La Comisión de Ética del Congreso de la República ini­ció una investigación contra el legislador Jhosept Arman­do Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso), quien insultó al presidente de la República, Martín Vizcarra, durante una sesión del Pleno Parlamentario.

El informe de califica­ción de la secretaría técnica de ese grupo de trabajo, con­sideró oportuno proceder con la investigación, debido a que las disculpas que el legislador ofreció se dieron 25 días después de ocurrido el hecho y solo porque fue descubierto.

La propuesta de la secre­taría técnica recibió 5 votos a favor y solo 2 abstenciones, con lo cual el caso pasará a la siguiente etapa. Ahora el legislador será citado para que brinde sus descargos.

OTRAS INVESTIGACIONES

Ética también inició investigación contra la congresista no agrupada Rosario Paredes Eyzaguirre, quien fue denunciada por supuestamente solicitar a una trabajadora que le de­posite la mitad de su suel­do. En la votación para este caso, los siete integrantes de la comisión mostraron su apoyo a la propuesta.

También se declaró pro­cedente el inicio de investi­gación al congresista César Combina Salvatierra (APP) por presuntamente entregar mascarillas con logo de su partido y nombre. El informe fue aprobado por 6 congre­sistas, mientras que solo 2 se abstuvieron.

El grupo de trabajo también rechazó iniciar una investigación contra el legislador de Podemos Perú, José Luis Luna Morales, por presuntamente no pagar aportes a las AFP y ONP a los trabajadores de una empre­sa de la que es accionistas. Solo 3 congresistas votaron a favor, mientras que 4 se declararon en contra.

También decidieron archivar el pedido de in­vestigación contra el con­gresista Hipólito Chaiña Contreras (Unión por el Perú) por presuntamente violar el estado de emer­gencia. En ese caso solo hubo 1 voto a favor y 6 se expresaron en contra.

El ministro de Transpor­tes y Comunicaciones, Car­los Estremadoyro, anunció que ya está listo el decreto de urgencia que aprueba el otorgamiento de un subsi­dio económico indirecto al servicio de transportes en el Sistema del Metropoli­tano.

Esta medida temporal busca que no suban los pa­sajes ni se perjudiquen las empresas que actualmente operan con limitaciones por la pandemia. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio.

El MTC detalló que el monto del subsidio alcanza la suma de S/13 millones y medio que se entregará a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que se encargue de su administración y distribución.

“Ya tenemos el Decreto de Urgencia que [a los concesionarios] les permitirá seguir trabajando y vamos a ayudar a que este modelo de transporte que se ha implementado para evitar la expansión de la pandemia pueda continuar sin problema”, indicó el ministro Estremadoyro.

Precisó que a través del subsidio que dará el ETjecutivo para el usuario se pretende cubrir los costos operativos para que las empresas no se perjudiquen y puedan seguir operando sin problemas.
De otro lado, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, y el presidente del directorio de Protransporte, Juan Pablo de la Guerra, firmaron las adendas de los contratos de concesión del Metropolitano y los corredores complementarios como parte del proceso de fusión. A partir de ahora Protransporte formará parte de la ATU.

Esta fusión marca un hito en la historia del transporte en Lima y Callao pues por primera vez una sola entidad será la responsable de operar todos los sistemas de transporte de Lima y Callao.

El presidente de la Comi­sión Especial Multipartidaria para el Ordenamiento Legislati­vo (Cemol), Diethell Columbus, anunció que el próximo lunes se debatirá en este grupo de trabajo una iniciativa para per­mitir que toda norma que se emita tenga análisis de costo – beneficio y sea prepublicada para recoger la opinión de la ciudadanía.

El proyecto de ley modifica la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa (Ley N° 26889), la misma que será a puesta a consideración de la Cemol en su sesión or­dinaria.

“Con esta reforma que se plantea lograremos que todos los poderes del Estado, así como los distintos niveles de gobierno, incluyendo regiones y municipios, estén obligados a poner en blanco y negro el análisis costo-beneficio de aquello que quieren aprobar. Con esta reforma deberán to­marse el trabajo de legislar en serio y no seguir improvisando como ocurre en muchos casos”, enfatizó.

Columbus destacó la prepu­blicación de normas con rango de ley porque considera que “la opinión ciudadana no solo debe ser escuchada en época electo­ral, sino que se debe promover que el ciudadano colabore con el trabajo de sus localidades, regiones y del país”.

“Esta reforma ayuda a que nuestros compatriotas aporten sus conocimientos y experien­cias respecto de las normas legales que se quieran aprobar desde el Estado”, agregó.

De aprobarse la propuesta de reforma, será elevada inme­diatamente a la Mesa Directiva para que pueda ser viabilizada conforme al Reglamento del Congreso y se agende en la próxima sesión el Pleno del Congreso.

De otro lado, anunció que también se encuentra en agen­da la discusión de un proyecto de resolución legislativa para evitar que las mociones decla­rativas dejen de sobrecargar las agendas plenarias.

Al comentar esta propues­ta, que modifica el artículo 68° del Reglamento del Con­greso, Columbus, destacó que lamentablemente la agenda del pleno se sobrecarga con mociones declarativas o exhor­tativas que distraen el debate de los temas más urgentes que debe ver el Parlamento.