Con votos de la ultraderecha, y de la investigada presidenta del grupo de trabajo, archivaron las denuncias contra los exfuncionarios por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como los decenas de heridos en las protestas de noviembre de 2020.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la Denuncia Constitucional 132 que interpuso la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, en contra de Merino, el exjefe de Gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves, contra Inti Sotelo, Bryan Pintado, Fermín Cruz y otros.
Con voto dirimente de la presidenta de la subcomisión, Rosio Torres (Alianza para el Progreso), se archivó la denuncia constitucional luego de que el congresista delegado Alejandro Cavero (Avanza País) expusiera el cuestionado informe final de la “investigación”.
Los siete congresistas que votaron a favor del archivamiento fueron Rosio Torres (APP), Alejandro Cavero (Avanza País), Martha Moyano (Fuerza Popular), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Hernando Guerra-García (Fuerza Popular), Wilson Soto (Acción Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).
Por su parte, Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial),Edgard Reymundo (Cambio Democrático), María Taipe (Perú Libre), Alfredo Pariona (Perú Libre), Jorge Flores (Acción Popular) y José Jerí (Somos Perú) emitieron su voto en contra, mientras que la congresista María Acuña (APP) se abstuvo.
En la exposición de su informe,Cavero afirmó que no se puede concluir que los tres imputados tengan relación a los hechos de violencia generados por efectivos policiales en específico, ya que no existieron órdenes concretas ni una cadena de mando legal-administrativo específico.
Además, el informe refiere que Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron por heridas causadas por perdigones de plomo, y que la Policía no usa ni tiene a su disposición estos proyectiles. Esto, a pesar de los peritajes y testimonios que contradicen esta teoría y que no fueron tomados en cuenta por el congresista de Avanza País, quien también determinó que los policías no usan canicas de vidrio, las cuales causaron heridas a varios manifestantes.
Cabe mencionar que el decimosexto congresista que integra el grupo de trabajo, Waldemar Cerrón (Perú Libre), no asistió a la sesión, lo que ha sido interpretado como un acto cómplice con el blindaje perpetrado. Incluso, el hermano de Inti, Pacha Sotelo, le recordó la promesa, incumplida hoy, que hiciera a la Asociación de Víctimas del 14N. “Si el traidor de Waldemar Cerrón cumplía su compromiso la historia hubiera sido diferente”, publicó en redes sociales.
DIME CON QUIÉN ANDAS
En cuanto a la presidenta del grupo de trabajo, Rosio Torres, hay que recordar que la actual legisladora es cónyuge del exgobernador regional de Loreto Fernando Meléndez, acusado de otorgar ilegalmente derechos a la empresa Cacao del Perú Norte SAC, según reveló el portal Convoca. Esta empresa está implicada en la deforestación masiva de 3.000 hectáreas de bosque amazónico.
El 3 de septiembre de 2021, Meléndez fue acusado por la Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Iquitos. Se le adjudicó, en el ejercicio de sus funciones, haber faltado a sus obligaciones.
Además, Cirilo Torres Pinchi, padre de la congresista, fue acusado por apropiarse ilícitamente de más de 15 millones de soles cuando presidió la Dirección de Educación de Loreto (DREL), entre 1999 y 2000. Lleva más de 20 años desaparecido pese a estar condenado por delito contra la administración pública en modalidad de peculado.
Por si fuera poco, la misma presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales viene siendo investigada por el Ministerio Público por presunto lavado de activos, y ha sido denunciada recientemente por la presunta contratación fantasma de dos trabajadores en el Congreso, a quienes habría asignado tareas de soporte para su cónyuge.
RECHAZAN BLINDAJE
Tras la decisión de blindar a Merino, el congresista de Perú Libre, Alex Flores, señaló que esto representa un “nefasto precedente”. “Esta componenda de la derecha una vez más demuestra su vocación histórica por la impunidad. Los votos sesgados no podrán borrar la sangre derramada”, publicó en Twitter.
En tanto, el legislador Edgar Reymundo, de Cambio Democrático, planteó una reconsideración a fin de que los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cambien su decisión de archivar las denuncias e impedir que el Ministerio Público continúe con las investigaciones.
PNP ATACÓ A PERIODISTAS
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que deja en impunidad las lesiones graves y leves que sufrieron hombres y mujeres de prensa que cubrieron los hechos de la semana de protestas de noviembre del 2020.
Según información de la Oficina de los Derechos Humanos de la ANP, entre el 9 y 16 de noviembre de ese año fueron cometidos 40 ataques contra periodistas y medios de comunicación; de estos, 30 fueron perpetrados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes hicieron uso excesivo de la fuerza al amparo político que ofrecían las autoridades de entonces.
