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Política

Uchuraccay y la verdad esquiva

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Uchuraccay

El 26 de enero de 1983 en Uchuraccay –una especie de comunidad campesina perdida en los mapas del Perú y en el tiempo- se produjo el asesinato de ocho periodistas, el guía y un comunero. Ellos fueron: Eduardo de la Pinella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán (de El Diario de Marka), Willy Retto y José Luis Mendívil (del diario El Observador), Amador García (Revista Oiga), Jorge Sedano (diario La República), Octavio Infante (diario Noticias de la ciudad de Ayacucho), el guía Juan Argumedo y el comunero Severino Huáscar.

La noticia recorrió rápidamente todos los medios de comunicación nacional e internacional. Se comentó mucho sobre la “Matanza de Uchuraccay” en las mesas familiares, en los colegios, universidades, sindicatos, plazas públicas, etc. inmediatamente el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry conformó una Comisión de Alto Nivel para investigar lo ocurrido.

Esta comisión fue integrada por el escritor Mario Vargas Llosa, el Decano del Colegio de Periodistas del Perú, Mario Castro Arenas y el jurista Abraham Guzmán Figueroa. La Comisión Vargas Llosa –como se le denominó- debería emitir un informe a los treinta días de su instalación pero, él mismo recién se conoció el 4 de marzo de 1983.

Según el Informe Final presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación:

“En 1981, la población de Uchuraccay era de aproximadamente 470 habitantes, de los cuales alrededor del 30% sabían leer y escribir, según la profesora Alejandrina de la Cruz Llamocca, quien tuvo a su cargo el censo de ese año en la comunidad. En la plaza del pueblo se ubicaban la casa hacienda, la iglesia, el cementerio, el cabildo y la escuela, y en sus alrededores vivían unas ocho familias. Hacia el este, en la parte alta de la plaza, se encontraba el pago de Wachwasaqa, y a unos 15 o 20 minutos a pie, Uchuraccaypata y Huantaqasa. Tikllaqocha y Wachubamba se encontraban a unos 40 minutos a pie de la plaza del pueblo…Ubicadas a más de 3800 msnm, las punas de Uchuraccay eran una zona de frontera entre la selva y los valles de Huanta y Tambo (véase mapa de ubicación de Uchuraccay). Una zona estratégica para el PCP Sendero Luminoso, que consideró dicho territorio como corredor para incursionar en esos valles desde el Rasuwilca, nevado y apu tutelar más importante del norte de Ayacucho que los miembros del PCP SL convirtieron en base de operaciones”.

Mejor dicho, los habitantes de Uchuraccay no eran los “más atrasados peruanos del territorio andino”. Por el contrario, gozaban de un apreciable 30% de alfabetizados en castellano. Porque, en el Perú, cuando se utiliza la condición de alfabetizado, se refiere directamente a personas que saben leer y escribir en castellano.

De esta manera, la llegada a la comunidad de otro castellano parlante, no significaría ningún problema para la comunicación. Mejor dicho, los comuneros de Uchuraccay, se encontraban en condiciones plenas de poder entablar un diálogo con periodistas llegados desde Lima y Huamanga. Aunque, la presencia senderista –y su respectivo accionar- determinó un rechazo o temor contra cualquier extraño o “visitante”.

El historiador Alberto Flores Galindo señala que:

“Hasta el primer mes de 1983, por Ayacucho deambulaban unos personajes incómodos, provistos de máquinas fotográficas y lapiceros, que bajo el pretexto de informar se ofrecían como eventuales testigos. El ejército comenzó a hostigarlos. El 7 de enero los corresponsales establecidos en Ayacucho protestan por la forma violenta en que se les impide realizar su misión. Días después, el 26 de enero, 8 periodistas y un guía fueron asesinados en Uchuraccay”.

La pregunta es ¿por qué los fotógrafos y periodistas empezaron a ser personajes incómodos en Ayacucho? La respuesta es que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry el 21 de diciembre de 1982, mediante decreto supremo, entregó el control del orden interno de Ayacucho a las Fuerzas Armadas, siendo el General Roberto Clemente Noel Moral designado como el primer Jefe del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia (diciembre de 1982- diciembre de 1983).

Uchuraccay

De esta forma, el Gobierno civil entregó la solución del problema a los militares. Aunque, el propio presidente Belaunde intentó una rendición senderista el 26 de diciembre. Sendero rechazó cualquier rendición y por el contrario, los primeros días de enero de 1983 asesinaron al alcalde Víctor Raúl Tapahuasco (Acción Popular) y al cabo de la Guardia Republicana Chávez Ruelas.

Entonces, el 14 de enero de 1983, un destacamento de los Sinchis –destacamento policial- incursionó en la comunidad de Vinchos y asesinaron a tres comuneros (Clímaco Portal, Zenobio Yupanqui y un NN) en sus domicilios. Además, se denunció la violación de una niña de 9 años. Un día después, otra patrulla de Sinchis, incursionó en la comunidad de Antasco (a 93 kilómetros de Andahuaylas) y dieron muerte a ocho comuneros.

Las incursiones y los asesinatos se hicieron “cosa común” en las zonas de emergencia, la autoridad civil había declinado su rol de Estado, entonces, la población tenía en los periodistas el único medio para denunciar cualquier abuso. Ser periodista o fotógrafo en Ayacucho desde 1983, se convirtió en la profesión más peligrosa del país. Ya anteriormente lo había sido ser profesor.

Jorge Luis Mendivil, periodista del diario El Observador, publicó el artículo Violencia, Suspenso y Recogimiento. La Pasión Según Ayacucho (5 de abril de 1982), donde escribió que:

“Algo que se ha repetido hasta la saciedad; que la actual violencia tiene mucho que ver con el estado de postración económica que hasta nuestros días sufren nuestras provincias. ¿Acaso el ejército podrá liquidar al hambre, ese principalísimo agitador terrorista?”.

Jorge Luis Mendivil fue uno de los ocho periodistas asesinados en Uchuraccay, el 26 de enero de 1983, un mes después que el gobierno central designara al General Noel Moral como Jefe del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia. Los analistas de medios de comunicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de seguro que habrán leído los artículos de Mendivil y conocían su posición sobre la intervención del ejército en la solución de la violencia política existente en Ayacucho.Fue un periodista que buscó tener una visión objetiva de la realidad. Ser objetivo es ser –muchas veces- peligroso. Un peligro inaceptable en ese lugar y en ese momento. Esa peligrosa objetividad lo llevó a cuestionar los comunicados oficiales sobre los hechos. Y, entonces, buscó acercarse a la realidad de las comunidades. Allí fue donde la muerte lo encontró. Cuestionar “la historia oficial” lo acercó a Uchuraccay, donde finalmente encontró la verdad.

El 30 de enero de 1983, el General Roberto Clemente Noel Moral, realizó una conferencia de prensa donde señaló que, los comuneros confundieron a los periodistas con elementos terroristas. Los comuneros por ser gente de poca cultura confundieron los lentes de las cámaras fotográficas con armas de fuego. Además, los periodistas portaban una bandera roja. De esta manera, los periodistas fueron asesinados por una suerte de “hombres buenos pero ignorantes”.

La Comisión Vargas Llosa en su informe llegó a la misma conclusión. Utilizando un lenguaje plagado de conceptos filosóficos y antropológicos concluyeron que los comuneros por su ignorancia, asesinaron a los ocho periodistas, al guía y a su acompañante. El círculo se cerró. Y, pese a que las fotos tomadas por Willy Retto demuestran que los comuneros dialogaron con los periodistas. El círculo sigue cerrado. 37 años después la verdad sigue esquiva.

 

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

Política

Otra vez a prisión

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Yehude Simon detenido capturado

No se lo esperaba. Por disposición de la jueza María de los Ángeles Álvarez, Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros, fue detenido de manera preliminar por 10 días a solicitud del fiscal José Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. Y fue allanada su vivienda en el distrito de Surco.

Asimismo, fue detenido Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones, hombre de confianza del expremier.

Las diligencias del Ministerio Público comprenden el allanamiento, por un plazo de 48 horas, de ocho inmuebles, cinco de los cuales se encontrarían vinculados a Simon.

El Ministerio Público requirió la medida restrictiva contra Simon como parte de las investigaciones por el proyecto Olmos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht durante su gestión como gobernador regional de Lambayeque.

Al exfuncionario se le atribuye la calidad de autor por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos agravado en organización. Según la Fiscalía, Simon habría realizado actos de transferencia, conversión y ocultamiento del dinero. La investigación se encuentra etapa preliminar y ha sido declarada compleja por tratarse de organización criminal.

De acuerdo a la tesis fiscal, al exgobernador regional de Lambayeque se le imputa hechos relacionados a la concesión del “Trasvase e Irrigación de Olmos” a favor de Odebrecht y de haber recibido presuntamente dinero de parte de esta misma empresa brasileña para su campaña electoral reelecionista en el 2006.

Además, el Ministerio Público sindica a Simon por haber hecho uso de codinomes (”Gorno” y “Terco”), para la realización de pagos ilícitos que provendrían del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht (la Caja 2).

MÁS IMPLICADOS

En esta historia de presunta corrupción el expremierYehudeSimon no está solo. Pablo Enrique Salazar Torres y Javier Málaga Cochellafueron señalados como los receptores de dinero de Odebrecht destinado a YehudeSimon.

Cuando Simon era gobernador regional de Lambayeque,Pablo Enrique Salazar Torres fue designado gerente del Proyecto Especial Olmos. Bajo su gestión se diola primera concesión de la obra a la Concesionaria Trasvase Olmos SA, de Odebrecht.

En el año 2008, cuando YehudeSimon era primer ministro del gobierno de Alan García, designó a Javier Málaga Cochella, otro hombre de su confianza, como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros.

DELITOS GRAVES

Según el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) “estos actos configuran el delito de colusión agravada, que es cuando el funcionario interviene o intercede con el particular para tener una retribución económica en perjuicio del Estado, y después se va a investigar como un delito de lavado de activos por el desbalance patrimonial que tendría YehudeSimon en el agravante de la organización criminal, bajo estas dos figuras penales, las dos penas sumadas llegarían a los 35 años”.

“No obstante por no tener antecedentes de ese tipo sería acreedor a una rebaja de la pena de 25 años que igual es una pena es alta”, destacó.

Para Quispe: “Simon tiene un desbalance patrimonial bastante importante, porque tiene 5 casas, entonces configuraría el delito de lavado de activos porque no va a tener como sustentar su compra. Porque recordemos que antes de ser presidente del Gobierno Regional de Lambayeque estuvo preso por el delito de terrorismo. Y fue indultado por la Comisión del Padre HubertLanssiers. Entonces, en un balance de sus ingresos, es complicado de que él pueda sostener cómo compró esas casas que hoy tiene”.

Yehude Simon detenido capturado

¿PRISIÓN PREVENTIVA?

“Culminados los diez días de detención preliminar, lo que procede en este caso es formalizar la investigación preparatoria, es decir judicialización del caso, acompañado de un pedido o de comparecencia o de prisión preventiva. En estos casos es usual que el Equipo Lava Jato, luego de tener una detención preliminarpida una prisión preventiva”, explicó el jurista de IDL.

Asimismo, afirmó: “Los delitos por lo que lo están investigando son graves por tanto se estarían cumpliendo los tres requisitos de la prisión preventiva: sospecha grave en el delito, la pena sería superior a cuatro años, porque llegaría hasta 35 años. Y finalmente el peligro de fuga y de obstrucción a la justicia, porque YehudeSimon no podría probar el trabajo que tiene, y la fiscalía le va a probar que tenga arraigo laboral, familiar, domiciliario y que sea urgente la medida”.

ALGO MÁS

“Si la Fiscalía tiene elementos que hay un peligro de fuga y de obstrucción a la justicia de YehudeSimon pedirá la prisión preventiva. Si no lo tiene como ahora lo ha deslizado, no lo va a hacer”, aseveró Quispe.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Promoverán política nacional de memoria por las víctimas

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Promoverán política nacional de memoria por las víctimas campesina

El Ministerio de Justicia está comprometido con implementar una política nacional de memoria, paz y reconciliación que genere aproximación y respeto hacia las víctimas civiles, militares y policiales del periodo de violencia ocurrido entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, afirmó el viceministro de Derechos Humanos, Daniel Sánchez.

“Hay una práctica nociva de usar el miedo al terrorismo para difamar y descalificar a personas, lugares o acciones que buscan reflexionar críticamente sobre nuestra historia reciente de violencia”, recordó.

“El terruqueo insulta la memoria de miles de víctimas civiles, policiales y militares y golpea a familiares que siguen sufriendo la indolencia de grupos que usan este término con fines políticos y sin sensibilidad humana. Así, no podemos construir ciudadanía”, añadió el viceministro.

De esta forma, hizo un llamado a colocar en el centro de las intervenciones a quienes resultaron afectados por la violencia, en el marco de la inauguración de la Casa de la Memoria Viva de la Asociación de Vivienda Nueva Amanecer que agrupa a familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante dicho periodo.

En marzo de 2019, el pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), integrado por representantes de 11 ministerios, la Asociación de Universidades del Perú, Colegio Nacional de Decanos y Profesionales del Perú y representantes de asociaciones de derechos humanos, aprobó los “Lineamientos para la construcción de una Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación”.

Dicho documento está alineado a políticas de reconocimiento como el Acuerdo Nacional y la Agenda Bicentenario, y será socializado en las regiones de mayor afectación en el país donde congregará a asociaciones de víctimas civiles, policiales y militares, representantes del Estado, universidades y sociedad civil en un proceso descentralizado y participativo.

Con ello, se generará una política pública para promover, garantizar y gestionar intervenciones y aproximaciones que dirijan al establecimiento de una agenda común orientada a garantizar el respeto a las víctimas del periodo de violencia, el rechazo a la violencia y construcción de una cultura de paz, la revalorización de prácticas y espacios de memoria a nivel nacional.

De igual forma, impulsará el reconocimiento de experiencias diversas en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y el establecimiento de pilares y garantías de no repetición con miras al Bicentenario.

Según la información del Registro Único de Víctimas, durante el periodo de violencia hubo alrededor de 228,000 víctimas civiles, policiales y militares; 5,712 comunidades sufrieron arrasamientos y pérdidas, y 146 organizaciones de personas desplazadas.

A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro consigna a 20,500 personas desaparecidas.

A la par del avance de las políticas de atención a víctimas implementadas desde la Ley N° 28592 del Plan Integral de Reparaciones y la Ley N° 30470 para la Búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, el Ministerio de Justicia sostiene que es importante considerar la dimensión y complejidad que la violencia tuvo en el país.

Por ello, subrayó, los procesos de memoria y conmemoración son diversos debido a las características culturales, generacionales, regionales, entre otras; o bien por el papel que tuvieron las víctimas civiles, policiales y militares durante el periodo de violencia.

En ese sentido, existe aún polarización o distancia que no permita aproximarse y abarcar oportunamente estos procesos.

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Política

Se buscará trabajar con Sunedu licenciamiento de programas de educación

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MARTÍN BENAVIDES

El ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que se buscará trabajar con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el licenciamiento de los programas de educación.

Esto con el objetivo de garantizar que los mejores docentes sean los que lleguen a las aulas. Comentó que en los últimos años se han destinado importantes recursos al sector educación con el objetivo de atender la problemática docente.

Asimismo, dijo que el Minedu viene desarrollando también una reforma muy importante con los institutos pedagógicos.

“La primera dimensión es garantizar que lleguen los mejores docentes al aula, para eso hay que trabajar en la formación inicial. Por ejemplo, queremos coordinar con la Sunedu el inicio del licenciamiento de los programas de educación, de manera que podamos tener mejores programas de educación en las universidades”, explicó Benavides.

“Hay que asegurarnos que los maestros se desempeñen bien en las aulas y para eso son todas las evaluaciones que se han hecho. Este año hay 14. Debo resaltar que para la prueba de ingreso a la carrera docente este año se ha batido el récord histórico de postulantes”, indicó.

ENFOQUE DE GÉNERO

Respecto a la aplicación de enfoque de género, que forma parte del Currículo Nacional, Benavides Abanto sostuvo que el objetivo primordial de esta herramienta pedagógica es “garantizar una mejor ciudadanía de la que tenemos, que las personas crezcan y promuevan la igualdad, la tolerancia, el respeto a la diversidad”.

Explicó que el Currículo Nacional promueve diversos enfoques, entre ellos el de género. Sostuvo que ante las dudas que podrían surgir alrededor de su aplicación estará dispuesto a conversar con quienes sea necesario.

“Asumo que, a su manera, algunos padres y madres entienden la educación de una manera distinta y hay que explicarles que el Estado tiene una responsabilidad: promover la ciudadanía tal como esta se entiende en el contexto actual”, aseguró.

Benavides señaló que los países que más avanzaron en la promoción de ciudadanía son aquellos donde el Ministerio de Educación asumió la responsabilidad de dar los mensajes adecuados en estos temas.

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