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Política

Tarata fue una más, entre 215 masacres de Sendero

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Tarata

La sentencia que mañana emitirá el colegiado A de la Sala Penal Nacional, en el “Caso Tarata” será histórica, cerrará uno de los casos de las masacres perpetradas por Sendero Luminoso, entre 1983 y 1998, pero quedará abierta aún el juzgamiento a los dirigentes de esa organización criminal, por más de 214 crímenes similares o matanzas de inocentes indefensos.

La mayor parte de la ciudadanía espera que el tribunal presidido por René Martínez Castro e integrado por Edhin Campos Barranzuela y Hans Contreras Cuzcano, imponga a los doce juzgados, miembros del Comité Central de Sendero Luminoso, la condena de cadena perpetua y una reparación civil individual de 400 mil soles, solicitadas por la fiscal María Eugenia Carrasco.

Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote

Los cabecillas Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote, durante su primera condena.

TRAS LAS REJAS DE POR VIDA

En el juicio oral, que empezó el 14 de febrero del 2017 y que mañana termina en la Base Naval del Callao, los acusados fueron juzgados bajo la acusación fiscal de ser autores mediatos de los delitos de terrorismo agravado (la masacre de Tarata) y de tráfico ilícito de drogas (cobros de cupos a narcotraficantes en el Alto Huallaga): Abimael Guzmán, Florindo Flores, María Pantoja, Osmán Morote, Elena Iparraguirre, Óscar Ramírez, Laura Zambrano, Margot Liendo, Elizabeth Cárdenas, Edmundo Cox, Florindo Cerrón y Moisés Limaco, este último ausente y probablemente en Francia.

Salvo Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, condenados a cadena perpetua, los demás han purgado condenas hasta de 25 años y están sometidos a otros procesos, por lo que, de ser condenados, quienes están en la cárcel seguirán tras las rejas y quienes están libres, volverán al presidio, para quedar encerrados de por vida.

En el caso de Abimael Guzmán y otros de los juzgados, en el juicio realizado por el fuero común, el 13 de octubre del 2006, fueron condenados por la masacre de Lucanamarca (1983) y otros cuatro crímenes que entonces se había logrado documentar.

LUCANAMARCA

Está documentado que, para frenar la rebelión de las comunidades campesinas contra sus comités locales, a cuyos miembros habían comenzado a asesinar, el Comité Central de SL ordenó una sanción sangrienta y ejemplar.

El domingo 3 abril de 1983, en Lucanamarca, en el distrito de Santiago, provincia de Huancasancos, un pelotón senderista procedente de Vilcanchos al mando de Hildebrando Pérez Huarancca se desplazó desde el amanecer, como un rodillo sanguinario y asesinó con gran crueldad a 79 pobladores de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua y Muylacruz y Lucanamarca. La masacre duró todo el día y fue a balazos, a golpes de picos, con hachas, machetes y cuchillos, contra niños, hombres, mujeres y ancianos.

Por la masacre de Lucanamarca y otros crímenes, el 14 de diciembre de 2007, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de cadena perpetua para Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y María Pantoja.

A 25 años de prisión fueron condenados: Osmán Morote, Martha Huatay, Víctor Zavala, Margie Clavo, Angélica Salas de la Cruz, Margot Liendo y Obdulia Trujillo. Óscar Ramírez Durand fue condenado a 24 años de cárcel. Otros 12 terroristas intermedios recibieron penas de carcelería menores.

LAS MASACRES

¿Qué es una masacre? Los eruditos dicen que es la ejecución arbitraria múltiple o asesinato múltiple cometido con gran crueldad contra cinco o más personas en estado de indefensión, en forma concurrente con otras modalidades de tormento como torturas, mutilaciones u otras, en las mismas circunstancias de tiempo y lugar.

Pues bien, la Comisión de la Verdad (CVR), registró 337 masacres en el curso de lo peor del conflicto armado interno (1983 – 1994). De ese número, 215 (63.8 %) son atribuidas al PCP-SL y 122 a agentes del Estado (FF.AA., Policía y rondas campesinas).

Con la modalidad de masacre descrita, SL asesinó a unas 3,516 personas, cifra equivalente al 28 % del total de las víctimas de homicidios calificados atribuidos a esa organización terrorista ante la CVR.

EL CONTEXTO DE TARATA

La masacre de Tarata ocurrió el 16 de julio de1992, el año más terrible de la guerra interna. El terror, la muerte y destrucción, sumieron a Lima en un baño de sangre. Luego de 13 años, los cabecillas de SL se habían convencido de que era el momento de romper el “equilibrio de fuerzas” a su favor e iniciar la insurrección armada en las ciudades, para tomar el poder. Entonces, lanzaron su VI plan militar llamado “Construir la conquista del poder” cuyo objetivo era el cerco a Lima, para capturar el Estado.

Usaron a fondo su letal arma, los coches-bomba. Desde 1985, hasta 1992, los senderistas habían detonado 99, la mayoría en Lima. Así atacaron la residencia del embajador de Estados Unidos, matando a 3 policías, a lo que se suman otras modalidades de atentados, como el asesinato de la lideresa de Villa El Salvador, María Elena Moyano.

En abril, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, SL lanzó coches-bomba contra las comisarías de Villa El Salvador, Bellavista, Zárate, Carmen de la Legua, la Villa Militar de Pueblo Libre, el local de la Dirección de Personal de la Policía, la Fábrica de Mechas y Explosivos S.A. (Famesa) y los cuarteles San Martín, Barbones y el centro financiero de San Isidro. Fueron tiempos de terror y horror en Lima.

El 5 de junio volaron las instalaciones de Frecuencia Latina Canal 2. El saldo fue de tres muertos y más de 40 heridos.

TARATA Y LA CANTUTA

El baño de sangre siguió después con la masacre de Tarata y su feroz contragolpe, la masacre de La Cantuta, esta última a manos de los matarifes del Grupo Colina, en un diente por diente, ojo por ojo, que parecía llevar al país al abismo; aunque la justicia estableció que los muertos de La Cantuta no eran terroristas.

Los antecedentes señalan que el ataque en la calle Tarata de Miraflores fue decidido por el comité central del SL como un acto de destrucción de parte de la médula capitalista de la sociedad peruana: el Banco de Crédito del Grupo Romero.

Su ejecución fue encargada al destacamento especial N°12 de Socorro Popular con la participación de miembros de los destacamentos especiales 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro de SL.

El grupo ejecutor debía de detonar un coche-bomba, compuesto por 600 kilos de anfo y abundante metralla, el 16 de julio en la noche. Pero, debido a las fuertes medidas de seguridad establecidas por la Policía y la seguridad del banco en los alrededores de la esquina de la avenida Larco y la calle Tarata, los terroristas no pudieron estacionarlo enfrente o al costado del blanco.

En un segundo intento de aproximarlo al local de la agencia del Banco de Crédito, solo atinaron a activar el detonador y abandonar desesperadamente el letal vehículo en la calle Tarata, frente a un edificio de departamentos.

La bomba estalló a las 9.26 de la noche convirtiendo la zona en un infierno. 25 inocentes murieron y hubo 250 heridos. 350 familias quedaron damnificadas y las pérdidas sumaron más de tres millones de dólares.

LOS AUTORES MATERIALES

Por este caso, el 10 de agosto de 1998, la Sala Penal Nacional para Casos de Terrorismo, sentenció como autores a 7 senderistas a cadena perpetua y a otros 3 a penas de entre 20 y 35 años de prisión. Al “camarada Franco”, Juan Guillermo Orozco Barrientos, miembro del destacamento especial 12 de Sendero Luminoso se le atribuyó la responsabilidad de haber preparado el coche-bomba, junto a otros procesados.

La Sala Superior Penal Corporativa también ordenó que los sentenciados paguen una reparación civil de S/ 10’200.000, pero hasta la fecha no han cumplido con pagar.

En el año del terror y el horror, en Lima, dos días después, como contragolpe por la masacre de la calle Tarata, en la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, con apoyo de la Base de Acción Cívica (BAC), estacionada en la Universidad La Cantuta y de una patrulla de 30 comandos especiales del Ejército, allanaron el internado de estudiantes.

Guiados por un profesor informante, secuestraron a un docente y a 9 alumnos y los asesinaron en un paraje de Huachipa con gran crueldad, bajo sospecha de que eran senderistas autores de los recientes atentados contra Tarata y el Canal 2 de televisión.

Esta masacre fue autorizada y hasta exigida a los Colina, por los más altos niveles del Ejército y el Gobierno, a tal punto que le dieron todo el apoyo que pidieron los asesinos del Grupo Colina.

El baño de sangre parecía no terminar, pero años después acabó, tras la captura de Guzmán y su rendición y orden a sus huestes de dejar las armas.

 

ELMER OLÓRTEGUI
COLABORADOR

Política

Reforma de justicia en peligro

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en

Junta Nacional de Justicia (JNJ)

A pesar de los pedidos para postergar las entrevistas a los candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), estas se llevarán a cabo en días festivos y podrían pasar desapercibidas para la ciudadanía. Un proceso tan importante para la lucha anticorrupción debe realizarse podría quedar manchado por falta de transparencia.

A través de una carta dirigida a la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), solicitó que se aplacen las entrevistas personales a los candidatos para integrar el órgano que será responsable de la designación y remoción de jueces y fiscales.

El pedido se realizó en medio de cuestionamientos de diversos analistas debido a que un evento que podría determinar quiénes integren el organismo que será la piedra angular de la justicia en el Perú, debería realizarse en días que permitan a la ciudadanía prestar la debida atención.

En el documento entregado al defensor del Pueblo y presidente de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez, se acusó que las fechas para dicha etapa del proceso de selección “no aseguran debidamente los principios de transparencia y participación ciudadana”, pues según el cronograma establecido para el proceso de selección, las entrevistas personales a los 29 candidatos se realizarían del 26 al 29 de diciembre.

Además, la PUCP remarcó que de postergarse las entrevistas, todavía se estaría a tiempo para realizarlas dentro dentro del plazo establecido originalmente, el cual vence en la quincena de enero.

Finalmente, el documento destacó que la finalidad de postergar las entrevistas es que tanto la prensa como la opinión pública puedan seguir “con el interés y la trascendencia que se merece esta segunda convocatoria”.

JNJ NO ACEPTA POSTERGACIÓN

Por su parte, el actual vocero de la JNJ, Armando Canchanya, manifestó que el organismo “no encuentra razones suficientes” para postergar las entrevistas en cuestión. “Los plazos son conocidos de acuerdo a las bases, publicadas en septiembre. Cuando se conocieron las bases se supo las fechas, de cuando iban a ocurrir cada una de las etapas. Entre el 26 al 29 serán las entrevistas a los postulantes al JNJ”, declaró a Canal N.

Canchanya también resaltó que las entrevistas personales serán televisadas, con el fin de que la ciudadanía pueda presenciar el proceso que busca elegir a los magistrados que formarán el organismo que evalúe, sancione y destituya a los próximos jueces y fiscales.

Sin embargo, hay que recordar que los cuestionamientos no solo han estado orientados a la difusión de las entrevistas, sino precisamente a que las fechas de su realización no ayudaría a que la mentada difusión sea realmente efectiva.

NUEVA VERSIÓN DEL SINIESTRO CNM

Al pedido realizado por la PUCP se sumó lo advertido por el viernes por el semanario Hildebrandt en sus trece, el cual denunció que según una fuente allegada a la Comisión Especial, 5 de los 29 aspirantes que todavía siguen en carrera tendrían “dos padrinos de gran peso” en la referida comisión, quienes serían el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Y todavía más, la publicación consigna que 5 candidatos ya contarían con la venia de la mayoría de integrantes de la Comisión Especial. Así, consigna la publicación, se estaría preparando “una JNJ que no hará extrañar la siniestra etapa del Consejo Nacional de la Magistratura”. En otras palabras, la red de los Cuellos Blancos encontraría un nuevo organismo cómplice y la corrupción en el país quedaría impune una vez más.

En tanto, en redes sociales, el abogado y coordinador de Justicia Viva, Luis Miguel Purizaga, calificó de “perverso” el calendario para realizar las entrevistas a los candidatos a la JNJ, pues consideró que la mayoría de la ciudadanía estará pensando en las festividades por fin de año y resultaría muy difícil que preste atención al proceso.

ALGO MÁS

Esta semana se conoció que tres de los candidatos a la JNJ que siguen en carrera han recibido denuncias cuestionando su idoneidad. Se trata de Jaime Pedro de la Puente Parodi, María del Pilar Dolores Tello Leyva y Luz Inés Tello de Ñecco, quienes ya han presentado sus descargos.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Lucha contra la corrupción tuvo éxito por acuerdo de colaboración con Odebrecht

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El importante avance en las investigaciones por casos de corrupción, vinculados a la empresa brasileña Odebretch en Perú, no hubiese sido posible sin el acuerdo de colaboración eficaz, afirmó Antonio Maldonado, exprocurador.

Indicó que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en junio del presente año entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht, aprobado por el Poder Judicial (PJ), ha permitido revelaciones muy interesantes, que van a fortalecer las hipótesis del Equipo Especial Lava Jato.

Respecto a los cuestionamientos sobre la devolución de los recursos por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, la tercera más grande de Perú, afirmó que le parecen infundados.

VALIOSO INSTRUMENTO

“Lo que está ocurriendo esta semana expresa el fundamental valor de este valioso instrumento de averiguación de la verdad”, manifestó a Radio Nacional.

Maldonado resaltó, asimismo, los interrogatorios de los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato en Curitiba, Brasil, relacionados con las investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ratificó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que entregó un millón de dólares a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

ALGO MÁS

Esta información fue validada por el exejecutivo del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó el aporte, según indicó IDL-Reporteros.

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Política

Jorge Barata hablará el 30 y 31 de enero de 2020

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Jorge Barata

Al término de las diligencias con los exdirectivos de Odebrecht, Rafael Vela, coordinador del equipo especial, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se ha coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

NUEVA RONDA

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a hacer canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

La entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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