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Política

Torre Tagle y Venezuela

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Torre Tagle y Venezuela - Martín Vizcarra Popolizzio

En este artículo, no vamos a tocar ni tomar partido por la crítica situación que vive este país, ni las causas de la situación humanitaria de su población, ni los evidentes problemas coyunturales y estructurales en materia de Derechos Humanos, o de posible corrupción que pudieran tener responsables dentro del Gobierno venezolano. No obstante, tales problemas en distinta dimensión, también ocurren en el entorno regional aunque con menor ruido mediático.

Queremos centrarnos, más bien, en ubicar esta crisis particular en el escenario hemisférico y global, para luego analizar más en detalle el rol jugado por la diplomacia peruana, desde que esta se inició, hasta la reciente Conferencia sin las partes. Este análisis se hace desde la impronta dejada por Ulloa Sotomayor, Porras Barrenechea, Pérez de Cuellar como padres fundadores de la tradición diplomática peruana.

CONTEXTO GLOBAL

Globo amenazado por la crisis climática y el mantenimiento de las principales asimetrías entre el Norte y el Sur. De convivencia entre un régimen formalmente multilateral representado por los regímenes de la ONU, sub sistemas regionales, el régimen comercial; y otro escenario, realistamente unipolar, que se desenvuelve en el plano político, económico-comercial, y el geopolítico militar, los tres representados por Trump, la OTAN y sus tentáculos económicos y comerciales.

Así pues, nos enfrentamos a la presencia de múltiples escenarios críticos, en el marco de una siguiente etapa de la guerra contra el terrorismo, post Bin Laden, como es el caso de Corea, Medio Oriente, entre otros.

CONTEXTO HEMISFÉRICO

Nos encontramos en un tercer ciclo geopolítico, luego del Consenso de Washington (1992-2005), el período progresista (1998-2016), en el que conviven elementos de ambos períodos anteriores, sin que ninguno predomine. Por otra parte, situación muy débil, de pérdida de legitimidad de los organismos hemisféricos. Interés de recuperar hegemonía frente a presencia China.

En todo caso, el escenario está compuesto por representaciones de ambos bloques, todos sujetos a la influencia positiva y negativa de factores externos, como las políticas de Trump, la guerra comercial con China, la dinámica del petróleo, entre otros.

Si cabe resaltar los tremendos problemas y contradicciones de Washington en temas como el libre comercio, las drogas, las migraciones, por parte de la Casa Blanca, y en donde América Latina es escenario o patio trasero, con la aceptación de tales políticas unilaterales por parte de algunos países aliados, como el actual gobierno de Brasil, Colombia y Perú.

Esto solo se entiende si consideramos la diplomacia del Departamento de Estado como brazo funcional a la recomposición hegemónica militar en el Hemisferio, a través del Comando Sur y el aseguramiento de aliados claves como Bolsonaro, Duque y Vizcarra.

Una de las tantas reuniones fallidas del Grupo de Lima.

Una de las tantas reuniones fallidas del Grupo de Lima.

LA CRISIS VENEZOLANA Y SU EVOLUCIÓN

Los cambios producidos en la diplomacia peruana deben entenderse en primer lugar con el proceso de transformación que sufrió a finales del fujimorato para convertirla en una agencia comercial, dejando de lado o subordinando el abordaje político de las relaciones internacionales.

Se trata de un pésimo entendimiento del: Its all about economics de la época de Clinton. Ahora más que nunca, se debe entender que sobre las decisiones comerciales y económicas en el ámbito internacional, prevalece sobre los países un sustento de carácter político.

La toma de posición sobre la situación de Venezuela, viene desde finales del Gobierno de Humala el 2015. Impulso del Grupo de Lima en agosto del 2017, durante Gobierno de PPK. Representa un evidente grado de interferencia como mecanismo paralelo al de las partes, o a los esfuerzos de países que como Noruega han promovido esfuerzos en Oslo y en Barbados, bajo el paraguas de su reconocida trayectoria como facilitadores de dialogo de partes en conflicto.

Otro factor a considerar, es el impulsivo reconocimiento y apoyo a Guaidó como “Presidente encargado” (enero 2019), en contra de las reglas de reconocimiento pactadas en las Convenciones internacionales sobre reconocimiento de Estados.

En la práctica esta acción ha sido intrascendente en la conducción de las decisiones que toma Caracas en el ámbito internacional. Otro factor que debe ser tomado en cuenta, es el rol jugado en la recepción de casi un millón de venezolanos en territorio peruano a través de un Programa temporal, que se convierte en la única línea de mantenimiento de tradición de Torre Tagle.

Luego y finalmente, la convocatoria a una Conferencia Internacional “Por la Democracia”, albergada por el Perú, y el silencio frente a las sanciones unilaterales de Trump, que lejos de aliviar la situación incrementará las consecuencias sobre la calidad de vida de la propia población venezolana.

El sistema de sanciones coercitivas unilaterales atenta contra las normas y principios del Derecho Internacional. Ha sido largamente criticado por los órganos de la ONU y la jurisprudencia de la Corte de La Haya, en otros casos como los de Nicaragua, Cuba, entre otros. Solamente el Consejo de Seguridad tiene dicha atribución (artículos 41 y 42 de la Carta de la ONU).

Curioso carácter de una conferencia sobre Venezuela, sin la participación de las partes en controversia. No participan ni México ni Uruguay, actores fundamentales por su trayectoria y peso regional. Predominancia de posición no de la diplomacia norteamericana, sino del asesor en Seguridad Nacional, Bolton.

Juan Guaidó

El reconocimiento peruano a Guaidó está contra las reglas de reconocimiento pactadas en las Convenciones internacionales.

CONSECUENCIAS

a) No Intervención. El apoyo irrestricto a la política norteamericana, nos aleja en lo relativo a este principio fundacional de las diplomacias latinoamericanas. Otorga más bien, una puerta abierta para una acción que puede poner en peligro la estabilidad y paz en la región.

b) Neutralidad. Al haber tomado partido por una de las posiciones en conflicto, perdemos credibilidad en el concierto latinoamericano, en nuestra capacidad para promover diálogos y consensos en temas complejos.

c) Defensa de la Democracia. Con sus decisiones y acciones, Torre Tagle demuestra un evidente doble rasero de medición de estándares democráticos en la región. Al haber asumido la defensa de este principio, en realidad, al considerar la naturaleza del régimen de Venezuela, nos deja claramente en una débil situación pues estamos lejos de fortalecer la democracia en ese país mientras la situación se sigue deteriorando y polarizando. Por el contrario, reduce la flexibilidad del gobierno de este país para aceptar un rol externo en la búsqueda de salidas.

 

RICARDO SOBERÓN
OTRAMIRADA.PE

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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