforma política y la profundización de la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto que las reformas son ambiciosas y el tiempo es muy corto, también es verdad que esa agenda ha sido consensuada, al menos, por algunos partidos políticos que estarán representados en el Parlamento y solo haría falta apuntar hacia los grandes objetivos comunes del país, para así pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos.

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Editorial

Reforma política es muy urgente

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Aunque aún no hay fecha para la instalación del Congreso de la República y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no puede hacer entrega de las respectivas credenciales a los parlamentarios electos, dos listas buscan presidir la Mesa Directiva; por un lado, la lista multipartidaria que encabeza Acción Popular, que propondrá a Manuel Merino de Lama para presidir la Mesa Directiva 2020-2021, ydel otro el Frente Amplio con su propuestas de Rocío Silva Santisteban.

Hasta ayer, 50 de los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) habían concluido dicha labor, aunque esto puede ser apelado en tres días hábiles al JNE, el cual resolverá en última instancia. Recién una vez que todos los JEE hayan proclamado sus resultados, el JNE podrá suscribir el acta de proclamación general de resultados y entregará credenciales, en estricto respeto del debido proceso.Acción Popular (AP), Podemos Perú (PP) y el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) obtuvieron la mayor cantidad de votos en las elecciones congresales extraordinarias 2020.

De momento, Acción Popular ha sostenido conversaciones con Alianza Para el Progreso, el Partido Morado y Somos Perú, con el fin de presentar una lista multipartidaria, por lo que de encontrar consenso, estas bancadas tendrían el número de votos requeridos para imponerse y ganar la presidencia y vicepresidencias de la Mesa Directiva. Sin embargo, lo más importante es que se pongan de acuerdo para ajustar los plazos y sacar adelante el tema de la reforma política. Para ello, debe modificarse el tiempo establecido en la ley orgánica del Poder Judicial, pues de lo contrario el Legislativo no podrá cumplir con los plazos y la reforma quedaría frustrada.

¿Y cuál es el apuro?, se preguntarán muchos. La cosa es simple, pues sin la reforma política, en el año 2021, podrían presentarse más de una veitena de particos con financiamiento sin ningún tipo de control, o que puedan presentarse candidatos con sentencias por delitos graves. Hablando en buen romence, en las elecciones de 2021 podríamos tener más de lo mismo si no entra en vigencia la reforma política para entonces.

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Editorial

Muchos cambios y poca reconstrucción

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El Gobierno designó como Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) a Eduardo Humberto Canales Ojeda, según resolución de dirección ejecutiva publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La ARCC es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal, pero a este paso ya no parece tan temporal, pues muchos damnificados por desastres siguen sin ser atendidos, pese al tiempo transcurrido.

Mientras se avanza a paso de tortuga con la reconstrucción, en las últimas horas se ha informado que un huaico arrasó con el centro poblado de Cocas, en el distrito ayacuchano de Vilcanchos, en la provincia de Víctor Fajardo. Brigadistas de salud han llegado hasta el lugar, cuyo panorama luce desolador: hay al menos 40 viviendas afectadas y el pequeño puesto de salud está totalmente inundado. También se ve el deterioro del centro educativo de la localidad. Las autoridades han dispuesto la instalación de carpas para la atención urgente de los damnificados.

No se sabe qué esperamos para acelerar la reconstrucción del norte y sobre la marcha empezar con la protección de las poblaciones de las zonas altoandinas y de la carretera central que también sufren las inclemencias de nuestro variado clima. El Gobierno debe entender de una buena vez que no se puede ver con una mirada desde Lima a todo el país, pues cada región tiene sus propias características. Sería bueno, también, que se decida a planificar la infraestructura de todo el país y disponga la ejecución de las obras más urgentes.

Resulta sintomático, pues, el bajón de cinco puntos en las encuestas experimentado por el presidente Martín Vizcarra, de acuerdo a un sondeo de opinión realizado por la empresa de estudios de mercado Ipsos. La población quiere saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué rumbo le va a dar el Gobierno al país y, sobre todo, como se va a reactivar el aparato productivo. Hablando en buen romance, que este gobierno demuestre pericia política y que no está a la deriva.

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