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Política

Tribunal Constitucional y Corte Suprema petardean la lucha contra la corrupción

La ciudadanía debe estar alerta, hoy más que nunca, del cargamontón del que es objeto el Equipo Especial Lava Jato, que aplica la prisión preventiva a los corruptos en el marco de la independencia de poderes del Estado.

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Juan José Quispe

El jurista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa (IDL), remarcó que existe toda una campaña de demolición de diferentes sectores políticos, que pasa por el presidente del Tribunal Constitucional y luego por el Defensor del Pueblo, y otros altos funcionarios como ministros, congresistas, que se quieren traer abajo el proceso anticorrupción.

“Los fiscales tienen las pruebas judiciales respecto de los casos que están en su poder. Ahora le han tirado la pelota al Congreso para que modifique la ley del Código Procesal Penal referida al Artículo 278 que habla sobre las prisiones preventivas, el arresto domiciliario y demás figuras que tienen que ver con los casos de la corrupción de funcionarios”, precisó.

HAY 30,200 CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA

“Yo alerto a la ciudadanía, alerto al Perú, que prontamente van a ver cambios, no solamente en el ámbito del Congreso modificando normas, y que ya hay primeros indicativos la Corte Suprema de Justicia de la ejecutoria de casación (la 1445/2018) dada el 11 de abril emitida por la Sala Penal Permanente presidida por San Martín sobre el peligro de fuga”, explicó.

“Ahora, el presidente del Tribunal Constitucional que está opinando como si fuera un ciudadano de a pie a pesar de que su posición luego va a ser contrastada con alguna resolución que llegue a su despacho vía hábeas corpus de acción de amparo, como el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia”, remarcó.

“Todos están contra la prisión preventiva porque teóricamente es la última ratio, pero que solamente se está persiguiendo a diez casos de personas. Pero nosotros nos ponemos a señalar que el universo de casos con prisión preventiva, de presos sin sentencia, son 30,200 y nadie se ha preocupado por ellos”, declaró.

ENTROMETIENDO EN LA FISCALÍA

“Lo que quieren es que la prisión preventiva, que analizan teóricamente y no la práctica, sea una suerte de última ratio, cuando ni siquiera han leído el expediente judicial, y vean los casos de Keiko Fujimori, PPK, Alan García que ya está muerto, Ollanta Humala, del señor Nava, de Cornejo, de la señora Susana Villarán, verán que son casos muy excepcionales y donde aparece ya no solamente la Fiscalía sino el Poder Judicial, han encontrado elementos razonables de graves inculpados que los vincula con los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios”, subrayó.

“Pero sobre todo han encontrado -agregó- que esas personas tienen esa condición de poder fugarse del país o de perturbar las investigaciones. Todos dicen ‘pobrecito el señor PPK’, una persona de 81 años, a quien debe dársele arresto domiciliario, porque la norma así lo establece y su abogado así lo dice”.

“Yo le digo que la norma establece el arresto domiciliario en el Código Procesal Penal, establece que cuando a una persona se le debe imponer la prisión preventiva, pero que podría imponérsele el arresto domiciliario, le puede imponer siempre y cuando cumpla cuatro requisitos, uno detrás de otro: que tenga más de 65 años, el segundo es que tenga una enfermedad terminal, el tercero que tenga una incapacidad física y el cuarto que sea una persona embarazada”, declaró.

EL CASO DE PPK

“PPK encaja en el primer supuesto, pero la norma dice ‘siempre que’, un requisito sine qua non, un requisito que nunca falta que es que no perturbe las investigaciones. El juez no fue Carchuancho, a quien le decían el juez carcelero, fue otro juez. Pero la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional están petardeando al sistema anticorrupción”, señaló.

“Todos los investigados van a gozar de libertad, pero no se dan cuenta de algo: El arresto domiciliario es un saludo a la bandera, porque los juzgados irán a sus juicios orales, pero a la hora de la sentencia desaparecerán o fugarán del país”, sentenció.

“A mí me causa gracia cuando PPK dice: ‘Yo no tengo plata, me han congelado mis cuentas, no tengo cómo pagar a mis abogados’, debemos creer que el señor Nakazaki no le cobra un solo centavo por defender a PPK, hay que ser ilusos para creer eso. Los corruptos guardan su dinero a cuenta de otros”, agregó.

ALGO MÁS

“Además, no sería raro que esta semana se presente la casación a favor de Keiko Fujimori y que la próxima semana salga libre, gracias a la norma de la Corte Suprema”, concluyó el jurista Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Premier Zeballos debe explicaciones al país

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Vicente Zeballos

A pesar que el premier Vicente Zeballos, reaccionó de manera sorprendida, después que se hizo pública la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) de Odebrecht contra el Estado peruano e incluso calificó como frescos a los brasileños. El presidente del Consejo de Ministros siempre tuvo información de primera mano, respecto a este tema, sobre todo desde que era ministro de justicia en el año 2018.

El dominical Panorama reveló que mediante la resolución ministerial 516-2018 del 4 de diciembre de ese año, el entonces ministro de justicia, Vicente Zeballos aprobó la venta de la hidroeléctrica Chagllaque benefició a Odebrecht.

Cuatro días después de esta resolución que autorizaba la venta de Chaglla. Odebrecht decidió firmar el pre Acuerdo de Colaboración Eficaz. Entonces, queda la duda, si la venta de Chaglla habría sido una motivación para que Odebrecht aceptará culpabilidad de realizar sobornos en sólo 4 proyectos de infraestructura, menos en el Gasoducto Sur Peruano. Además de una serie de beneficios.

VOTÓ A FAVOR DE LEY DE REPARACIÓN CIVIL

En marzo del 2018 el Congreso de la República debatió la ley que regulaba el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. La ley establecía la posibilidad de vender bienes, activos o acciones, como ocurrió con Chaglla.

Esta ley fue promovida por el expresidentePedro Pablo Kuzynskyy sería el marco normativo que se aplicaría a Odebrecht, constructora que ya había reconocido el pago de coimas en nuestro país. Y le abría la posibilidad de realizar transferencias al extranjero, como ocurrió con los 524 millones de la venta de Chaglla. Zeballosera congresista por la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio, dio su voto a favor de estos procesos.

En julio de 2018 el presidente Vizcarra nombró como ministro de Justicia a Zeballos. Es decir, asumió el ministerio conociendo que existía la posibilidad de una demanda ante CIADI por el caso Gasoducto, el trato directo entre Odebrecht y el estado, en el 2017, ya había terminado sin éxito alguno.

Incluso el premier dijo hace unos días que estaba expectante la posibilidad de plantear o no una demanda, por parte del Estado peruano a Odebrecht ante CIADI.Si fuese así, por qué no se lo planteó al presidente Vizcarra antes que de Odebrecht haga uso de esta herramienta.

Acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficio - Carpeta de Colaboración Eficaz

MUCHA INFORMACIÓN PERO NINGUNA ACCIÓN

Como Ministro de Justicia Vicente Zeballos podía acceder a información de quién sería nuestro oponente en los tribunales. El Ejecutivo, amparado en la ley, tiene la potestad de establecer medidas de veeduría sobre información económica, contable y financiera de Odebrecht. La pregunta es: ¿Por qué no lo utilizaron estas opciones en beneficio del Estado?

Sin embargo, en diciembre de 2018 Zeballos firmó una resolución ministerial autorizando a Odebrecht la venta de Chaglla, el activo más importante que tenía entonces la constructora en nuestro país.

Cuatro días después Odebrecht decidió firmar el pre acuerdo de colaboración eficaz. Es decir, primero se aseguraron que el Estado autorizara la venta de su principal activo para luego estampar su firma.

En febrero del 2019 siendo aún ministro de Justicia, conoció el acuerdo de colaboración eficaz y la reparación civil, que en ningún momento cuestionó. La información le llegaba de primera fuente, porque la Procuraduría está adscrita a la cartera de Justicia. A pesar de la independencia de los procuradores, sabía los pasos que se estaban dando en el caso Odebrecht, incluso fue interpelado por el Congreso donde debió explicar el acuerdo de colaboración eficaz que él avaló.

La colaboración eficaz y la demanda ante CIADI tiene distintos responsables, la primera ha sido vista por los fiscales y el ex procurador. Mientras que la segunda, debe ser resuelta únicamente por el ejecutivo, que tiene la instancia Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Energía y Minas, los tres ministros que busco el exprocuradorRamírez para advertirles que Odebrecht plantearía la demanda ante CIADI

SE LA SABEN TODAS

El plazo de Odebrecht para presentar el arbitraje vencía a fines de enero pasado, pero esperó pacientemente que el Perú le transfiera los 524 millones de soles de la venta de la hidroeléctrica Chaglla. Odebrecht que se las sabe todas, recibió la transferencia en quincena de diciembre del 2019, se aseguró que el dinero estuviera en su bolsillo para anunciar a los fiscales y al exprocurador su intención de demandar al Perú por el Gasoducto.

A esto hay que agregar, que el exprocurador Jorge Ramírez,declaró que el premier Zeballos y el presidente Vizcarra, estaban al tanto de la reunión entre los ministros y los ejecutivos de Odebrecht en Perú. Según le confesó Juan Carlos Liu, exministro de Energía y Minas.

Aunque el premier Zeballos afirmó que “nuestro gobierno no negocia con corruptos”. La línea de tiempo de los hechos ocurridos indicaría que no es así, y que más allá de una supuesta ingenuidad del Ejecutivo para manejar el tema Odebrecht, habría habido una sospechosa permisividad con la corrupta empresa brasileña. Que es la que nunca pierde.

Odebrecht

¿ACUERDO DE COMPLICIDAD EFICAZ?

Según informó el semanario Hildebrandt en sus Trece, en el Acuerdo de Colaboración Eficaz firmado entre las constructora brasileña Odebrecht y el Estado peruano, a cambio de lo que se supone iba a ser una entrega masiva de información inmediata y sin reservas, Odebrecht obtuvo todos los beneficios por adelantado: la inmunidad absoluta, la devolución de 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, la posibilidad abierta de seguir contratando con el Estado, el control absoluto de todos sus bienes y activos en nuestro país, así como la exoneración de embargos, incautaciones y bloqueo de cuentas bancarias para la compañía y sus ejecutivos involucrados en actos de corrupción.

La Fiscalía dejó fuera del ámbito de negociación al Gasoducto Sur Peruano, lo que impidió que el Ejecutivo activara la cláusula anti corrupción. Porque la constructora brasileña sólo había reconocido formalmente el pago de sobornos en: la Interoceánica Sur, el Metro de Lima, la Vía Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco.

Y esto, a pesar que el fiscal Hamilton Castro, exjefe del Equipo Especial Lava Jato, advirtió mediante un documento, como refiere el citado semanario, fechado el 18 de julio del 2018, sus sospechas de que Odebrecht habría estado ocultando la verdad en la investigación del Gasoducto.

“Si la Fiscalía encuentra elementos no proporcionados por la empresa os sus funcionarios que permitan estructurar una investigación penal, es su deber constitucional hacerlo. Y en ese ámbito no existe deber de protección alguna, pues no se trata de delitos cuya comisión haya confesado”, informó Hamilton Castro al fiscal superior César Zanabria.

El exjefe del Equipo Especial Lava Jato se mostró de acuerdo en cerrar el convenio de colaboración eficaz con la empresa brasileña, pero estableciendo una cláusula que indique que, si en un plazo razonable la compañía no entregaba toda la información requerida, la justicia peruana podía revocarle todos los beneficios otorgados.

No obstante, Odebrecht no lo permitió, indicó Hildebrandt en sus Trece, suspendió la colaboración con el Perúy acusó a Castro de sabotear la cooperación internacional. También fue cuestionado por la prensa, días después, el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry lo removió del cargo.

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Política

Vizcarra debe entender que las cosas no se arreglan sacando ministros

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ZENAIDA SOLÍS

Las cosas no se arreglan sacando a ministros, y eso debe saberlo el presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó la congresista electa Zenaida Solís, al comentar la salida repentina de Flor Pablo del Ministerio de Educación.

“[¿Dan ustedes por hecho la cuestión de confianza al Gabinete Ministerial?] No damos por hecho nada. El Gobierno tiene que esforzarse, el presidente tiene que sentir que las cosas no se arreglan sacando a los ministros como los están sacando”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Un ministro que sale significa un nuevo ministro que entra a aprender sobre su cartera por tres o cuatro meses, y, cuando está terminando de aprender, lo sacan. ¿Qué hemos hecho? Esto es un retraso para el país, porque en educación y salud eso es criminal [el sacar a los ministros] y eso no se puede hacer. […] Nuestra premisa será exigirles a los ministros que trabajen”,

LA PREMISA NO ES TUMBARSE MINISTROS

Solís Gutiérrez refirió, no obstante, que la premisa del Partido Morado no será “tumbarse” a los ministros, como se hizo en la anterior legislatura. Sin embargo, refirió que se exigirá que trabajen por el país.

“Haciendo la salvedad que nosotros no ponemos por delante la interpelación de ministros, nuestro objetivo no será de ninguna manera tumbarnos al presidente o que tenga que irse antes de terminar su mandato, ni seguir tumbando a los ministros como ha venido sucediendo. Nuestra premisa no es interpelar y sacar ministros. Nuestra premisa es que los ministros trabajen, exigirles trabajo”, argumentó.

“No es posible que siga pasando cosas, no solamente en el ámbito de seguridad o educación. En todos los ámbitos, en el ámbito laboral. No es posible que el poste se caiga sobre una señora, que dos chicos limpiando un establecimiento se mueran ¿qué es eso? ¿dónde está la Sunafil?, ¿no existen ya?, ¿quién supervisa eso?. Como congresista quiero hacer fiscalización, quiero hacer control político y ver si funcionan algunas cosas para ayudarles a mirar a los ministros”, puntualizó.

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Política

Operadores de justicia se unen para lograr sentencias ejemplares

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Operadores de justicia se unen para lograr sentencias ejemplares

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, participó en la Mesa de Trabajo en Plan de Mejora para el abordaje de la Violencia contra la Mujer en el Poder Judicial del Cono Norte.

Esta reunión fue promovida por la Dirección de Violencia contra el Género del MIMP y contó con la asistencia del presidente de la Corte Superior de Lima Norte, Vicente Pinedo, y representantes de la Fiscalía y Policía Nacional.

La ministra Gloria Montenegro sostuvo que en el 2019 se presentaron más de 185 mil denuncias de violencia y que esto sería una demostración del sinceramiento de la cultura machista que existe en nuestra sociedad. Desatacó, además, la importancia de un trabajo articulado con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional

“Hemos visto cómo la violencia sigue causando estragos en nuestro país, pero tenemos que seguir trabajando, operando de manera articulada con todas las instituciones. Por eso el sistema de interoperabilidad es sumamente necesario de cara a contrarrestar todo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes de la familia”, dijo.

Agregó que las medidas de protección que se dan a las víctimas de violencia de género tienen que ser oportunas en este proceso de seguridad y convertirse en garantías que el Estado otorga a los que peligran y requieren de cuidados especiales.

La zona Norte, denominada “Lima Norte”, tiene una población superior a los 2´657,000 habitantes, lugar donde por factores culturales, sociales, económicos y de otra índole, cotidianamente se presentan conflictos intrafamiliares, derivándose de ellas agresiones y atentados a las integridades físicas y psicológicas, principalmente, en las mujeres, niños y personas adultas.

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