Augusto Lostaunau Moscol

A inicios de diciembre de 2020, los medios de comunicación anunciaban en inicio de la huelga médica para el miércoles 13 de enero de 2021, vale decir, se contaba con un poco más de un mes, para que el Poder Ejecutivo se sentara a conversar con la dirigencia de la Federación Médica del Perú. Ni el presidente Francisco Sagasti ni la ministra de salud Pilar Mazzetti lo hicieron. Y, simplemente, en medio de la denominada segunda ola y sin vacunas, la huelga inició. Los furibundos enemigos de los sindicatos y de los derechos laborales no podrán argumentar jamás que la huelga fue un capricho de los médicos, porque hasta los medios de comunicación más conservadores, de ultraderecha y progobierno, destacaron la realización de la medida de fuerza mucho tiempo antes que esta se inicie.

Así, por ejemplo, el diario Gestión, en su edición del 5 de diciembre de 2020, indicó que:

“La Federación Médica Peruana (FMP) anunció este sábado que reiniciará una huelga nacional indefinida a partir del 13 de enero de 2021, para exigir el incremento del presupuesto para el sector salud y mejores condiciones laborales para los médicos a nivel nacional…Godofredo Talavera, titular de la Federación Médica Peruana aseveró que esta medida de lucha no solo es del gremio médico, sino de todos los trabajadores de la salud”.

Vale decir que, en conferencia de prensa realizada 39 días antes, los dirigentes de la Federación Medica Peruana anunciaban su lucha gremial que tiene como exigencia el incremento del presupuesto al sector salud y mejorar las condiciones reales en las cuales los médicos -y otros profesionales del sector salud- realizan sus labores diarias. Mejor dicho, en plena pandemia, es el gremio médico quien le exige al gobierno del señor Sagasti aumentar el presupuesto del sector para poder enfrentar con mayor efectividad la emergencia sanitaria. Y, mejorar también las condiciones estructurales del sector. Médicos sin protección adecuada que conviven día a día con el coronavirus, ha dejado una cifra de 266 galenos fallecidos, según la cifra difundida por el Colegio Médico Peruano el lunes 18 de enero de 2021. Mientras muchos celebraban el aniversario de la capital, otros enterraban a sus muertos. Sólo en lo que va del 2021, han muerto 10 médicos (5 en Lima y 5 en regiones).

El diario El Comercio, en su edición del 7 de diciembre de 2020, sobre las demandas de los médicos señaló que:

“Talavera sostuvo que también existe un incumplimiento de los acuerdos que constan en actas respecto a la tercera fase de la escala salarial para todos los trabajadores del sector salud. En esa línea adelantó que realizará un plantón en las inmediaciones del Ministerio de Salud para exponer sus reclamos…La última vez que la Federación Médica Peruana realizó un paro en agosto de este año en reclamo de más equipos de protección personal y la ampliación de la cobertura del bono correspondiente al personal médico en el marco de la emergencia sanitaria por del coronavirus (COVID-19)”.

Desde que se inició la emergencia sanitaria -marzo de 2020- el gobierno de Martín Vizcarra como el actual gobierno de Francisco Sagasti, han dejado totalmente desprotegido a los médicos del ministerio de salud. Además, no han mejorado las condiciones de los hospitales públicos, lo que ha significado que muchos peruanos decidieran enfrentar la enfermedad recurriendo a las clínicas particulares, las cuales, han cobrado cifras desorbitantes por sus servicios profesionales. Impusieron la ley del mercado. A más enfermos (clientes que exigen demanda) y menor oferta de camas, los precios subieron hasta el capricho. No cabe duda de que el modelo económico actual asegura jugosas ganancias económicas para pequeñas minorías afortunadas. En esa coincidencia, debemos incluir a la exministra de economía, Antonieta Alva y a la ministra de salud, Pilar Mazzetti.

El miércoles 11 de enero de 2021, el mismo día que los médicos iniciaban su anunciada huelga, en Palacio de Gobierno, se realizaba una conferencia de prensa con la participación del presidente y algunos ministros. La Asociación Médica Peruana, en su portal, precisó que:

“En su conferencia de prensa del 13 de enero del 2021, el presidente Sagasti ha abordado tres grandes áreas con relación a la lucha contra el Covid-19: el diagnóstico de la situación de la pandemia, las propuestas para enfrentarla y la modulación del funcionamiento de la economía y del ejercicio de los derechos civiles y ciudadanos. Además, como una nota recordatoria final, ratificó su posición en contra de la “privatización” de la distribución de la vacuna. Sin embargo, eso ha sido percibido como un intento de encubrir el DS 002-2021-SA, que autoriza el registro sanitario para comercializar no solo vacunas, sino también medicamentos aún en fase III de experimentación, en contra del mandato de la Ley 31091. En consecuencia, como una muestra de coherencia, ese Decreto Supremo debería ser modificado o derogado”.

Vale indicar que la conferencia no sirvió para mostrar -por parte del ejecutivo- que el presupuesto del sector salud había sido incrementado considerablemente. Para demostrar que los bonos que se adeudan ya estaban siendo pagados. Que se había comprado el mejor material para la protección de los médicos y todo el personal médico que enfrenta los casos de Covid-19. No sirvió para mostrar las actas de las conversaciones con los dirigentes de la Federación Medica Peruana o con el Colegio Médico Peruano. Nada. Simplemente una de esas tantas conferencias de prensa que han servido más para la mofa y los memes que para mostrar el rol que esta cumpliendo el gobierno en la lucha contra los efectos mortales de la pandemia. Mientras las conferencias de Martín Vizcarra fueron bautizadas como “la danza de los millones”; las conferencias de Francisco Sagasti han sido denominadas “la hora del laberinto”.

Mientras tanto, la huelga continua. Y parece que es lo menos importante para la ministra Pilar Mazzetti, quien ha recibido el repudio de sus colegas profesionales. Siendo los principales perjudicados los miles de peruanos que enferman y no tienen la posibilidad de encontrar una cama UCI. Mientras los negacionistas siguen indicando que la enfermedad es un invento.

Hoy, jueves 21 de enero de 2021, a 9 días de iniciada la huelga, el portal de CNN en español indica que:

“Un grupo de médicos peruanos se declaró en huelga de hambre el martes exigiendo más inversiones en el sector de la salud y rechazando el manejo del país de la pandemia en medio del aumento de casos de la segunda ola de covid-19, según un comunicado del Sindicato Médico Nacional de Seguridad Social de Perú (SINAMMSOP) publicado el miércoles…Cerca de una docena de médicos del sindicato nacional de seguridad social han estado protestando frente al Ministerio de Trabajo de Perú, donde el grupo inició la huelga de hambre el martes…Fiorella Molinelli, presidenta del Seguro Social de Salud de Perú, no se ha pronunciado sobre las demandas del SINAMMSOP hasta el jueves. Actualmente lidera los esfuerzos del gobierno para adaptar los centros covid-19 de salud y aislamiento temporales para combatir la propagación del virus”.

No cabe duda de que ni en medio de la pandemia, el gobierno de Francisco Sagasti esta dispuesto a invertir en salud. Perjudicando a los más pobres. Es la continuidad del gobierno de Martín Vizcarra, quien tampoco mostró el mayor interés por invertir en salud pública. Además, es una herencia de 200 años de falta de un sistema de salud pública y una política nacional de salud. Ahora, bajo el discurso que impide al Estado invertir en salud porque se convertiría en un monopolio que afectaría el libre desarrollo del mercado, las consecuencias las están pagando las grandes mayorías. Y, ya las propias clínicas están desbordadas. Generando un nuevo problema a corto plazo. Pero, nada de eso le importa a la ministra Pilar Mazzetti. Ella, en su oficina, cuenta con más medidas de seguridad que sus propios colegas que se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Mientras los médicos se encuentran en huelga. Mientras miles de peruanos no tienen acceso a una cama y medicinas. Mientras miles de peruanos entierran a sus muertos, el diario El Comercio del martes 12 de enero de 2021, anunció que:

“La extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, asumió el cargo de directora global de COVAX y directora de proyectos en Acasus, una consultora especializada en trabajar con gobiernos para la mejora de la salud y la educación de millones de personas…Según el portal de la consultora suiza, Alva tendrá un trabajo relacionado a la plataforma COVAX Facility, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para la Vacunación (GAVI) para garantizar un acceso universal a la vacuna contra el coronavirus”.

Lo que podría ser considerada una burla para los peruanos, es una noticia verdadera. La señorita Alva, una de las culpables directas de la catastrófica situación que vive el Perú, será la directora del programa de la OMS para la vacunación gratuita. En el país donde la vacuna podrá ser comercializada y donde se gastó millones de soles en publicidad estatal; donde no se ha construido un hospital en 5 años, será ella quien dirija -sin ninguna experiencia- el programa de vacunación gratuita.

Y mientras los médicos siguen en huelga por culpa de Mazzetti, Alva, Vizcarra y Sagasti; algunos ven crecer sus cuentas bancarias. No cabe duda de que el Perú es el país de las grandes coincidencias. Son puras coincidencias. Sólo coincidencias.

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Augusto Lostaunau Moscol nació en La Victoria (1969). Historiador graduado en la UNFV. Magister en Administración (UAI). Docente universitario.

Augusto Lostaunau Moscol

El último fin de semana (17 de enero de 2021), la campaña electoral subió la temperatura y se calentó hasta convertirse en una nueva pandemia. La candidata presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, indicó -en un programa de televisión nacional- que, de ser electa presidenta del Perú en las elecciones generales del próximo 11 de abril de 2021, indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra cumpliendo una condena privativa de la libertad por delitos cometidos durante la década de 1990.

Inmediatamente, la temperatura se elevó y empezaron los comentarios a favor y en contra; las opiniones a favor y en contra; los análisis a favor y en contra. El país se dividió. No cabe duda de que el anuncio ha determinado que algunos sectores que se identifican con los actos realizados durante la dictadura fujimorista dejen la comodidad y se lancen otra vez al ruedo político electoral. También están aquellos que opinan en función de una posible estrategia de Keiko Fujimori por empezar a sanar las heridas internas que mantiene con su hermano Kenji y sus seguidores, quienes jugaron un rol muy importante en el frustrado indulto de la Navidad de 2017 y que significó la salida del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (marzo de 2018), luego de comprobarse que el indulto fue producto de un negociado por debajo de la mesa entre un sector de Fuerza Popular y el partido PPK para mantener a Kuczynski en el poder. Ese intento de indulto fue el detonante de un periodo de inestabilidad política que nos ha llevado a tener 4 presidentes en 5 años (bueno, hasta ahora).

Pero, la oferta electoral de indultar a su padre, también se puede leer como la aceptación de los delitos cometidos por el exdictador. Hasta hace un poco tiempo atrás, los fujimoristas se caracterizaron por desmentir la participación de don Alberto en los hechos delictuosos. Sostenía, y repetían, que el único culpable era el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien aprovechó de la amistad y la confianza brindada por un buen hombre sentado en la Casa de Pizarro.

Esa defensa llevó al propio sentenciado a gritar desaforadamente “Soy Inocente”, durante las audiencias. Grito que ha quedado grabado en la memoria popular como una forma bastante irónica de defensa judicial y una especie de burla a la verdad histórica.

Y, como anotamos, la promesa de indulto es prácticamente una aceptación de la participación directa y consciente de Alberto Fujimori en los delitos sentenciados por el Poder Judicial Peruano y confirmados a nivel internacional. Se acabó el negacionismo, ahora es mejor buscar una solución política a los años de cárcel producto de la sentencia firme que pesa sobre el convicto.

El fiscal español Manuel Carlos Jiménez Alarcón sostiene que:

“Con el perdón obtenido por el indulto, el reo extingue su responsabilidad penal total o parcialmente, luego lo que se perdona no es el delito cometido sino la pena en todo o en parte, distinción esta fundamental para distinguir al indulto de la amnistía (que siendo igualmente un derecho de gracia implica una vez concedida, la inexistencia de algo antijurídico o prohibido por la Ley, esto es, la inexistencia del ilícito o delito), por tanto la consecuencia lógica de lo que acabamos de decir es que mediante el indulto no se cancelan los antecedentes penales del reo que se ha beneficiado del mismo a diferencia de lo que ocurre con la amnistía que cancela los antecedentes y además restituye al amnistiado en todos los derechos de que gozaba en el momento en que fue condenado”.

La precisión que nos brinda el magistrado hispánico Jiménez Alarcón es doblemente importante. Por un lado, nos indica que el indulto es una figura legal que, al ser otorgada, el reo ve extinguir en todo o en parte la sentencia penal que se encuentra purgando. Aunque, el indulto no significa que los delitos cometidos desaparezcan legalmente. Por más que la señora Keiko Fujimori -de ganar las elecciones 2021- indulte a su padre preso, los delitos seguirán existiendo y sobre los mismos podremos investigar y escribir miles de artículos y libros. Finalmente, la verdad histórica siempre se ha impuesto sobre la verdad judicial.

Por otro lado, de alguna u otra forma, la desesperación de los fujimoristas es equiparable a la desesperación de la desaparecida organización política Sendero Luminoso, quienes se agruparon en diferentes movimientos y colectivos con la idea de inscribir un partido político en el Jurado Nacional de Elecciones, buscando lograr presencia en el Congreso de la República para promover una amnistía a favor de la cúpula de su organización que actualmente cumple cadena perpetua por los delitos cometidos durante un poco más de una década de violencia política que azotó al país. Pero, en caso de la amnistía -y siguiendo lo expuesto por el fiscal Manuel Carlos Jiménez- no sólo se cancela la pena, también el delito, por ende, los amnistiados, recuperan todos sus derechos. No olvidemos que, durante la década de 1930, el Partido Aprista Peruano cometió una serie de asesinatos (incluyendo el magnicidio del presidente Luis M. Sánchez Cerro) y atentados terroristas, siendo muchos militantes encarcelados, aunque durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, lograron indultar a todos sus presos. Es decir, el proyecto político que actualmente siguen las organizaciones a favor de la amnistía de la cúpula del desaparecido Sendero Luminoso, ha sido planificado a partir del estudio del caso del Partido Aprista Peruano.

Además, el fiscal Jiménez Alarcón señala que:

“El indulto no debe de concederse sino con pleno conocimiento de los hechos y de todas sus circunstancias, y después de un estudio detenido sobre las consecuencias que haya de producir, bajo el aspecto de la justicia, de la equidad o de la conveniencia social. Por esto se prohíben en absoluto y se declara la nulidad de los indultos que se concedan en términos generales y sin determinar la pena que se remite. Los indultos de este modo concedidos llevarán en sí mismos la prueba más incontrovertible de la ligereza o de la irreflexión con que han sido otorgados”.

Mejor dicho, de producirse un indulto al preso Alberto Fujimori, la supuesta presidenta Keiko Fujimori tendrá, necesariamente, que reconocer los delitos cometidos y por los cuales fue juzgado y sentenciado el reo beneficiario del indulto. De esta forma, el discurso fujimorista sobre la sola culpabilidad de Vladimiro Montesinos y de un aprovechamiento sobre un ingenuo don Alberto ya no podrá ser utilizado nunca más. El fujimorismo tendría que aceptar que don Alberto ordenó los actos de Barrios Altos, La Cantuta y los casos de corrupción. Mejor dicho, el indulto de Keiko será la sentencia histórica de don Alberto, del fujimorismo y la aceptación de la verdad histórica.

¿Estarán de acuerdo Hiro, Sachi y Kenji que, por la ambición de la hermana mayor por llegar a la presidencia de la república, la sentencia judicial actual sobre don Alberto, se convierta en una sentencia histórica sobre los Fujimori? Ya imagino a muchos actuales fujimoristas argumentando que “yo no sabía lo que sucedía en las esferas más altas del gobierno”.

Y, como sentencia el magistrado Manuel Carlos Jiménez:

“Por el indulto vuelve el delincuente a adquirir los siempre importantes derechos de que le había privado justamente la sentencia. Esta sola indicación es suficiente para demostrar cuán necesario es alejar hasta la sombra de la duda sobre los efectos que ha de producir la gracia que se otorgue”.

Un indulto es una gracia presidencial que se concede luego de estudiar, analizar e interpretar todas las posibles repercusiones de su aplicación. Un indulto no puede ser una promesa electoral. De cumplirse originará graves problemas en la gobernabilidad del país; de no cumplirse, originará graves problemas en la gobernabilidad del país. En ambas posibilidades, el Perú está en juego. La desesperación y la inmadurez irracional siempre ponen en riesgo a la sociedad peruana en su conjunto. Pero, frente a la desesperación y la irracionalidad de una candidata a la presidencia, se debe imponer el pensamiento crítico.

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Augusto Lostaunau Moscol nació en La Victoria (1969). Historiador graduado en la UNFV. Magister en Administración (UAI). Docente universitario.

Luis Manuel Ormachea Azpilcueta

Lo que cada peruano de a pie conoce acerca de la Deuda Externa es tan poco que casi en nuestra mayoría quisiéramos contentarnos con creer que pagarla es cuestión de honor.

Casi ninguna candidatura de la llamada izquierda ha propuesto razonar acerca de la diferencia dadaísta que con respecto a esa deuda existe entre amortización del capital y servicio de pago de intereses, y poco se explica por cuál extraño mecanismo un préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional se negocia a cambio de recortar el ‘organismo’ del Estado, legislar en contra de la propiedad comunitaria y el derecho laboral, y despojar de humanidad (la poca que permite este sistema) la definición del Derecho.

Para el de a pie la batalla es contra una corrupción dibujada a colores en los pasquines vociferantes que los grupos de poder distribuyen, nunca contra el proceso por el cual este inviable  Estado, montado sobre las viejas estructuras administrativas del virreinato, que creímos dejar de padecer, va siendo relevado en sus funciones, remplazado por los misteriosos diseños de reajuste económico (hojas de ruta, cartas de intención, manuales de buenos modales económicos) que cada cinco años el presidente elegido viaja a recibirlos en Nueva York.

A nosotros nunca se nos instruye acerca de si esa corrupción constituye principal herramienta del capitalismo cuando ajusta a su favor las trabas jurídicas que le impiden el habitual avasallamiento practicado para lograr su lucro inflacionario.

Para nosotros: el calvario de persecuciones (importantes, por supuesto; pero no fundamentales) sufrido por el candidato-caudillo en camino a su improbable proclamación presidencial, jamás para nosotros el necesario enjuiciamiento de la legitimidad de nuestra Deuda Externa, el cuestionamiento de su interminable trasmutación y resurrección, ni la progresión ‘trigonométrica’ de su crecimiento.

Fue por eso importante que una dirigencia partidaria (NP, viernes 14 de enero) invitara a Éric Toussaint a explicar cómo la privatización del ahorro público conlleva siempre a una quiebra conveniente de la economía que la adopta, y como ese relevo del Estado a favor del capital privado responde a una peligrosa radicalización del pragmatismo neoliberal cuya burbuja resultante podría arrastrarnos a un nuevo y peor retraimiento de la economía que el causado por la dolosa utilización del Covid como pretexto del que todos somos víctimas y del que estamos relativamente enterados (en términos de varias decenas de millones de soles entregadas a la gran empresa bajo fachada de ‘reactivación económica’).

Importante que Toussaint explicara el peligro de subordinar la producción a la especulación financiera sin que exista siquiera un Estado encargado de regular la relación que los vincula.

Importante, porque algunos ya nos atrevemos a preguntar si un marco legal no constituye germen de planificación y si su ausencia no presupone la soñada anarquía de posguerra en que se engendran nuevos o fortalecen los antiguos beneficiarios del endeudamiento a quienes se rinde, ya no un Estado (siquiera eso fabuloso-alucinante que regula-al-mercado) sino apenas un aparato de vigilancia coactiva y desalojo sistemático en periódica liquidación cuyos costos los asume el pueblo desde su redil de desheredado (de Patria, de recursos y de ahorros internacionales) consumidor infra-asalariado sin escapatoria posible.