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Editorial

Sin derecho al pataleo

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El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció una serie de aUn 74% de peruanos desaprueba el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que autoriza que los miembros del Congreso disuelto puedan postular en los comicios parlamentarios de enero de 2020, según una encuesta de Ipsos Perú. Según el referido sondeo de opinión, solo el 24% aprueba que los exparlamentarios disueltos puedan postular, mientras que un 2% no precisa. Sin embargo, lo preocupante es que se señala que un 32% no votaría por ninguna de las listas que postulan al Parlamento, lo que podría dejarles la cancha libre a los fujiapristas.

Hay que recordar que los fujimoristas más cuestionados han renunciado estratégicamente a la agrupación política que los aupó en el Congreso, Fuerza Popular, y van en la lista de Solidaridad Nacional, convirtiéndola en una suerte de caballo de Troya para intentar así meterse al Congreso nuevamente, situación que se vuelve más peligrosa por la cantidad de ciudadanos que ya no creen en los políticos debido al alto grado de corrupción visto.

Aquí cabría tener en cuenta la advertencia del filósofo griego Platón, discípulo de Sócrates, quien dijo que “Uno de los castigos por negarse a participar en política es que, al final, puedes terminar siendo gobernado por tus inferiores”. Más aún cuando el estudio de Ipsos Perú señala que, al momento de votar, un 75% buscará primero el candidato y luego el partido, el 18% verá primero el partido y después el candidato y 7% no precisa.

Por eso es necesario que los partidos políticos y las instituciones involucradas en estas elecciones realicen su tarea de capacitación al electorado, pues lo que debería conocer todo ciudadano es que primero tendrá que marcar la lista donde se ubica el candidato de su preferencia y, por lo tanto, en ese momento estará haciendo ingresar a otros candidatos que se ubican en los primeros lugares de esa nómina. ¿Cuál es el problema? El problema es que si esa lista es encabezada por personas cuestionadas o procesadas por corrupción, después tendremos un Congreso improductivo y confrontacional como el que fue disuelto constitucionalmente. El ciudadano debe elegir. Después no hay derecho al pataleo

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Editorial

Cuestión de planificar

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El Gobierno ha decretó el estado de emergencia por 60 días en 15 distritos de Lima, ante el peligro inminente de inundaciones por desbordes de los cauces de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, según una norma publicada en el diario oficial El Peruano. Los distritos comprendidos, según el Decreto Supremo N° 190-2019-PCM, son: Carabayllo, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ate, Chaclacayo, El Agustino, Lima, Lurigancho, Rímac, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Lurín y Pachacámac.

Una rápida respuesta ante una emergencia puede salvar vidas, pero mejor sería poner en marcha un plan que incluya la descolmatación de los ríos, así como limpieza de quebradas por donde van a bajar los huaicos; amén de la erradicación progresiva de las poblaciones que se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo. La coordinación entre los ministerios de Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento; Agricultura y Riego, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, debe ser permanente y siempre de la mano del Indeci.

Para qué esperar que se intensifiquen las lluvias y crezca el caudal de los ríos para declarar en emergencia las zonas de inminente peligro. Las autoridades deberían trabajar en eso todo el año. El Senamhi, por ejemplo emite constantemente sus boletines para alertar de las temporadas de lluvias en las diferentes regiones del país. Por qué no aprovechar el esfuerzo que realizan instituciones como aquella para trabajar por las poblaciones que se encuentran en sectores vulnerables. La municipalidad de Lima, los gobiernos regionales y locales, también deben ser convocados a esta tarea.

Así también, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha pedido mantener organizada y en sesión permanente las Plataformas de Defensa Civil y los grupos de trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres para la oportuna respuesta y rehabilitación en caso de emergencia. Además sugiere que se debe contar con un inventario de recursos y bienes de ayuda humanitaria en los diversos almacenes para la atención de las necesidades básicas de la población damnificada y afectada por desastres. Son cosas que se pueden planificar a lo largo del año sin esperar estar en la emergencia para ponerse a trabajar.

No se trata solo de lluvias, nuestro país está ubicado en zona sísmica y las autoridades deben estar siempre preparadas y organizadas para enfrentar, todo tipo de catástrofes, como tsunamis, El Niño, y cualquier otra que se pudiera presentar. En el Perú ya no hay fenómenos naturales sino eventos que se repiten casi todos los años. Es cuestión de planificar.

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Editorial

¿Más de lo mismo?

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Como si de pronto la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) hubiera decidido adelantarles la Navidad a los transportistas del servicio de pasajeros en combis, coaster y ómnibus, ayer anunció que las autorizaciones que vencían el próximo 31 de diciembre serán prorrogadas automáticamente.Según se entiende, la idea sería garantizar el servicio sin interrupciones. La ampliación del plazo se realiza de conformidad con la quinta disposición complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 005-2019-MTC, en tanto la ATU emita los reglamentos pertinentes.

La verdad es que los funcionarios de la ATU, así como los de la Municipalidad de Lima Metropolitana al parecer no estarían trabajando al ritmo necesario. Los usuarios del transporte público ya están hartos de tener que soportar las incomodidades en esas pequeñas combis que van haciendo carrera entre unidades de la misma empresa, inclusive, por ganarse los pasajeros. Mejor sería que se agrupen en empresas formales y ganen concesiones para operar con buses grandes y cómodos con la finalidad que todos salgan ganando, el público, los transportistas y la ciudad.

Las coaster no se caracterizan precisamente por su limpieza, también están pugnando por ganarse los pasajeros sin importarles a los conductores la integridad física ni la vida de los pasajeros. Una característica de estas unidades es que dejan al pasajero en donde al chofer le dé su regalada gana y si de pasarse la luz roja se trata nadie les gana, total también compiten por los pasajeros. Y los buses no se quedan atrás, muchas veces sin vidrios en las ventanillas. Que nos desmienta la gente que se ve en la necesidad de abordar estas unidades para ir al trabajo, a su centro de estudios o simplemente salir de compras.

Hay una demanda insatisfecha, especialmente en las horas punta, y no se está trabajando para resolver el problema. Basta pararse en el paseo Colón, en pleno centro de Lima para darse cuenta de ello. Pero los transportistas siguen generando un verdadero caos. La ATU no ha resuelto el problema hasta la fecha ni tampoco el alcalde de Lima y por eso no encontraron mejor salida que la prórroga automática de las autorizaciones. Los usuarios están esperando un servicio masivo integrado, que les permita llegara tiempo a sus centros de trabajo o estudios, pero al parecer tendrán que esperar TODO un año, si no es más.

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Editorial

Congreso es agencia de empleo del fujimorismo

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A pesar que ahora solo está funcionando la Comisión Permanente, el Congreso de la República continúa siendo una agencia de empleos bien remunerados. Lo que no se puede entender es cómo en solo 23 días se ha contratado a 91 personas, según ha denunciado la periodista Juliana Oxenford. La pregunta del millón es para qué necesitan casi un centenar de nuevos trabajadores los 27 miembros de esa comisión congresal que no realiza mayor labor por encontrarse el Parlamento disuelto constitucionalmente.

Además, el próximo 26 de enero se realizarán elecciones congresales extraordinarias para elegir a los nuevos miembros del Legislativo y, encima, se vienen las fiestas navideñas que dejan menos margen para trabajar. En todo caso, la cosa es clara, el fujimorismo sigue realizando las mismas viejas prácticas por las que el Parlamento tuvo que ser disuelto. ¿Acaso piensan estos señores que los ciudadanos deben pagar sus impuestos para que ellos continúen derrochando esos recursos a manos llenas. Hay que tener en cuenta que allí no se paga sueldo mínimo, no, claro que no.

Al parecer, no se equivocó la población al salir a las calles para exigir que se vayan todos los parlamentarios a sus casas, por su escasa producción legislativa y el excesivo derroche del que hacen gala, amén de otras gollerías. No hay que olvidar que cuando el presidente Martín Vizcarra se vio obligado a plantear el cierre constitucional del Parlamento Nacional, más del 85% de los electores le dio su pleno respaldo. Por lo menos así lo corroboraron las encuestas de opinión pública realizadas en su momento.

Sería bueno, pues, que instituciones como la Contraloría General de la República pudieran investigar lo que viene ocurriendo en la Comisión Permanente del Congreso de la República, donde desde el pasado 13 de noviembre ha comenzado un festival de contrataciones, según la denuncia difundida por Latina Televisión. De corroborarse la contratación de cerca de un centenar de personas en el Congreso, que por el momento está disuelto, la cosa sería bastante grave.

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