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Entrevista

Tras blindaje a “Cuellos Blancos”, Chávarry no debe quedar impune

Aunque tenga el respaldo del fujimorismo, violar el Código de Ética del CAL obligaría al Fiscal de la Nación a dejar el cargo, al que tanto se aferra, afirma jurista Cruz Silva, quien condena impunidad de Hinostroza y exconsejeros.

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Pedro Gonzalo Chávarry

Ni las multitudinarias movilizaciones contra la corrupción ni la propuesta de reformas constitucionales del Ejecutivo presentadas al Parlamento ante la crisis judicial y política, menos las denuncias en su contra han logrado que Pedro Chávarry se aparte de la titularidad del Ministerio Público.

Sin embargo, la denuncia hecha por cuatro ciudadanos, por violación del Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) puede sacarlo de su cargo.

Sobre cómo podría ocurrir eso y sobre el salvataje fujimorista al “hermanito” César Hinostroza y los exconsejeros del CNM en el Parlamento, Diario UNO, entrevistó a Cruz Silva Carpio, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto Defensa Legal (IDL), una de las denunciantes de Chávarry en el CAL.

Cruz Silva Carpio

Cruz Silva Carpio

—La Comisión Permanente no aprobó la acusación por pertenecer a una organización criminal a los exmagistrados del CNM y al juez supremo César Hinostroza…

—Es un serio golpe a la investigación que, con muchos problemas, un grupo de fiscales y jueces comenzó contra esta gran red de corrupción judicial. Porque la tesis principal, más allá de los delitos diversos e individualizados en los hechos es la de una red criminal, y así es como lo hemos escuchado en los audios.

Y eso en el Derecho Penal está presentado como el delito de pertenencia a una organización criminal, y sobre ese delito es que ya en el Callao se ha venido investigando y se vienen dando colaboraciones eficaces que corroboran esa tesis según lo que hemos tenido conocimiento.

Esta red involucra diversos actores, medianos, pequeños y grandes, estos últimos son justamente los supremos y los consejeros. Entonces si a estos altos funcionarios que, de acuerdo a la tesis que maneja un grupo pequeño de la Fiscalía, pertenecen a una red de corrupción, cómo es posible que ni siquiera se le dé la oportunidad al Ministerio Público de seguir investigando la pertenencia a una investigación criminal.

¿Las sanciones debieron ser más drásticas, como muchos creen?

—Los indicios existen y los hemos escuchado, pero esta decisión de una mayoría fujimorista pone en serio riesgo lo poco que se había avanzado en esta gran investigación de red de corrupción judicial.

Lo segundo es que esto ha demostrado por los votos cuál es el partido político que está apoyando esta situación de impunidad. Cierto es que han sido destituidos los consejeros, se les ha removido, se les piensa inhabilitar, la verdad es que esas sanciones frente a los hechos y a las violaciones de los derechos cometidas son insuficientes.

La sanción adecuada era, en efecto, los años de cárcel que se otorgan por la pertenencia a una organización criminal y además es de acuerdo al derecho a la verdad, aquí no hay hechos aislados de personas que nunca coordinaron entre ellas, sino un grupo que está siendo declarado impune en este aspecto por las bancadas del fujimorismo y el aprismo.

Se evidencia el apoyo político partidario, ya no solo en esto central que es la investigación penal por pertenencia a una organización criminal, sino que además ya ha venido siendo identificada cuando los diversos actores han estado recibiendo el apoyo expreso de estos partidos desde un inicio.

—¿Qué faltó para que el informe del parlamentario Pacori sea más contundente?

—Hay causas que el Congreso no está diligenciando. Por ejemplo, y es una de las cosas que también hay que subrayar, que el informe Pacori no está relacionado con la denuncia que el fiscal supremo Pablo Sánchez presentó y que refuerza y ahonda la tesis de la pertenencia a una organización criminal de estos altos funcionarios.

Esa denuncia que hizo este fiscal supremo que está trabajando de manera coordinada, según sabemos, con las fiscales que desde un inicio comenzaron a investigar todo esto a partir del caso concreto de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Hasta hoy esa denuncia no se ha encargado a ningún congresista para que la pueda evaluar y presentar su informe de hechos y de derechos, y ver si es que hay o no responsabilidad. Esa denuncia ha quedado de lado. Entonces, la pregunta es ¿por qué? y la segunda pregunta es ¿a qué congresista de concretarse esta acción le va a tocar? Y si es que le toca a alguien que ya ha señalado, con todos los indicios, que los investigados no pertenecen a una organización criminal, pues ese informe simplemente va a ser encarpetado.

—Además hay personajes que están pasando inadvertidos…

—Hay que tener en cuenta eso, la sola inacción respecto de esta denuncia del fiscal Sánchez dice mucho de hacia dónde está girando la historia.

Y dicho sea de paso hay otros actores supremos que no están siendo denunciados y que no están siendo investigados por el Congreso, estando a tres meses de este escándalo. Por ejemplo, no sabemos nada de los fiscales supremos que sostienen a Pedro Chávarry en el cargo, tampoco sabemos qué tipo de responsabilidad tiene Tomás Gálvez en todo este asunto, qué tipo de responsabilidad tiene Víctor Rodríguez Monteza a quien se le escuchó en un audio hablando con Mario Mendoza, y que renunció a raíz de esto.

Son otros actores que se están escapando, hemos escuchado también en los audios a Ángel Romero Díaz (expersonero legal del Apra) y no se sabe nada respecto de él, entonces hay que ver también lo que está a los costados de estas acciones, lo que no se está haciendo. La evaluación de las denuncias de Pablo Sánchez y los otros supremos, que es el tema de la investigación, los magistrados de otros rangos están siendo procesados.

Aquí es el poder que está protegiendo a la más alta magistratura, parece porque está involucrada con el poder político. De acuerdo a los audios y las investigaciones que se han revelado en estos días, en la Suprema hay claramente magistrados, que están relacionados tanto con el partido fujimorista, como el caso de Hinostroza por ejemplo, y Romero con el Apra. Tenemos al Fiscal de la Nación que recibe el apoyo de la bancada fujimorista.

Entonces tenemos a grupos de la magistratura que están relacionados con estas bancadas político-partidarias y que serían la razón por la que las cosas no están avanzando como deben avanzar. Estas sentencias están, estos actores van a salir pero eso en nada asegura que los otros actores olvidados vayan a ser también sancionados y denunciados.

—Hay políticos como Mauricio Mulder y Héctor Becerril que parecen intocables…

—Exacto, por eso tampoco nada asegura la sanción debida al actor político que se está olvidando. Qué hay por ejemplo del congresista Mulder, por qué no se investiga más ese indicio relacionado con el audio. Qué pasó con Héctor Becerril que se ha paseado el debate del informe sobre su denuncia constitucional. Entonces el actor político está pasando desapercibido.

Haciendo el balance, tenemos que están emitiéndose algunos resultados para la tribuna, para saciar las exigencias de impunidad supuestamente, pero se está dejando de lado lo más importante, el actor político, los otros actores supremos que van quedando, sobre todo el Fiscal de la Nación.

— Guido Aguila, exconsejero del CNM, dijo que el Instituto de Defensa Legal (IDL), Ernesto de la Jara, IDL-Reporteros y tú tienen un ánimo persecutorio por las tachas que le pusieron cuando aún él era candidato, incluso indicó que ustedes habrían abogado por algunos magistrados ante él y que esa era una razón por la que lo acusaron de una manera injusta…

—El IDL desde hace 34 años siempre ha hecho investigación y siempre ha publicado los cuestionamientos o los antecedentes de todos los postulantes a las altas esferas del sistema de justicia, sea los supremos o los consejeros, siempre hemos hecho la investigación, hemos publicado y muchas de esas investigaciones se han concretado en tachas, que son el vehículo ciudadano para participar de los procesos de elección.

Esas tachas, muchas, se presentaron por escrito y no hacían más que reflejar lo que se decía públicamente, pero nuestra labor de fiscalización además se complementa con explicar porqué lo estamos señalando. En efecto, lo que hacemos es solicitar de manera pública y en las reuniones que hemos tenido con los consejeros les hemos señalado que presentamos nuestro escrito, donde están las preocupaciones por tales candidatos y les indicamos por qué.

—¿Una suerte de venganza contra ustedes?

—Así ha sido, transparente, entonces lo que ha sido una razonable audiencia ante una autoridad para explicar las preocupaciones públicas que tiene un ciudadano, el señor Guido Aguila lo pretende mostrar como si fuera una interferencia ilegal en un proceso de selección de magistrados.

El señor Aguila confunde esto a propósito, esto se debe a que desde que Aguila comenzó a postular al cargo, le identificamos diversas irregularidades antes y durante su función como consejero. Los diversos conflictos de interés, lo relacionado a los cuestionamientos cuando emitió los nuevos reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura, la contratación de gente de Egacal (escuela de estudios jurídicos de propiedad de Aguila y de su esposa) durante su periodo de gestión en el CNM, situaciones en las que él no se ha inhibido.

Esa es la razón por la que Guido Aguila se va en contra de esta fiscalización ciudadana, en vez de tener una actitud abierta como toda autoridad democrática, lo que hace simplemente es atacar y difamar, pero el descubrimiento de las publicaciones que después vino por los “CNMaudios” corroboran, lo que antes habíamos señalado de diversas formas.

—¿En qué consiste la denuncia que has presentado junto a otros ciudadanos al Colegio de Abogados de Lima al fiscal Pedro Chávarry por violar el Código de Ética?

—Si hay un abogado incurre en la mentira, quiebra esa función originaria de la profesión que es la búsqueda de la verdad, entonces ese es uno de los primeros deberes que Chávarry ha violado al decir en su momento: “No me reuní con los periodistas, no tengo nada que ver con Hinostroza”, y al indignarse incluso cuando la prensa le preguntaba al respecto, y a esto se le suma los agravantes del escenario de la crisis judicial y del cargo que él ostenta, que es el de Fiscal de la Nación. Y después él mismo confirma que mintió por las razones, según él, justificadas que era proteger a la institución pero nada más falso, porque ha agravado la crisis y ahora el 73% de la población no le cree, eso ha golpeado la legitimidad institucional.

Y no es poca cosa decir que mintió si es que uno analiza sobre qué mintió, cuando tiene el deber según el Código de Ética de su colegio profesional de no mentir. Chávarry con esta mentira no solo ha violado este deber de veracidad, sino que también ha vulnerado otro deber que es el de la probidad e integridad.

En este caso evidenciado en un escenario de crisis, tenemos la oportunidad de hacer algo simple, que es aplicar la ley. Y esto, en el CAL, ya se le ha aplicado a los exconsejeros del CNM.

—Entonces hay un precedente importante…

—Por eso el Colegio de Abogados de Lima no podría hacer una diferenciación entre los exconsejeros y el fiscal Chávarry, ellos están suspendidos como abogados mientras duren las investigaciones. Este es un precedente importante.

No solo estamos pidiendo la suspensión provisional de Chávarry, lo que estamos pidiendo además es la inhabilitación de la colegiatura por hasta dos años, por la gravedad de los hechos. Lo increíble es que por esta denuncia Chávarry nos acusa de pertenecer a grupos que defienden la corrupción. De su parte es una reacción desesperada, porque si él queda sin colegiatura, ningún cargo que requiera ser abogado puede ser ejercido y eso significa que no podrá ejercer como Fiscal de la Nación. La resolución del CAL se resolverá máximo en un mes.

ALGO MÁS

El próximo lunes Cruz Silva de IDL y la periodista Romina Mella de IDL-Reporteros se presentarán en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colorado, EE.UU., para exponer sobre la impunidad con respecto a esta crisis judicial. Y los ataques que recibieron los periodistas de investigación, ni bien publicada esta historia.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

Actualidad

“Se está criminalizando la pobreza y la miseria”

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“Se está criminalizando la pobreza y la miseria”

Hambre y miedo sienten decenas de miles de perua­nos que desde que empezó el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, tratan de llegar a sus pueblos de origen. Sobre este delica­do tema conversamos con la presidenta de la Comisión de Inclusión del Congreso, Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, quien criticó el des­empeño del Ejecutivo en esta crisis social que parece no ser prioridad.

_La pandemia del Co­vid-19 tiene consecuencias fatales en salud y la eco­nomía pero también en lo social ¿Qué siente usted al ver la dura travesía de los peruanos que buscan retornar a sus lugares de origen?

_Es muy impactante, como para cualquier ciuda­dano creo yo, el hecho que primero nos sorprenda la pandemia, con las medidas tan drásticas que se dieron, pero también estamos viendo como estos peruanos tengan que salir por sus propios me­dios para ir a sus casas en sus lugares de origen pese al ries­go que ello implica y a la vez sin que haya una respuesta efectiva del Estado.

_El congreso ha ex­hortado al presidente de la República y a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a encontrar soluciones al problema de los desplazados ¿Se ha avanzado en el tema?

_Nosotros hemos perci­bido una respuesta tardía del Estado. Recuerde que cuando empezó el estado de emergencia el gobierno dispuso medidas para el retorno de peruanos que estaban en el extranjero, pero para la gente provinciana que quería retornar a sus pueblos hubo una respuesta hasta después de 30 días en que sacaron un decreto que permitía el retorno de una manera coordinada con los gobiernos regionales. Fue una norma bastante floja e imprecisa que generó que la gente se volcara a las calles y las carreteras pero sin un medio logístico y no había coordinación con los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo el gobierno regional de Cajamarca cerró su frontera, por eso es que hay gente que se quedó varada.

_¿Cómo están trabajando con los ministerios de la Mujer o de Inclusión Social?

_Nosotros hemos citado a la ministra de Poblaciones Vulnerables, a la ministra de Inclusión Social, al encargado de Gobernanza Territorial. Creo que los ministerios están respondiendo de manera muy sectorializada, cada uno en determinado punto, sin coordinación y menos que uno lidere esta política. Esto es sumamente preocupante, la que debió asumir esta tarea es la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque este ministerio es el encargado de ver los desplazamientos forzosos. Lo que a mi me preocupa mucho es que la ministra no ve esto como un desplazamiento porque no es consecuencia de la violencia. Es preocupante que no haya un liderazgo en este caso.

_Desde Independencia un numeroso grupo de peruanos iniciaron la marcha hacia Ucayali ¿Qué esperaría el gobierno, que se reabra el transporte interprovincial para que retornen?

_Lo peor es que no hay una disposición clara, porque cuando el Congreso ha pedido información al gobierno o a los ministerios, nos han dicho que en determinados lugares donde hay mayor proliferación de virus se iba restringir los retornos, pero eso no se ha dicho a la población. En Huampaní, por ejemplo quieren, retornan a Loreto, están desesperados, pero no se puede y el Estado responde con represión. El MuMinisterio
de Transportes ha dicho que en julio se reabre el transporte interprovincial y creo que eso está esperando. Cuando se reabra el transporte debe haber una política clara de preferir a la gente que está queriendo retornan a sus domicilios, incluso una subvención económica porque muchos no tiene ni para comer.

_¿Cómo se puede ayudar a quienes están aún en Lima?

_Nosotros hemos conversado con la ministra de Inclusión Social para que verificar estos grupos de desplazados, hacer un registro y tratar de apoyarlos con bonos pero no hemos tenido respuesta. Esta es la gente que de verdad necesita ayuda, hay que tener en cuenta lo que dijo el presidente Vizcarra que no se va a poder cobrar los bonos si no están en sus lugares de origen, donde figura su dirección. En muchos casos la gente regresa a sus tierras porque empieza la temporada de cosecha, pero como hacen ahora para regresar a sus pueblos.

_¿Se sabe cuántos peruanos in iniciaron el desplazamiento y de ese grupo cuantos han retornado efectivamente?

_La ministra de Inclusión social nos hablaba de 180 mil, el viceministro de Gobernanza de 270 mil, y de cuantos han regresado hace como un mes el viceministro de Gobernabilidad nos decía que habían retornado unos 60 mil. A ellos hay que agregar a quienes se desplazaron por sus propios medios.

_¿Qué opinión le merece el caso de estas personas que en Lima salen a vender a la calle y son perseguidos por la Policía y Serenazgo todos los días?

_Primero como congresista y como una persona que viene de los movimientos de Derechos Humanos, y como presidenta de la Comisión de Inclusión Social, y lo dije en el día de la cuestión de confianza, no podemos criminalizar la pobreza y la miseria, lo que está haciendo el gobierno en este momento es criminalizando la pobreza y la miseria. La gente está saliendo a las calles porque no tiene que comer y el estado responde con represión, o le quita su mercadería, o los detiene. El estado debe buscar los mecanismos para ayudar a esta gente, si no quiere dar el bono universal personal, no puede reclamar porque la gente salga.

 

ALEJANDRO ARTEAGA
Editor Actualidad

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Entrevista

“Habría preguntar al alcalde Forsyth si se acercó al Mercado de Frutas”

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“Habría preguntar al alcalde Forsyth si se acercó al Mercado de Frutas”

Jaime Zegarra, abogado de la Aso­ciación de Defensa y Modernización del Mercado de Frutas señala a la gestión edil de George Forsyth y la administración del mercado como los responsables del caos en que funciona y que ha posibilitado el contagio del Covid-19. Afirma que hay intereses de por medio y advier­te que hay una sentencia del Poder Judicial y del TC que ordenan el traspaso del local a los comercian­tes. Por su parte, los comerciantes afirman que tienen un millonario proyecto para modernizarlo y que todo depende del alcalde.

_Ayer se realizaron pruebas a los comerciantes del Merca­do de Frutas en medio de un gran desorden, gran cantidad de personas y malas instala­ciones ¿Por qué este mercado funciona así?

_Este desorden viene de hace muchos años en razón de la muy mala gestión administrativa que tiene. Las personas que están a cargo de la administración solo se preocupan en cobrar cupos a los camiones que ingresan, cobrarles por el tonelaje que cargan y por el ingreso y salida de los estibadores. Este monto de dinero que cobran va directamente a sus arcas y no dan cuenta a nadie, obligan a los usuarios del mercado a pagar ese cupo, la ley de tributación muni­cipal señala que está prohibido el cobro por el ingreso y pesaje de mercadería en todos los mercados públicos pero este señor hace caso omiso de la ley.

_El administrador temporal es el señor Willy Cuadros?

_Willy Cuadros y toda la gente que lo acompaña en la adminis­tración que son 3 o 4 personas más. Ellos no son comerciantes, no son estibadores, no son nadie en el mercado y ellos obligan a pagar a los comerciantes. Si ellos hubieran aplicado un plan o proto­colo para evitar el contagio de esta enfermedad, perdían dinero porque tenían que restringir el ingreso de usuarios. A él no le interesó la salud de la población, no solamente de los comerciantes, ni de usuarios. El Mercado de Frutas ya colapsó entra demasiada gente, no hay control. Ese masivo ingreso convirtió al mercado en un foco infeccioso, el Mercado de Frutas es un puerto de la fruta, por allí pasa la fruta para todo el país, este señor no tuvo ningún tipo de cuidado a sabiendas que la gente se estaba contagiando y en otros caso muriendo

_Algunos comerciantes ma­nifestaron que vienen pidiendo al alcalde de La Victoria, George Forsyth, que les traspase el mer­cado porque hay una sentencia judicial que lo ordena.

_La podredumbre, el desorden y la superpoblación en la cual se encuen­tra el mercado, independientemente de la actual administración, no puede evitar señalar a la actual gestión mu­nicipal de La Victoria. Porque ellos de acuerdo a sentencia del Poder Ju­dicial y del Tribunal Constitucional tienen que transferir el mercado a los comerciantes. El actual alcalde ha encontrado un sin números de pretextos que en nada justifican que no cumplan con traspasar el mercado.

_ ¿No se ha hecho nada en la gestión del alcalde George Forsyth por fiscalizar u ordenar el Mercado de Frutas?

_Sería bueno preguntar a la actual gestión municipal si tiene el padrón de comerciantes, si alguna vez se ha acercado al mercado a pedirles su certificado sanitario, a ver si así cumplen con las normas de limpieza propias que la municipalidad exige a cualquier mercado público. No existe el principio de autoridad, no existe la municipalidad como administración, como fiscalización, ese mercado es zona liberada. La propia organización criminal de “Los Intocables Ediles”, de la cual está preso el anterior alcalde (Elías Cuba), ellos aceptan que recibían dinero del Mercado de Frutas para que siga así. Ya estamos más de un año y medio de la actual gestión municipal y la situación no ha cambiado en nada.

_ ¿Y porque cree que no se ha hecho nada hasta ahora?

_Precisamente la pregunta que deberíamos hacernos es porque esta gestión municipal no ha hecho nada por reorgani­zar el mercado y hacer cumplir la ley de transferir el mercado a los comerciantes para que ellos organizadamente modernicen el mercado y no esté en la podredum­bre en la que se encuentra que ha sido un caldo de cultivo para el Coronavirus. ¿Quién no quisiera que el mercado se modernice? La actual administración del mercado no quiere porque pierde su dinero y la gestión municipal no quie­re privatizarlo. Las veces que he escuchado al alcalde responder sobre porque no hace algo por el mercado es que “está judicializa­do”. Esa es la principal respuesta al problema que tiene Lima a la principal despensa de frutas que tiene todo el Perú.

_El alcalde de La Victoria ha dicho que no hay dinero, que el municipio está quebrado.

_ Yo no entiendo que el distri­to de La Victoria o el municipio esté quebrado. Se mueven miles de millones al año en el rubro de la confección como en otros rubros. Si el señor no sabe qué hacer, ese es su problema. Si el señor no sabe cómo administrar su distrito yo no se qué está ha­ciendo allí. La verdad el señor solo sale para quejarse, entonces para que se metió.

UN MERCADO MODERNO. El comerciante Joel Estrada dijo a principios de año que los co­merciantes cuentan con capital para modernizar el mercado de Frutas. Este proyecto comprende entre otras cosas en la edificación ecológica de un centro mayorista de frutas, de tres pisos y tres ni­veles subterráneos, con tiendas amplias, cámaras frigoríficas, almacenes, zonas de embarque, ramplas estacionamientos, ascen­sores de carga y pasajeros.

 

ALEJANDRO ARTEAGA
Editor Actualidad

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Entrevista

La Constitución fujimorista es el sostén del saqueo al país

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Para Fernández ‘los de abajo’ deben organizarse y exigir los cambios que necesitan.

Sabe desnudar con habilidad práctica su pensamiento político, habla como un inconfundible constituyente trotskista del 78, y, por supuesto, no guarda muchas ilusiones por el Congreso que lo acaba de juramentar, menos cree en el gobierno del presidente Vizcarra, pero tampoco le regala flores a la Izquierda. Dueño de una respetada personalidad forjada desde sus días de dirigente sindical, su mejor carta de presentación es su intachable conducta política, difícil de encontrar en estos tiempos de escandalosas denuncias por corrupción.

Sencillo, como vecino de uno de los barrios más clásicos del Rímac, el congresista Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio, no piensa pasar desapercibido en el nuevo Parlamento, sobre todo porque una de sus mayores aspiraciones como legislador, es desaparecer la Constitución fujimorista, que, según él, es madre de todas nuestras desgracias como país en los últimos tiempos.

—¿Cuándo se jodió el Perú, congresista Fernández?

—Desde que nos invadieron los españoles, destrozaron una cultura impresionante para traer sus males y el capitalismo. Precisamente, Marx lo menciona en su ‘Manifiesto’, que la circunavegacion del África y el descubrimiento de América le dieron un potencial a la burguesía para desarrollarse. Ahí se jodió el Perú, cuando dejó ese socialismo incaico, para ser invadidos con una cultura ajena.

—¿Por qué el Perú no pudo repetir experiencias de otras tierras invadidas que se levantaron de esa opresión y lograron desarrollarse?

—Sí, pero acá no dejaron piedra sobre piedra los españoles. Montaron la nueva cultura sobre la anterior, incluso hay monumentos simbólicos que lo demuestran en el Cusco, representa el avasallamiento de todo lo nuestro. Ahí se perdió lo que era el Perú. ¿Y por qué no se ha podido reconstruir? Porque se aceptaron las tesis europeas, como el ‘Estado Nación’, en un país donde había nacionalidades distintas, lenguas distintas, nos impusieron el ‘Estado Único’. Más bien hoy empezamos a sacudirnos, comenzamos a reconocernos, demora, pero hay que tener en cuenta que es un daño de 500 años.

—Y esa tragedia histórica ¿Tiene alguna lógica para que ahora nos lleve a este desenfreno de corrupción y políticos vendidos?

—Cuando la clase dominante pierde la progresividad que la hizo surgir, entonces viene el deterioro de la sociedad. Si no hay cambio y transformación cada día se deteriora más, porque este es un sistema que pide a gritos que lo cambien.
Esa descomposición se da porque todavía no hay el ‘sepulturero’ que entierre lo que está podrido. Los ‘sepultureros’ somos los oprimidos del país. Es decir lo putrefacto de este sistema está sin enterrar, los transformadores somos los que deberíamos enterrarlo, pero para eso necesitas herramientas: como un partido revolucionario, las masas oprimidas organizadas, la forma que la propia situación determine.

—¿Se le puede seguir llamando ‘lucha de clases’ o ya no?

—La ‘lucha de clases’ tiene distintas manifestaciones; así digan que ya no existe, existe; lo que pasa es que cambia sus ejes. Yo entiendo la ‘lucha de clases’ como la lucha permanente entre el oprimido y el opresor. El opresor es un sistema y los oprimidos somos los que vivimos en esta situación.

—Eso no ha cambiado mucho en el tiempo.

—No ha cambiado mucho, por eso Marx (Karl Marx, filósofo padre del ‘marxismo’, socialismo científico) dijo: proletarios del
mundo uníos. Así lo entendieron los clásicos del pensamiento revolucionario socialista, por eso es que tenían la ‘Internacional Socialista’, para instrumentar eso.

—Con esos antecedentes ¿Cuál es el problema de fondo de la Izquierda en el Perú?

—El problema de nuestra Izquierda es que no ha entendido eso, es una Izquierda formada de la deformación, de una teoría nada real de socialismo.

—Quiere decir que los nuevos militantes no saben qué significa ser de Izquierda ¿Falta educarlos?

—Si. Yo no diría educar, sino más bien actualizarlos sin perder lo anterior. Yo creo que habría que estudiar a fondo, dónde empezó a decaer todo.

—¿Hay trabajo sobre ese aspecto al interior de la Izquierda?

—Muy poco. Yo diría casi nada. Curiosamente estoy notando que hay una nueva hambre de conocimiento en los jóvenes. Acabo de tener la semana pasada una reunión con 10 jóvenes y me he quedado sorprendido de su brillantez, solo con un poco de sentido común. Hay una inquietud por explicarse, el porqué de las cosas en el mundo comunista. No es masivo, pero mientras quede una velita prendida, las revoluciones son contagiosas.

—Ideológicamente entonces, ¿Qué llevará al nuevo Congreso el Frente Amplio (FA)?

—El Frente Amplio agrupa a distintas gente de pensamiento y organizaciones, ahí tienes gente de izquierda, ecologistas, gente que ama a los animales, distintas corrientes. Entonces no es un frente de ‘izquierda izquierda’, es un frente que lo integra gente de izquierda, pero también hay otra gente. Ahora, el Frente Amplio que yo conocì años atrás, es muy distinto del que comienzo a ver ahora. Hay también la reflexión de, ¿a dónde vamos?

—Como ha quedado conformado el Congreso, ¿Tiene usted un balance?

—Yo creo que hay muy pocas posibilidades. En este tipo de democracia liberal, burguesa, los Congresos del planeta están cuestionados porque no logran empatar con los sentimientos de la gente. Acá en el Perú no es problema presentar ochenta mil proyectos de ley y que te los aprueben, no basta tener la razón o la ley en la mano, sino la fuerza para que lo apliquen o exigir su cumplimiento. Aquí tenemos un ley que dice que debemos trabajar ocho horas desde hace un siglo. Pregunto: ¿trabajamos ocho horas?

—¿Es un problema de personas?

—Personas y la exigencia que tienen que hacer ‘los de abajo’, los que se favorecen con eso para que se haga realidad lo que se pregona.

—Desde esa perspectiva ¿Cómo se puede enfrentar la corrupción desde el Congreso?

—Calculemos mil millones por año, en treinta cuatro años acumulados de estos gobiernos sinvergüenzas, estamos hablando de 340 mil millones.
¿Para qué se coludieron? Para tener contratos que los beneficiaran, contratos truchos. Entonces tú no puedes combatir a la corrupción enjuiciando solo a los responsables de esto, sino que para ser coherente también deberías anular los contratos que fueron producto de la corrupción, como el caso de los peajes.
Y tampoco puedes solamente sancionar y anular los contratos, si no que debes atacar los bienes que se adquirieron con la corrupción. Pero acá no, acá te meten preso o te fugas del país para que prescriba el delito y gozas de todo lo que robaste. ¿Entonces para qué tanta denuncia, tanta cháchara si los contratos de la trafa siguen intactos?

—¿Cree que desde el Congreso se pueda hacer algo para corregir semejante escándalo?

—No lo sé, lo intentaremos, pero el sentido común te dice que eso es así. Para mi es incoherente, el Estado debería controlar esto.

—¿Qué espera de este gobierno?

—De este gobierno no espero nada. Continuismo y nada más, en un marco de debilidad tremendo que no puede tener un Gabinete coherente. Es un gobierno que sigue implementando un modelo económico de saqueo y de aplastamiento de los derechos del pueblo y de los trabajadores, un gobierno de salarios miserables, de inestabilidad laboral, de entrega de los recursos.
Y en ese camino es que entra nuestra propuesta (FA) de cambiar la Constitución, porque el asidero legal de todas estas atrocidades, es la Constitución fujimorista. Esta Constitución hay que liquidarla porque es el sostén de todo este abandono,

—¿Tendríamos que ir a una Constituyente?

—Claro, no necesariamente este nuevo Congreso tiene que convertirse en Asamblea Constituyente, pero sería bueno tener la posibilidad de cambiar esta Constitución.

—¿De acuerdo a su visión, hubiera sido mejor entonces que el presidente Vizcarra renuncie y adelante elecciones?

—Sí, esa era nuestra propuesta, tenían que irse los dos (PPK y Vizcarra). Como se han hecho las cosas a medias, no se ve nada. Él (presidente Vizcarra) está en busca de una bancada que no tiene, y la disfraza como ‘Pacto de Gobernabilidad’.

—¿Le encuentra alguna habilidad al presidente Vizcarra, en este manejo populista de su gobierno?

—Bueno, se sacó la lotería de cinco números, pero solo para repetir lo anterior, no pasa nada, creo que mejor funciona su asesoría de imagen pues saca muchas cosas bajo la manga cuando baja en las encuestas, como la pena de muerte que la tiene que levantar a los tres días.
Pero tiene suerte de que sigamos debilitados y no podamos enfrentarlo como deberíamos. Cerrar el Congreso solo fue el premio consuelo, el premio mayor era que hubieran nuevas elecciones para renovar todo, y hasta la posibilidad de concretar una Asamblea Constituyente.

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