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Política

Tía María: Los conflictos no se resuelven por la fuerza

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Marcha protesta enfrentamientos con la polisíca y minerías minas

El Presidente de la República es el presidente de todos los peruanos y no solo del gremio minero. Ante la escalada y la crisis a la que se llegó en el conflicto de Tía María, el Presidente tenía solo dos caminos: emplear la fuerza, con una posible pérdida de vidas humanas, o encontrar la forma de encausar pacíficamente el conflicto.

Siendo el Perú un país democrático, y el presidente Vizcarra una autoridad que intenta conciliar intereses, siguió la única opción posible, encaminar a los manifestantes hacia un procedimiento administrativo que permitiera bajar la tensión y que le diera tiempo para encontrar una salida razonable.

Los dos extremos del conflicto afirman que la escalada de la protesta fue responsabilidad del gobierno.

Si bien hubo algunos errores, como una cierta demora para establecer canales de diálogo con los actores sociales, la situación del conflicto se origina en los dos gobiernos precedentes.

Marcha protesta enfrentamientos con la polisíca y minerías minas

Es necesario reconocer que en el caso Tía María el gobierno del presidente Vizcarra ha tenido y tiene poco margen de acción. Los manifestantes cuestionan la viabilidad ambiental del proyecto, y es verdad, el proyecto presenta serios problemas, pero lamentablemente la certificación ambiental se dio con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el año 2014, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala.

Han pasado cinco años y revertir esa decisión es muy difícil, porque la vía administrativa se encuentra agotada, quedando aparentemente abierta sola la posibilidad de un proceso constitucional.

Con el EIA aprobado, la empresa minera Southern ha seguido tramitando los permisos que necesita para operar. Uno de ellos, es la licencia de construcción de la planta de beneficio (que constituye solo un componente de la mina). El trámite se inició en octubre de 2014. Una pregunta que nos hemos hecho es si el gobierno podía desaprobar la licencia de construcción de la planta de beneficio por temas ambientales.

Tenemos entendido que en el trámite de aprobación de la licencia de construcción no se debaten temas ambientales sino ingenieriles, y se deben cumplir ciertos requisitos, como contar con un EIA aprobado, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la declaración jurada de no afectación de vías. No siendo una autorización ambiental, su aprobación depende de la Dirección General de Minería (DGM) y no del SENACE.

Consideramos que con la aprobación del EIA, el Estado peruano entró en un camino difícil de afrontar. El problema principal en este caso no reside en la desinformación de la población de Islay como se suele afirmar, sino en la debilidad del EIA para garantizar los intereses de los pobladores de Islay.

La principal preocupación de los pobladores de Islay, que en su mayoría son agricultores y que viven en medio de un desierto, es el agua. Se cree erróneamente que su protesta es por la demanda hídrica de la empresa para la realización de sus operaciones, la misma que estaría solucionada con la planta desalinizadora de agua de mar.

Esto no es cierto. La principal objeción es la posible afectación de la relación de las aguas subterráneas con las aguas superficiales.

Marcha protesta enfrentamientos con la polisíca y minerías minas

Es decir, el cuestionamiento de los agricultores de Islay es si el acuífero que alimenta en un 100% al río Tambo en temporada de estiaje se verá afectado por la alteración del flujo y la calidad de las aguas subterráneas que se podría producir con la explotación del mineral en el tajo La Tapada. Esa relación no ha sido debidamente estudiada, dejando altos niveles de incertidumbre, según lo afirmado por el experto portugués en hidrogeología Luis Tavares Ribeiro [1].

Cabe precisar que con la planta desalinizadora también existe un problema. Las normas ambientales exigen que, para determinar impactos, el proyecto esté descrito por lo menos a nivel de ingeniería de factibilidad. Ese requerimiento no ha sido cumplido en el EIA.

En este escenario la gran pregunta es qué hacer. Lo lógico sería reevaluar la viabilidad ambiental del proyecto. Sin embargo, eso es poco probable, pues la certificación ambiental ya ha sido dada y los plazos para impugnarla a nivel administrativo están vencidos.

Como hemos señalado, la vía judicial es una opción que todavía podría ser posible. Como un tema adicional a ello, se plantea la licencia social, que, si bien no es un requisito formal para operar, debe darse para garantizar la viabilidad social del proyecto.

En medio de todo ello la conclusión es muy clara: urge fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. El caso de Tía María, pero también el de Ariana y Las Bambas, entre otros, ponen de manifiesto los problemas o fallas de este sistema.

Desde el 2013, el sector empresarial ha venido presionando para que la gestión ambiental sea más flexible, argumentando la necesidad de eliminar un exceso de trámites.

Lo cierto es que su debilitamiento a la larga va contra intereses del propio Estado, de otros sectores del país, pero también de las propias empresas mineras porque un EIA que evidencia problemas, genera un clima de desconfianza y de temor, que acompaña la vida el proyecto, y que tarde o temprano puede dar lugar a conflictos sociales.

 

ANA LEYVA VALERA
COOPERACCIÓN

NOTA:

[1] “Aportes Técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto minero Tía María en Islay, Arequipa” http://cooperaccion.org.pe/publicaciones/aportes-tecnicos-que-cuestionan-la-viabilidad-del-proyecto-minero-tia-maria-en-islay-arequipa-2015/

Política

Kenji Fujimori: 21 de julio continuará audiencia de control de acusación

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Kenji Fujimori: 21 de julio continuará audiencia de control de acusación

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el 21 de julio, a las 9:00 horas, la continuación de la audiencia de control de acusación de excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el exasesor parlamentario Alexei Toledo.

La audiencia se llevará a cabo a través de videoconferencia con el aplicativo Google Meet, para lo cual los imputados deberán participar de manera virtual.

Fujimori, Bocángel, Ramírez y Toledo fueron acusados por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado, por el caso denominado “Mamanivideos”.

El Ministerio Público solicitó medidas de comparecencia con restricciones e impedimento de salida por el plazo de 18 meses en contra de los investigados.

Según transcripciones de dos videos grabados por el excongresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, los imputados intentan convencerlo, a fin de que favorezca con su voto al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, frente un segundo pedido de vacancia.

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Política

Mafias de Sullana asesinan a dirigente de Construcción Civil

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Mafias de Sullana asesinan a dirigente de Construcción Civil

Ya son 19 dirigentes de sindicatos afiliados a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) asesinados por mafias desde 2011.

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, denunció que las mafias de construcción civil en Piura asesinaron la mañana de ayer al secretario de Defensa Laboral del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia de Sullana, Jerson Henry Noé Suárez.

Los sicarios ejecutaron alrededor de 8 disparos. Noé Suárez fue ultimado cuando se encontraba en la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, próxima a iniciarse, a pocos metros del local de la Primera Brigada de Caballería del Ejército del Perú, en el sector Loma de Teo­domiro.

El dirigente sindical, también presidente del Frente Colegiado por la Defensa de los Derechos e Intereses de la Provincia de Su­llana, formado en 2017 por la sociedad civil, fue trasladado al Hospital de Apoyo II de Sullana, donde falleció aproximadamente una hora después.

“Exigimos al Ministerio del Interior y Ministerio Público la captura inmediata y encarcela­miento de quienes planearon y ejecutaron el asesinato de nuestro compañero. Con Jerson Noé Suárez ya son 19 los diri­gentes de sindicatos afiliados a la FTCCP asesinados desde 2011 por las mafias de la cons­trucción. Su muerte no debe quedar impune”, demandó el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva.

Villanueva Carbajal advir­tió a las autoridades que las mafias de construcción están al acecho de las obras de cons­trucción en esta fase de reacti­vación económica, por lo que demandó no bajar los brazos en la lucha contra la delincuencia en el sector.

“Las mafias infiltran a sus secuaces en las obras para tener información valiosa y delinquir desde adentro, venden puestos de trabajo a los obreros, extor­sionan a los trabajadores con tarjetas de polladas, entre otros. Por ello, es necesario la lucha frontal contra la delin­cuencia en construcción civil”, sentenció.

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Política

Sunedu abre proceso a Universidad Garcilazo por no suspender a rector

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Sunedu abre proceso a Universidad Garcilazo por no suspender a rector

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) inició un nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) por no suspender en sus funciones como rector a Luis Cervantes Liñán, en la forma y plazo ordenado. La Sunedu actualmente no lo reconoce como rector de dicha casa de estudios.

La Dirección de Fiscalización y Sanción de la Sunedu ya le había iniciado a la UIGV un procedimiento anterior por el uso de sus activos y excedentes en fines distintos a los educativos. Por esa razón, mediante Resolución del 30 de setiembre de 2019, la Sunedu le ordenó que suspenda temporalmente al Cervantes Liñán en sus funciones.

Sin embargo, en la medida que la UIGV no habría cumplido con dicho mandato, el 6 de julio de este año la Dirección de Fiscalización y Sanción inició un nuevo PAS contra la UIGV por incurrir presuntamente en la infracción establecida en el numeral 9.3 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu.

Según dicha norma, el incumplimiento de las medidas de carácter provisional emitidas por Sunedu constituye una infracción muy grave que podría sancionarse hasta con el 8 % de los ingresos brutos anuales de la universidad.

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