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Política

Todo depende de la Mesa Directiva

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Todo depende de la Mesa Directiva

Los nueve informes sobre presuntos casos de corrupción ocurridos durante el último gobierno aprista, investigados por más de un año por la Megacomisión del Congreso pueden debatirse la próxima semana si el Consejo Directivo, que define la agenda de las sesiones plenarias, logra ponerse de acuerdo.

En el transcurso de esta semana o, a más tardar, a inicios de la siguiente, los portavoces de las bancadas parlamentarias se reunirán para definir, entre otros temas, la sustentación ante el pleno de los informes elaborados por el grupo que preside el congresista Sergio Tejada, quien le ha solicitado al presidente del Parlamento, Fredy Otárola, se inicie el debate de estos a la brevedad.

Según indicó Tejada a LA PRIMERA, el fallo judicial que anuló las investigaciones referidas al expresidente Alan García –quien es mencionado en tres de los nueve informes de la Megacomisión– no es un impedimento para que los informes sean sustentados y debatidos por los 130 parlamentarios.

“El Poder Judicial no puede impedir que sustentemos un informe. Si alguno de estos llega al Ministerio Público o a la Fiscalía y ahí consideran que estos son nulos por la resolución judicial que nosotros cuestionamos, pueden hacerlo, pero no pueden impedir que se debatan en el pleno”, anotó.

PONEN TRABAS
Según el legislador oficialista, solo la bancada aprista y un sector del fujimorismo se oponen a que se dé inicio al debate de los nueve informes entre los que figuran los casos de narcoindultos, Business Track y colegios emblemáticos.

“Varias bancadas están de acuerdo en iniciar el debate, salvo el Apra y un sector del fujimorismo, que no tiene una sola línea al respecto. Los congresistas Kenji Fujimori y Luz Salgado señalan que García debe responder ante el Congreso, mientras que Tubino y Becerril parece que defendieran la posición del Apra”, remarcó.

Precisó que corresponde a Otárola convocar al Consejo Directivo del Congreso para definir este tema. “Ya hice el pedido formal, es probable que esta semana se convoque a la reunión”, subrayó.

PIDE COHERENCIA
El congresista Héctor Becerril, miembro de la Megacomisión, explicó a LA PRIMERA que debatir los informes del grupo investigador en bloque en el pleno “sería caer en las mismas artimañas y leguleyadas que usó García para librarse de la investigación”.

“El juez ha ordenado que no se debata la parte que lo involucra (a García) porque la citación que se le hizo no tiene validez. Pero como el Poder Judicial está en huelga y no nos cursan aún su resolución, Tejada quiere sacarle la vuelta a la ley y discutir los informes. Eso no es coherente, hay que actuar con objetividad y transparencia”, señaló.

El vocero de Fuerza Popular agregó que pueden acordar el debate de los informes elaborados por la comisión investigadora, pero de acuerdo a la sentencia del juez. “Que no se debatan los informes que mencionan a García y mientras tanto esperar el resultado de nuestra apelación al fallo judicial”, puntualizó.

Gustavo Palomino M.
Redacción 

Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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