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Política

Tambalea la lucha anticorrupción

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Miguel Jugo

Continúan los fallos desfavorables a la postura del Equipo Especial Lava Jato. A la liberación de Keiko Fujimori y el archivamiento de la acusación contra el fiscal supremo Pedro Chávarry, se suma la liberación de Humberto Abanto y otros árbitros implicados en el caso Odebrecht.

El Poder Judicial continuó con una semana de reveses para el Equipo Especial Lava Jato y anuló la orden de prisión preventiva que pesaba contra un grupo de abogados acusados de favorecer a Odebrecht en diversos procesos arbitrales con el Estado peruano.

Entre los juristas beneficiados con la resolución judicial se encuentra Humberto Abanto, quien hasta antes de su detención ejerció la defensa legal del exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama.

Además, fueron liberados los abogados Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre, Franz Kundmüller Caminiti, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco y Daniel Linares Prado, quienes presentaron sendos recursos de apelación contra la resolución del 4 de noviembre que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva que solicitó el fiscal del Equipo Especial Germán Juárez Atoche.

Además, la instancia judicial impuso una caución por el monto de S/ 100 mil, cuyo pago es ineludible para que los ocho investigados por presunto lavado de activos y organización criminal puedan salir de prisión.

DECISIONES LAMENTABLES

El analista político Miguel Jugo consideró como “lamentable” la noticia de la liberación de Humberto Abanto y los otros árbitros implicados en el caso Odebrecht. “Los fiscales han hecho un excelente trabajo tratando de desenmarañar este sistema que ha favorecido a la empresa corrupta. Lamentablemente, tecnicismos hacen que se favorezca a intereses de personas comprometidas con estos actos dolosos”, indicó

Jugo manifestó que los integrantes del Equipo Especial Lava Jato han estado trabajando dentro de “la lógica legal que existe en este momento”, y que lo que se estaría propiciando con las liberaciones de imputados que se encontraban con prisión preventiva, es que los delincuentes se acojan a esta figura de que “si no estoy condenado entonces puedo estar en la calle”.

En ese sentido, indicó que la laxitud de las normas no solo resultarían beneficiosas a la corrupción sino también a la delincuencia. “Después no nos quejemos de que no se hace una lucha frontal contra la delincuencia. Por eso es importante que en el próximo Congreso vayan personas adecuadas y luchen frontalmente contra la corrupción”, apuntó.

El analista destacó que a pesar de que la lucha contra la corrupción siempre ha estado cuesta arriba en el Perú, es digno de admirar los avances logrados por el Equipo Especial Lava Jato, y que ese trabajo no debe parar. “La ciudadanía debe seguir atenta y no bajar los brazos, porque en este momento la corrupción está acelerando situaciones y la derecha económica ha comenzado a apoyar claramente a Keiko Fujimori y su gente”, señaló.

Respecto a la constante promoción en medios masivos de personajes allegados a la corrupción, el analista advirtió que “la derecha económica se ha expresado públicamente a favor de quienes se hallan complicados por la corrupción”. “Es clarísimo que al señor Romero así como a los del Club de la Construcción, no les ha quedado otra alternativa que salir a defender sus intereses. Y algunos medios masivos que actúan como personeros de estos grupos, les continúan dando espacio para fortalecerlos mediáticamente; por eso en la Conferencia Anual de Ejecutivos(CADE) está Martha Chávez, a pesar de que Fuerza Popular no representa absolutamente nada hoy políticamente. Está muy claro cuál es el rol de la derecha en este país”, expresó.

Avelino Guillén

Exfiscal Avelino Guillén.

POSIBLE ARTIMAÑA

Por su parte, el exfiscal de la Nación, Avelino Guillén, cuestionó las argumentaciones realizadas por el magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos, quien afirmó que había disminuido la capacidad obstructiva de Keiko Fujimori al estar el Congreso disuelto. “Ese argumento no resiste el menor análisis, el peligro de obstrucción se mantiene latente, pues hay una red, una organización, que actuó al interior de una agrupación política con la finalidad de intimidar, amenazar a testigos y falsos aportantes para que cambien de versión”, manifestó a la agencia Andina.

Guillén recordó que Fuerza Popular “es una organización con un gran poder y que tiene una presencia política muy significativa”, agregó. Además, mostró su extrañeza por la decisión tomada por el titular del TC, Ernesto Blume, de anunciar el fallo favorable a Keiko Fujimori a pesar de que no se había elaborado la sentencia. El exfiscal calificó el hecho como “extremadamente preocupante”, ya que según consignan distintas versiones se habría producido un acuerdo para continuar con el debate sobre el hábeas corpus de Keiko Fujimori, pero este finalmente quedó zanjado cuando Blume anunció la decisión.

Greta Minaya

Jurista Greta Minaya.

ES UNA INVITACIÓN A LA FUGA

Para la jurista Greta Minaya, las decisiones tomadas a nivel judicial y del Tribunal Constitucional esta semana, terminan complicando la labor fiscal respecto a las investigaciones en curso. Además, advirtió sobre el riesgo de dejar en libertad a investigados que no tienen impedimento de salida del país, y por lo tanto podrían terminar fugando.

Por otro lado, la también candidata al decanato del Colegio de Abogados de Lima, manifestó su desacuerdo con la figura de prisión preventiva como una herramienta eficiente en la lucha contra la corrupción. “Antes no se aplicaba la prisión preventiva, pues cuando el delito era grave, el juez tenía la potestad de dictar detención. Y esto significaba que el imputado era internado en un centro penitenciario mientras dure la investigación, pero con la prisión preventiva, se plantea una herramienta no tan firme como estamos viendo”.

También recordó que la corrupción en el sistema de justicia peruano se encuentra institucionalizada desde los años de la dictadura fujimorista. “Lo he vivido yo misma cuando fui magistrada en el Poder Judicial. Todo esto se mantiene hasta hoy y le hace un daño terrible al país. Lo vemos cada día, con los empresarios aportantes violando la ley y no pasa nada”, refirió.

HAY QUE COMBATIR LA CORRUPCIÓN DESDE EL CAL

La jurista Minaya consideró que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) está atravesando una etapa difícil y que se requiere una lucha frontal contra la corrupción desde la misma institución. “Todos han escuchado a la decana diciendo que tiene pretensiones políticas y que no se metan con el fujimorismo. Eso le hace daño a una institución que representa la conciencia jurídica del país”, afirmó.

Por otro lado, indicó que ante la evidencia de que un gran número de abogados están implicados en casos de corrupción, se necesitan acciones directas para abordar esta problemática. “Se necesita una lucha frontal contra la corrupción desde el mismo CAL. Para eso hay un estatuto y un código de ética, para sancionar a estos malos abogados”, indicó.

Minaya postula al decanato del CAL en las elecciones que se realizarán este sábado 30 de noviembre en el Colegio Guadalupe. Va con el número 23 y promete luchar para que el CAL pueda salir de la indiferencia ante el grave flagelo de la corrupción y para que recupere el prestigio que le corresponde a la institución.

 

José Alfredo Madueño

Política

Usurpadores deberán ser investigados

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en

Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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