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Política

Telefónica: Fallo del TC no sería para condonar deuda, sino intereses moratorios, señala Eloy Espinosa-Saldaña

En sus 27 años de operación la compañía de telefonía ha pagado por Impuesto a la Renta más de 9 400 millones de soles, lo cual equivale en promedio a más del 30% de sus utilidades.

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Telefónica

Ricardo Milla Toro

Editor Digital de Diario UNO

 

En los últimos días se ha hablado mucho sobre el eventual fallo del Tribunal Constitucional en materia tributaria donde se exoneraría de pago de los intereses y moras de unas deudas por impuestos que tiene Telefónica ante el Estado peruano.

Sin embargo, podemos constatar que la empresa Telefónica del Perú ha pagado sus impuestos desde el inicio de sus operaciones en el país. Sus impuestos se han correspondido de acuerdo a ley, pues equivalen en promedio al 30% de sus utilidades. Mientras que los casos en disputa en el terreno jurídico equivalen a un impuesto a la renta de entre 40% y 52% de sus utilidades, superior al 30% estipulado por ley.

El conflicto que existe en el plano judicial no es sobre el pago de impuestos en sí mismo, pues han pagado todos sus impuestos hasta la fecha, como indica la misma empresa. Más bien, la legítima controversia respecto a la pretensión de la Autoridad Tributaria correspondiente a los ejercicios 1998, 2000 y 2001 al ejercer el derecho de todo contribuyente y administrado a discrepar, dentro del marco legal respectivo, de las decisiones de la administración.

En esta línea ha argumentado el magistrado del TC, Eloy Espinosa-Saldaña. Para él no es razonable que la Sunat le cobre los intereses que ha generado la demora del Tribunal Fiscal.

“La Sunat resuelve el caso en siete meses y le dice a Telefónica que tiene que pagar. Telefónica apela y lo ve el Tribunal Fiscal, instancia administrativa. ¿Sabe cuánto tiempo se demoró el Tribunal Fiscal en resolver? Siete años. Y sin ninguna justificación: no hubo comportamiento retardatorio de Telefónica y no era un caso difícil. Después, Sunat y el Tribunal Fiscal quiere cobrarle los siete años de su propia demora”, señaló el tribuno.

Constatamos que lo central de la discusión ante el TC no es la existencia o no de una deuda tributaria, sino la aplicación indebida de intereses moratorios como consecuencia de la demora de las propias autoridades tributarias en resolver, lo que supone un perjuicio que el marco legal vigente y decisiones anteriores del TC ya han rechazado para casos similares.

Así, el TC le hace un llamado de atención al Tribunal Fiscal.

“La invocación amistosa que le hacemos al Tribunal Fiscal: no puede demorarse siete años en un caso que no tiene complejidad. Olvídese de que fuese Telefónica, porque es una empresa grande, ¿qué pasaría si es una empresa pequeña o persona individual? De repente la llevas a la quiebra”, dijo el magistrado.

Por lo tanto, si el fallo es favorable a la compañía como se ha señalado en diversos medios, no es verdad que se estaría perdonando el pago de una deuda a Telefónica, sino que se estaría reiterando un criterio ya definido por el TC, en el sentido en que la propia demora de la administración en resolver por encima de los plazos legales no puede generar un perjuicio a un contribuyente que ejerce su legítimo derecho a discrepar, ya sea éste persona natural, pequeña, mediana o gran empresa.  Esto es, no es justo pagar los intereses y moras que se han generado en el tiempo en que las autoridades competentes han estado resolviendo el caso en cuestión, debido a que no es por voluntad del deudor no pagar, sino que no puede por estar la deuda en proceso judicial.

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Política

Denuncian poca transparencia informativa en Despacho Presidencial

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Denuncian poca transparencia informativa en Despacho Presidencial

Fuente: informe de Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar de las entidades de la Administración Pública

 

Una investigación periodística del programa Punto Final mostró que entre 2017 y 2019 se habrían borrado 27,420 registros vinculados al despacho del expresidente Martin Vizcarra. Dentro de esta eliminación del registro estarían las controvertidas visitas del cantante Richard Cisneros y del vidente el expresidente Martín Vizcarra recibió constantes visitas del vidente Hayimy Aleman Herrera.

Sin embargo, el informe de supervisión a los portales electrónicos del Estado, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le ha otorgado al despacho presidencial de Martín Vizcarra la máxima calificación de transparencia (100%), por encima de entidades que si han cumplido con informar a la opinión pública.

Esta sorprendente calificación se dio a conocer a través de la publicación del informe Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar de las entidades de la Administración Pública, correspondiente al año 2019 y al primer semestre del 2020.

Ante este hecho escandaloso, el portal electrónico La Ley, recogiendo el sentir de un importante sector de abogados, se contactó con la directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Minjusdh, Marcia Águila Salazar, para que explicara los criterios seguidos en el informe que califica tan generosamente a la gestión del despacho presidencial.

En su descargo, la funcionaria refirió que cada entidad es responsable de la información que tienen publicada en sus registros. Y que su dirección, a la hora de elaborar el informe de transparencia solo constata que las entidades cumplan con la información requerida por su metodología. Así, solo verifican que la entidad cuente con un registro de visitas, más no contrastan si la información que se consigna ahí es verdadera o falsa. “El tema de cómo se está llevando [el registro de visitas]” no es materia de análisis.

Por ello, añadió como el Despacho Presidencial. “cuenta con un registro de visitas en línea” y lo declara, mereció el máximo puntaje.

CAMBIO NECESARIO

La incongruencia detectada en el informe revela la necesidad de mejorar la evaluación de la real transparencia informativa en la administración pública. En ese sentido, el portal electrónico La Ley se ha dirigido al ministro de Justicia y Derechos Humano, Eduardo Vega Luna para que disponga una inmediata revisión y cambio de la metodología que permite errores tan groseros como el comprobado.

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Política

Haremos eficiente la gestión del proyecto Pasto Grande

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VERÓNIKA MENDOZA

En su visita a la ciudad de Moquegua, la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, se comprometió hacer eficiente la gestión del proyecto Pasto Grande y a evaluar la construcción de una nueva represa que abastezca de agua a toda la región.

“Contar con un inventario actualizado de nuestras fuentes hídricas será una prioridad en el gobierno de Juntos por el Perú, así como trabajar por el represamiento, siembra y cosecha de agua para asegurar el desarrollo y modernización de la productividad en el agro nacional”, señaló.

Mendoza refirió que, como parte de su plan para una segunda reforma agraria, constituirá un gabinete de desarrollo agrario, que ella presidirá como presidente de la República y que orientará sus esfuerzos en tres ejes fundamentales, en torno al programa nacional de riego, crédito barato y el programa de compras públicas.

“Debemos garantizar que programas sociales como Qali Warma se abastezcan de nuestra producción nacional. Es inaudito que tengamos que abastecernos de conservas chinas o fideos de Brasil, en vez de comprar a nuestros productores nacionales”, enfatizó.

Mendoza Frisch se reunió también con dirigentes y líderes sociales y agrarios de Moquegua, con quienes compartió su mirada y sus propuestas políticas, así como escuchó con atención y tomó nota del pedido de las diversas organizaciones sociales

En el sector El Porvenir, en el fundo Las Retamas, la candidata presidencial de Juntos por el Perú pudo conocer el trabajo de asociatividad de los propios agricultores quienes realizan un esfuerzo sostenido para el cultivo de la vid, palta y pitahaya.

También se reunió con dirigentes de la asociación de productores de pisco, quienes solicitan más apoyo al sector de parte del Estado y quienes advirtieron sobre la escasez del recurso hídrico y el pedido de ampliación de frontera agrícola.

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Política

Congreso aprueba autógrafa para eliminación progresiva del CAS

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CAS nunca más

El objetivo de la ley es incorporar al régimen laboral DL 728 a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en entidades del Estado contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

REQUISITOS

Los requisitos son: Realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la ley. Tener contrato CAS por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Los plazos se computan a partir de la fecha de la población de la ley.

Asimismo, haber ingresado a la institución mediante concursos públicos o en su defecto haber tenido la condición de servicios no personales y proyecto CAS. Los trabajadores que han renunciado a un CAS para asumir un contrato distinto, se les reconoce los derechos que confiere la ley.

La incorporación del régimen CAS al DL 728 se realiza en forma progresiva, de conformidad, en función al reglamento de la ley y respetando la disponibilidad presupuestal de las entidades públicas.

Desde la entrada en vigencia de la ley, los contratos CAS son de carácter indefinido, solo podrán ser despedidos los trabajadores por causa justa debidamente comprobada.

A partir de la vigencia de la ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar bajo el régimen CAS, con excepción de los vigentes y que sean necesarios renovar por no contar el vínculo laboral de los trabajadores.

La insistencia de la norma fue aprobada hoy por mayoría en el Congreso, tras desestimar las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. Al ser una insistencia, corresponde que la presidenta del Congreso promulgue la norma, la misma que podría ser denunciada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, en caso lo considere.

CAS nunca más

CAS es el régimen más precario que existe en la administración pública.

EL RÉGIMEN MÁS PRECARIO

Alan Díaz Balcázar, secretario general del Sindicato de Trabajadores CAS de la Universidad Nacional de Trujillo e integrante del Movimiento CAS Nunca Más, manifestó a Diario UNO: “El régimen CAS es el régimen más precario que existe en la administración pública, nosotros estamos vulnerados en los derechos como son la igualdad ante la ley y la no discriminación”.

“El CAS significa que hay dos profesionales que realizan labores en un mismo centro laboral, que tienen el mismo horario, que están en el mismo nivel pero que uno recibe a fin de mes solo su sueldo y el otro recibe su sueldo, gratificaciones, escolaridad y otros beneficios, solo tenemos derecho a nuestro sueldo”, refirió.

“Y lamentablemente el sueldo de los trabajadores CAS según ley está permitido el mínimo que es 930 soles, y estamos supeditados a un contrato que puede ser en el mejor de los casos seis meses pero en la mayoría son de tres meses”, indicó.

Respecto a la posibilidad que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional señaló: “Si desde el inicio de nuestra lucha nos hubiésemos puesto a pensar en una denegatoria por parte del Ejecutivo, en que nos iba a costar cuatro años que se pueda aceptar y aprobar, entonces nunca hubiéramos iniciado este camino. Y somos perseverantes, por eso vamos a lograr lo que es algo justo”.

“El Tribunal Constitucional en el año 2011 dio una sentencia, en el cual indicaba que este régimen no podía permanecer tal y como estaba, si bien era constitucional se tenía que dar una mejora a los trabajadores”, agregó.

ELIMINACIÓN PROGRESIVA

Según Díaz Balcázar: “Es por eso que en el 2012 se crea la Ley Nro. 29849, que establece la eliminación progresiva del régimen CAS. Esta decisión del Congreso, no es porque a los parlamentarios se les ocurrió, sino que lo empuja la ley dada en el 2012, que no se haya cumplido es otro tema”.

“Que Servir vea ahora que sus intereses estén comprometidos, porque tenía en el mayor de los casos cinco años para que pasen a todos los trabajadores CAS a la ley del servicio civil, pero no ha ocurrido eso. Porque lo único que es, es una institución con sueldos dorados, mínimo de ocho mil soles y los más altos llegan a 28 mil soles”, resaltó.

ALGO MÁS

“Vamos a seguir luchando, no vamos a desmayar, así el Ejecutivo recurra el Tribunal Constitucional”, subrayó el referente sindical de los trabajadores CAS.

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