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Política

Tamboraque: hay soluciones para la amenaza

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Arturo Cruz

La grave amenaza a Lima que representan las 400 mil toneladas de relaves mineros estacionados junto al río Rímac en las faldas del cerro Tamboraque, que pueden caer en cualquier momento al río Rímac por las intensas lluvias y causar una hecatombe en Lima, tiene soluciones urgentes y costosas.

Los expertos que han estudiado el tema señalan que es urgente solucionar el problema, aunque será costoso y dicen que hay dos opciones para ello.

Una es desviar el curso de las aguas del Rímac, en un máximo de dos kilómetros de los relaves, lo que implica una inversión de 250 millones de dólares.

La otra es entubar las aguas en ese tramo para desviarlas incluso atravesando un cerro, para alejar así el peligro, con un costo de 400 millones de dólares.

En ambos casos, se evitaría que el depósito de residuos mineros tóxicos embalse el río Rímac y una enorme masa arrase todo el trayecto y obligue al cierre de la planta La Atarjea de tratamiento de agua potable, por mucho tiempo.

Espectacular grieta erosionada en el terreno encima de las relaveras 1 y 2.

Espectacular grieta erosionada en el terreno encima de las relaveras 1 y 2.

DESIDIA DE GOBIERNOS
Ante el riesgo, el gobierno aprista declaró a fines de 2008 en emergencia por 60 días al cerro Tamboraque, y nombró un Comité de Emergencia con participación de 15 instituciones estatales y la minera San Juan, para enfrentar el problema.

El punto de peligro permanece a solo 93 kilómetros al este de Lima, pero para ministros y congresistas de la época, parecía que estuviese a miles de kilómetros: 60 días después, apenas se había instalado el comité y apenas se había reunido tres veces.

En ese lapso no cumplieron ninguna de las 60 tareas programadas. El 11 de setiembre del mismo año se dio otro dispositivo similar que prolongaba la emergencia por 60 días más, dando inicio a una burla de las muchas que suelen perpetrar muchos de los elegidos por el pueblo.

Grietas indican que hay movimiento de tierras.

Grietas indican que hay movimiento de tierras.

GRAVE REALIDAD
En julio del 2010 asumió el gobierno Ollanta Humala Tasso y el tema de Tamboraque no le interesó porque hasta noviembre del 2010 se completaron 13 resoluciones, una cada 60 días, desde el gobierno de García. Por orden de Palacio, la Presidencia del Consejo de Ministros simplemente dejó de hacer convocatoria simbólica alguna. Y el tema quedó sumido en el silencio.

Sin ánimo alarmista y más bien para alertar a las autoridades para evitar la megadesgracia, el ingeniero Óscar Cáceres López, que viene estudiando el tema, señala que el peligro es hoy más cierto que nunca porque las lluvias en la zona de Tamboraque son fuertes y persistentes.

Señala que Lima está en la parte baja del valle del río Rímac, el cual en su parte alta ha tenido y tiene una actividad industrial minera intensa, de plomo, zinc, cobre, entre otros, que genera residuos que son depositados en áreas especiales llamadas canchas de relave. Dichos residuos en Tamboraque contienen compuestos tóxicos y venenosos como arsénico, cianuro, cromo, cadmio, plomo, cobre, etc.

GARCÍA LO PERMITIÓ
El error grave fue que el primer gobierno de Alan García (1985-90) permitió que una compañía minera acumulara al borde de la margen izquierda del río Rímac, a solo cinco metros de su orilla, más de quinientos mil (500,000) toneladas de estos residuos.

Luego cubrieron los relaves con una gran lona, cosa que no es garantía, pues las intensas lluvias se filtran por todo el contorno de la masa de desechos minerales.

El ingeniero Cáceres estuvo en la zona y refiere que en la parte alta del cerro Tamboraque se observan enormes grietas por efecto del deslizamiento que ya tiene ese cerro. Agrega que en su base tiene un manto de arcilla, que según los geólogos, con cierto porcentaje de humedad puede tener un efecto de cáscara de plátano.

FACTOR SÍSMICO
Agrega Cáceres que, como todos sabemos, el Perú está en zona sísmica y si ocurriera un movimiento de regular intensidad –cosa que los especialistas señalan que en algún momento ocurrirá– esos residuos tóxicos de plomo, cobre, zinc, mercurio, arsénico, cianuro, cadmio, cromo, xantatos y muchos otros, se deslizarían al lecho del río Rímac.

Así, las aguas transportarían los componentes tóxicos y venenosos de ese material. A esto hay que agregar que ya fuere por el deslizamiento a causa de lluvias o debido a un sismo fuerte, no podría contarse con la planta de tratamiento de agua de La Atarjea.

En ambos casos, la masa de relaves embalsaría las aguas del río Rímac y horas después, al producirse el desfogue, aquellas bajarían como un gigantesco huaico y llegarían a Lima en dos horas, y afectarían las instalaciones de la planta de tratamiento de agua de La Atarjea, suspendiéndose por tiempo indeterminado el abastecimiento en Lima.

Incluso habría el alto riesgo de que las aguas tóxicas se filtren a las napas freáticas (aguas del subsuelo) del valle del Rímac. No vale abundar más sobre las consecuencias negativas de esta pesadilla.

ALGO MÁS
Si los depósitos de relaves de Tamboraque se desembalsan, Lima sufriría una escasez total de agua potable, mucho peor que la que se ha vivido en los últimos días, con gente desesperada recorriendo la ciudad buscando agua. La desesperación probaría la fragilidad de la seguridad ciudadana y el respeto a la propiedad privada.

Política

Matanza de El Frontón no debería quedar impune

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Matanza de El Frontón

Luis Nava, exhombre de confianza de Alan García, corroboró ante la Fiscalía el testimonio de un colaborador eficaz que relató cómo el expresidente sobornó al fiscal a cargo del caso El Frontón para lograr el archivamiento de las investigaciones.

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Alan García, Luis Nava, confirmó ante el Ministerio Público los hechos revelados por un colaborador eficaz sobre cómo García se habría librado de ser investigado por el caso El Frontón mediante un presunto soborno.

Según informó IDL-Reporteros, los hechos corroborados por Nava se remontan al año 2004, antes del inicio de la campaña presidencial del 2006. Por esos días, gracias a una gestión del abogado de García, Genaro Vélez, se realizó una reunión en la casa del fiscal Mario Gonzales Díaz, a cargo de las investigaciones del caso El Frontón.

Alan García Pérez

A la cita acudieron Alan García, Vélez y Luis Nava Guibert. IDL-Reporteros da cuenta de la relación cercana que existía entre los tres personajes: Un año antes, en 2003, Luis Nava Guibert fundó un estudio de abogados en sociedad con Genaro Vélez y otro militante aprista, Nestor Walqui. Para esa fecha, Vélez ya había defendido a García en los casos de El Frontón, Accomarca y Cayara, y más tarde sería su asesor legal durante las investigaciones de la Megacomisión, presidida por Sergio Tejada.

De acuerdo al relato del colaborador eficaz, durante la reunión el fiscal Mario Gonzales Díaz ofreció archivar el caso, pero admitió tener miedo a las consecuencias y por tanto solicitó ayuda a sus interlocutores. En esas circunstancias, García habría llevado a Vélez a un ambiente apartado, y le habría entregado US$ 25 mil para que este a su vez le entregue el dinero a Gonzales. Según el colaborador, Vélez cumplió con el encargo con la misma discreción con que recibió el dinero, aunque todos los presentes quedaron al tanto de la entrega.

Minutos después, Gonzales indicó que, pese a todo, seguía temiendo por su futuro tras el archivamiento del caso. Ante esto, García le habría indicado que no se preocupe, pues él lo iba a ayudar.

El 30 de noviembre de 2004, Mario Gonzales Díaz, entonces fiscal provincial de la “fiscalía especializada para desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas clandestinas”, archivó la investigación contra Alan García por los presuntos delitos de homicidio calificado, delito contra la seguridad pública, y delito contra la administración pública. Tras ello, Alan García solo fue incluido en el proceso en calidad de testigo, y Gonzales pasó a trabajar a otra entidad estatal, quizás como parte de la “protección” ofrecida.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, el archivamiento de las investigaciones contra García ya era algo claro antes de su formalización. “A mí me queda súper claro que antes de que emita su disposición, sabíamos que el fiscal no iba a denunciar a García. Así de contundente era el asunto, él lo había expresado con todas su palabras. Me dijo más de una vez que él tenía una disposición de no denunciar y no involucrar a García”, recordó.

IMPUNIDAD GARANTIZADA

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos revelados por el colaborador eficaz y corroborados por Luis Nava, Rivera aclaró que el suicidio de Alan García puso fin a cualquier posibilidad de investigación y proceso en su contra.

En cuanto al caso del exfiscal aludido, Mario Gonzales, el abogado indicó que si bien la acusación podría ameritar una investigación por parte del Ministerio Público, también es un hecho que el caso ha prescrito al cumplirse en noviembre el plazo máximo de 15 años.

Y a pesar de tratarse de hechos directamente vinculados a encubrir un crimen de lesa humanidad, no serían alcanzados por la imprescriptibilidad que se confiere a este tipo de crímenes y correspondería tratarlo solo como un caso de corrupción.

De otro lado, recordó que desde hace dos años se viene desarrollando la etapa de juicio oral contra 34 militares imputados por la matanza de El Frontón. “Aunque estamos evaluando el modo de introducir este elemento nuevo en el proceso, el problema es que García no era acusado, sino testigo, debido al archivamiento que ahora sabemos que fue por un presunto soborno”, indicó.

Finalmente, concluyó que “este acto corrupto del año 2004 fue determinante para garantizar impunidad a favor de García, a pesar de que él debió ser acusado, procesado y condenado como autor mediato del crimen”.

ALGO MÁS

Por su parte, el exabogado de Alan García, Genaro Vélez, calificó de “bajeza” las revelaciones sobre el presunto soborno, y que todas las personas que han intervenido para lograr la declaración del colaborador eficaz “dan asco, porque un hombre no debe mentir para agraviar a una persona que está muerta”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Barata nuevamente sera interrogado

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Jorge Barata

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exsuperintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se está coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a ser canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

Como se recuerda, la entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte de la firma del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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Política

Denuncian campaña de desprestigio contra la ONPE

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Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Fuentes allegadas al Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denunciaron una presunta campaña de desprestigio emprendida contra el ente estatal a partir de cartas difamatorias que habrían sido distribuidas por el director ejecutivo de Medios Perú, Edgar Guevara Soto.

Así, se buscaría generar un manto de sospecha respecto a la distribución de la franja electoral de las elecciones extraordinarias 2020, exigiendo la intervención de la ONPE y de la Contraloría de la República cuando se trata de un tema que compete a empresas privadas.

Asimismo, las fuentes señalaron que estas acciones estarían motivadas por una suerte de “celos e intereses comerciales”, por lo que se estaría evaluando el inicio de las acciones legales correspondientes.

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