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Especial

Siempre podemos estar peor

ELECCIONES 2022 Y EL FONDO DEL POZO

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Mesa de votaciones ONPE

Rudecindo Vega

 

En Perú en las últimas décadas se ha instalado una suerte de fatalidad histórica, que nuestras últimas autoridades electas, en todos los niveles de gobierno, son peores que las anteriores y que ya no podemos “seguir cayendo más hondo”. Luego, en cada nueva elección, comprobamos, que nuestro pozo sigue teniendo profundidad, es un hueco negro, que atrae y jala a las nuevas autoridades. Claro que hay excepciones, lamentablemente las buenas autoridades pierden su valor en la generalidad de la ineficiencia, corrupción y mediocridad. Culpables somos los ciudadanos al ejercer nuestro voto poco informado, las organizaciones políticas que proveen candidatos sin establecer requisitos y filtros, y el indescifrable régimen y sistema electoral existente en nuestro país que nos conduce a esta situación. Este 2022, la elección de las autoridades regionales y municipales volverá, una vez más, a demostrarnos que no tocamos fondo.

En los últimos 8 años hemos tenido 7 procesos electorales: elecciones regionales y municipales del 2014, elecciones presidenciales y congresales del 2015 – 2016, referéndum constitucional del 2018, elecciones regionales y municipales del 2018, disolución del Congreso del 2019 y las elecciones para el nuevo Congreso del 2020, elecciones presidenciales y congresales del 2020-2021 y ahora las elecciones regionales y municipales del 2022. Todos enmarcados en una gigantesca crisis política que en los últimos 5 años nos llevaron a tener: 5 Presidentes, 3 Congresos, 3 gabinetes censurados, 5 vacancias presidenciales tramitadas y un sinnúmero de ministros interpelados y censurados. Varias autoridades nacionales, regionales y locales procesadas, algunas fugadas y otras detenidas. Líderes y candidatos de partidos procesados y encarcelados incluyendo acusaciones de organización criminal a sus propias agrupaciones políticas.

No terminamos aún de cerrar la dolorosa campaña electoral presidencial y congresal del 2021, en la que nos hemos quejado de los candidatos y los elegidos, y ya se convocó en todo el país otro proceso electoral más diverso y complejo como es la elección de las autoridades regionales y municipales. Preparémonos para las “joyitas” de candidatos, las desagradables sorpresas de quienes son electos y la dolorosa sensación de que nada puede hacerse porque las leyes están hechas de esa manera.

Pena por el Perú, nuestro hueco negro seguirá creciendo inexorablemente cuando el próximo 2 de octubre elijamos 25 gobiernos regionales, 196 gobiernos locales provinciales y 1678 gobiernos locales distritales y, seleccionemos a cerca de 15 mil autoridades electas entre gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales. Si las organizaciones políticas se quejan por no encontrar candidatos para presidente, vicepresidentes y congresistas imaginemos su odisea para organizar sus primarias, encontrar candidatos entre sus militantes y postularlos en todo el Perú las siguientes elecciones.

 

Purificación prelectoral: rol del JNE

Los datos del Perú son brutales, inentendibles en otros países y una singularidad de nuestra historia política actual: de los 12 últimos presidentes, 9 son procesados y algunos fueron encarcelados (Bermúdez, García, Fujimori, Toledo, Humala, PPK, Vizcarra, Merino y Castillo) y solo 3 quedaron libres de ello, Belaunde y los 2 presidentes transitorios (Paniagua y Sagasti). De los actuales 25 gobernadores regionales 18 tienen procesos, destituciones y algunos hasta detenciones por prácticas de corrupción y; hay un sin número de autoridades municipales en la misma situación. Si a ello añadimos la desconocida lista de funcionarios, ejecutivos y administrativos de cada una de las gestiones actuales y pasadas en la misma situación administrativa, policial, fiscal y judicial seguramente las cifras serían escalofriantes. Bastaría que el JNE, por fin, alguna vez, fiscalice el cumplimiento del desbarajuste normativo e incluso determine sus reglas de aplicación para ayudar a limpiar la preocupante oferta electoral que se nos viene. Nos ahorraría tener a miles de prontuariados como candidatos o como autoridades elegidas.

No es complejo ni difícil integrar en una sola base de datos administrada por el JNE a todas las personas que tengan procesos abiertos o concluidos desfavorablemente en su rol de funcionarios o servidores públicos. Estas listas se encuentran en el Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Policía Nacional del Perú y algunos Tribunales Administrativos como el de Servir y otros que meritúe el propio JNE. La purificación preelectoral de este proceso regional y municipal sería un gran avance; si se propone, con las normas actuales, el JNE en cumplimiento de su atribución de fiscalización electoral podría ayudar en esa necesaria purificación democrática.

Coincido con quienes cuestionarían la medida alegando la presunción de inocencia hasta que el Poder Judicial no se haya pronunciado, pero insisto, es momento ya, que el Perú defendiendo el interés común, la democracia y los intereses nacionales evite el riesgo de tener candidatos y autoridades electas a personas con acusaciones, denuncias, resoluciones y sentencias de haber hecho mal uso del rol de funcionario o servidor público en perjuicio de los ciudadanos y del estado y que buscan un cargo político para evitar dichos procesos o volver a cometer sus fechorías. Habrá que establecer procedimientos para que los inocentes e injustamente procesados hagan valer sus derechos y el resarcimiento de su honorabilidad, evitándonos la penuria, maldad y maldición de tener candidatos prontuariados.

La normas electorales, malas o desastrosas, no pueden cambiarse durante el proceso electoral; la oferta de los partidos ojalá mejore, sea seria y menos mercantil; y queda a los ciudadanos ejercer un voto informado si no queremos ir más al fondo del pozo. El único momento en que el soberano ejerce su soberanía es el día del acto electoral, sean elecciones o consultas, luego de ello, el sistema de representación está a favor de los elegidos más que de los votantes. Es penoso verse defraudado al poco tiempo de la elección, sentir que poco se puede hacer para enmendar el error y cargar la cruz hasta las siguientes elecciones. Quizás por ello, se buscan otras alternativas no electorales: vacar a los elegidos (presidente, gobernadores y alcaldes), promover una disolución congresal o la pocas veces efectiva revocatoria a alcaldes.

Lamentable por el Perú y los peruanos; no ha existido pausa democrática ni momento de tranquilidad que permita establecer periodos de gobernabilidad. Imaginemos, ojalá me equivoque, si a ese escenario sobreponemos este año (nada se puede descartar) una nueva vacancia presidencial, una disolución congresal (ahora más difícil), un nuevo gobierno de transición y nuevas elecciones presidenciales y congresales. Difícil ser mejor país en situaciones de permanentes elecciones, deslegitimación de los electos o destitución de los mismos. Quiera Dios que a pesar de nuestros líderes, autoridades y organizaciones políticas, el hueco negro que es nuestra política no termine convirtiéndonos en una república fallida en nuestro bicentenario. Si los ciudadanos con vocación democrática, sentido del interés común e identificación nacional no asumen candidaturas, la responsabilidad y cuidado de su voto estaremos dejando una vez más al peor postor y a los peores las riendas de los próximos gobiernos, del futuro de nuestros hijos, y de la viabilidad de nuestro país. Avisados estamos.

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Repsol: Desastre ecológico y avaricia empresarial

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Derrame de petróleo en Ventanill

Jorge Manco Zaconetti

 

No existen catástrofes naturales. Las consecuencias de un terremoto o un “fenómeno del Niño” dependerán de las medidas de prevención que se adoptan, de los planes de mitigación ante posibles accidentes y fenómenos naturales, más tratándose de un país como el nuestro que está en medio de una zona sísmica por excelencia.

En el Océano Pacífico en los últimos años por efectos del calentamiento global son cada vez más recurrentes los días de oleajes anómalos que dificultan la carga y descarga de combustibles a lo largo de nuestras costas. En la práctica un tercio de los 365 días están experimentando olas anómalas, es decir “maretazos” donde por precaución se suspende la descarga de combustibles.

Una explosión de un volcán subterráneo ocurrido a más de 10 mil kilómetros en la Oceanía el 12 de enero, ha tenido consecuencias nefastas en la costa peruana por la desidia de la Marina de Guerra del Perú y sobre todo la avaricia y ambición de la transnacional Repsol/YPF que ha preferido seguir descargando combustibles en la boya frente a la Refinería de La Pampilla, la principal del país.

Desde el viernes 14 un buque carguero contratado por Repsol/YPF tenía que descargar aproximadamente un millón de barriles de los cuales hasta el sábado ya había descargado más de 600 mil barriles, a pesar de las olas anómalas advertidas por la Marina de Guerra.

Evidentemente la empresa transnacional antes que mantener paralizado el buque con los sobrecostos que ello conlleva persistió en la descarga de crudo con las consecuencias por todos conocidos. Se han vertido al mar más de 6,000 barriles, pues las amarras de estribor (derecha) y las válvulas fueron dañadas por el buque que fue afectado por las olas anormales. Consecuencias más de 3 millones de metros cuadrados de playa y el mar contaminados por un petróleo que tardará años en ser recuperado al margen de la afectación de los ingresos y empleo de los pescadores artesanales.

La empresa Repsol/YPF principal accionista de la Refinería de La Pampilla que tiene una capacidad de refino de 102 mil barriles diarios, persistió en seguir descargando petróleo a pesar del oleaje anómalo. Cuando la razón y el sentido práctico recomendaba paralizar las operaciones.

Como toda operación de cabotaje marítimo los buques son contratados por un número de días que por usos y costumbres se plasman en los contratos. Es más, cualquier demora u atraso por algún fenómeno natural lo asume el comprador. En tal sentido, Repsol/YPF por no pagar las tarifas adicionales de por lo menos de US $ 250 mil dólares diarios como sobrecosto por la paralización continuó con las maniobras que nos ha llevado a la peor tragedia ambiental en la costa peruana, cuyo valor económico de reparación es incalculable.

 

¿QUIÉN ES REPSOL/YPF?

Repsol es una transnacional española que en 1996 compró a precio de ocasión la mayoría accionaria de La Pampilla pagando menos de US $ 185 millones de dólares incluyendo en ese monto más de US$ 42 millones en papeles de deuda externa del país. Se compró la refinería a precio de ganga por decisión de la dictadura fujimorista y prácticamente se transfirió el principal mercado de combustibles del país, Lima.

Hoy controla más del 40 % del mercado de combustibles en franca competencia con PetroPerú, y tiene la ventaja de tener una cadena propia de estaciones de servicios de combustibles (grifos). Sin embargo, lo más importante de su participación está en los lotes de Camisea, lote 88 y 56 con una participación del 10%, y sobre todo en el lote 57 donde detenta una participación superior al 55% conjuntamente con la estatal china CNPC.

Con ingresos por ventas que superan los S/ 10 mil millones de soles, Repsol/YPF opera en nuestro país de manera integrada pues está en la exploración, en la explotación de hidrocarburos, en la refinación, transporte y distribución mayorista y minorista de combustibles. Es sin duda alguna la competencia más dura de PetroPerú.

Tiene tanto poder que por medio de la adquisición de YPF de Argentina y de su filial Astra tiene participación en Pluspetrol. Se puede decir, que funcionarios de Repsol participan en el directorio de Pluspetrol, que en nuestro país es el operador de los lotes 88 y 56 de Camisea.

Con todos estos antecedentes y los grandes excedentes, y utilidades que obtiene resulta increíble que una gran transnacional como Repsol/YPF no haya tenido un plan de contingencia serio frente a estos accidentes, como sí lo tiene PetroPerú.

Resulta penoso ver a decenas de trabajadores con lampas y bolsas de plástico tratando de recoger el petróleo que se ha extendido a más de 124 kilómetros en la costa llevando la muerte de la flora y fauna. Por tal se le debe imponer la más alta sanción y multa donde US $ 34 millones de dólares resultan insuficientes, para reparar este terrible daño ambiental.

Es más, sería importante adoptar una decisión sobre el futuro de Repsol/YPF en nuestro país, pues como toda empresa prepotente y mezquina que no “reconoce falta alguna” ha de trasladar ante el Poder Judicial la demanda que el Estado debe hacer por los irreparables daños al medio ambiente, la vida y salud de miles de peruanos.

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El Ministerio Público y el gansterismo político

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el ministerio publico y el gansterismo politico

Jaime Zelada

 

Los Políticos tradicionales, nacieron y organizaron el delito y la corrupción. La criminalidad no surgió de la noche a la mañana, su historia evidencia que se formó a través de las décadas de la evolución del Estado Peruano. Precisamente, el ex director del Museo Antonio Raymondi – Ricardo Javier La Torre Silva, publicó “Antonio Raymondi y el origen de la historia geográfica del Perú”, en la página 237, consta la Carta de Lord Bridpor – Presidente de la Real Sociedad de Agricultura de Inglaterra, sobre guano y salitre.

Carta que fuera dirigida por el científico Raymondi al periódico La Patria en 1877, dejando la siguiente constancia: “Me parece muy justo que los ingleses, tiendan en esta cuestión a favorecer sus intereses; pero no me parece muy conveniente que algunos peruanos, pudiendo con toda conciencia, proteger el desarrollo de las riquezas naturales de su patria, sean más celosos de los intereses de Inglaterra que de los suyos propios”.

El científico italiano, muestra la inconducta de quienes traicionando a sus compatriotas defendieron intereses ajenos; olvidándose de los valores y los principios de la Ética – Política. Todo ello afianza lo que escribió el más grande de nuestros historiadores, el Dr. Jorge Basadre Grohmann, que la historia peruana constituye una “cueva de bandoleros”.

Intermitentemente el poder político en el Perú, estuvo bajo la conducción de la derecha conservadora y autoritaria, con alternancias entre sus propios integrantes.

Se trata de la presencia de los que intelectualmente son conocidos como los conformantes de la llamada “derecha bruta y achorada”; son los mismos que a través de los años, se reprodujeron y nacieron para convertir a la política practica en hechos infames que las peruanas y peruanos no debemos olvidar. En el régimen de 1990, un gobernante extranjero, “remató” las empresas y el patrimonio de todos los peruanos y los montos de su enajenación “desaparecieron”.

Y las instituciones, encargadas de perseguir y sancionar el delito, jamás investigaron, desconociéndose donde fueron a parar entre: 6 mil y 16 mil millones; que hoy el nuevo gobierno debería proponer su investigación; no es posible que todo un país, sea un mero espectador, de que el aeropuerto Jorge Chávez, el Banco Continental, Telefónica, Minero – Perú, Hierro – Perú y todas las empresas que se construyeron y organizaron con el esfuerzo y el sacrificio del Perú entero; hoy sirva de enriquecimiento y desarrollo de los apetitos insanos de quienes sin haber trabajado se enriquecieron y se enriquecen impunemente.

Esta tendencia criminal, se afianzó durante los regímenes gubernamentales posteriores, se produjeron incontables escándalos, contratos leoninos, que recordando al científico Raymondi, se perpetuaron en esta línea de corrupción. En la línea de ideas que se expone no podemos dejar de felicitar al Ministerio Público, por la convicción y firmeza en archivar las “denuncias” de Keiko Fujimori y Fuerza Popular y otros fantoches de la política peruana; quienes mostrando una conducta antidemocrática y prefabricando denuncias de fraude, perjudicaron al país, promoviendo denuncias sin fundamento.

En esta situación, se debe recurrir al Código Penal, puesto que tipifica los Delitos Contra el Honor, Calumnia y Difamación. Es más, se puso en riesgo “la libertad y la democracia”, la intangibilidad de las instituciones y la Teoría de la Separación de Poderes”. Pues estas fuerzas retrogradas asumieron una actitud golpista y perpetraron acciones vinculadas a la Infracción Constitucional.

El lumpen fujimorista y la derecha autoritaria tomaron por asalto las calles, mostrándose agresivos y desafiantes, merced al “poder del dinero” y esgrimiendo el derecho de la fuerza. Sin embargo, el pueblo peruano, reeditando las victorias de su independencia y otras en el curso de su historia, jamás se amilanó.

Los medios de comunicación social, informan “las enseñanzas, consejos y experiencias”, de ex fiscales de la nación, de estos inexorables últimos 30 años, cada uno más osado que el otro, incluso pretenden bajo la máscara de lo que, en los tiempos de Jesús, fueron conocidos como “fariseos y maestros de la ley”; convertirse en los apóstoles de la administración de justicia y hasta convertirse en la “auto abanderada de la justicia” de la Fiscal de la Nación.

1. Argumenta que no se abrió investigación contra el Jefe de Estado: Falso de toda falsedad, como cuestión objetiva todo el país sabe y la resolución existe, de que sí se abrió investigación contra el Jefe de Estado.

2. Se dice, que la suspensión de la investigación al Presidente Constitucional, podría ser imputable como cómplice a la Fiscal de la Nación. Al respecto, El artículo 117 de la Constitución regula que, el Presidente de la República solo puede ser acusado por: Traición a la Patria, Impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales o disolver el Congreso y es claro y evidente que, no es el caso del Señor Presidente. Tanto más, si el artículo 97, es verdad de que faculta al Congreso a iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público; sin embargo, es limitado, debido a que, hace mención expresa “iniciar”.; pero que en la interpretación total y a través del Principio de Fuerza Política nos lleva a la conclusión de que, la Fiscalía de la Nación ha actuado de acuerdo a la Constitución y el Ordenamiento Jurídico, con un escrupuloso respeto del Principio Fundamental del Derecho Penal, en referencia al Principio de Legalidad Formal y Material, de acuerdo al análisis del reconocido maestro de las Ciencias Penales, Guillermo Yacubucci y su libro: “El Sentido de los Principios Penales”.

3. La hoy congresista y ex Fiscal de la Nación, interpreta que las pruebas pueden desaparecer y actúa bajo la sospecha de que la actual Fiscal de la Nación, no entiende las atribuciones que la ley le otorga, como titular del Ministerio Público. Al respecto, si las pruebas como sostiene son hechos, no existe manera de que desaparezcan, puesto que es conocida la línea de custodia que lo sabe hasta un estudiante de derecho y en cuanto a que la Fiscal de la Nación no entiende, resulta agraviante tanta soberbia, ojalá que considere alguna disculpa.

Cuando absorta, manifiesta que, jamás vio a un Presidente, que según refiere “despache en una casa”. Sin embargo, cuando el presidente aprista, sin más ni más, dijo que se va a gobernar a Piura, su silencio fue total. Estas experiencias nos recuerdan que el país, requiere de una Nueva Política Criminal y en ella tiene la palabra el Ministro del Interior; puesto que el delito y la delincuencia, en todas sus formas y modalidades, nos está ganando la partida y el país se encuentra sumido en el terror y el miedo. Todo ello, debe inspirarnos para no cejar jamás en una Asamblea Constituyente y una Nueva Constitución.

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La política hueca de nuestros días. Una crisis mayor

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La política hueca de nuestros días. Una crisis mayor

Rudecindo Vega Carreazo

 

La política en el Perú paulatinamente ha perdido contenido, está vacía, es hueca. Cada vez estamos peor que antes. El Interés público, común, colectivo, general o nacional como su significado sigue desapareciendo y es remplazado por el interés privado, propio, individual, particular o personal. El Estado hobbesiano, el leviatán, como contrato social para controlar el estado salvaje del hombre y garantizar su vida organizada en sociedad con su elemento gobierno hoy se encuentra en un momento de ruptura por los propios individuos que lo crearon; hoy el estado y su gobierno en el Perú son parte de un juego de privados que lo ven como un gran botín para saciar su afán de lucro o lo que es peor como un instrumento para delinquir. Nuestra crisis política no es epidérmica o superficial, coyuntural o temporal como muchos creen, es muy profunda, estructural, un largo proceso que está carcomiéndonos como un país viable. Nuestra política, hueca ya del interés general, se convierte cada vez más, desde lo local hasta lo nacional, en el espacio de disputa, competencia e intercambio de mercaderes de la misma, en suma, la política la hemos convertido en un mercado para satisfacer intereses particulares en nombre del interés general. Nadie cree en la política ni en los políticos y casi nadie quiere meterse en ella.

Si la política normal, tradicional, común es el arte de gobernar en beneficio de la sociedad al perder su esencia y mercantilizarla se ha convertido en un riesgo mayor; es el arte de gobernar para beneficio propio en nombre del interés nacional. Y en este mercado político, a diferencia del económico no hay reglas o adecuadas reglas que lo regulen; las que tenemos son para una política y lucha política normal no para una de las características actuales de nuestro país. El mercado político peruano, en regresión al estado salvaje del lobo contra el lobo, sin reglas o reglas inadecuadas, invalida al Estado, al gobierno y sus instituciones, y nos carcome como sociedad.

El Perú es una país históricamente roto, el Perú real versus el Perú formal que diagnosticó Jorge Basadre para referirse a un Estado (Perú Formal) inexistente y ajeno a la realidad nacional, hoy hasta puede cuantificarse; la informalidad nacional en todos sus aspectos, con pandemia incluida, hoy fluctúa entre el 75% y 80% de la vida nacional. Ese Perú Formal que ha llegado hasta nuestro bicentenario hoy está siendo permeado en el mundo político por la informalidad también, el desborde ciudadano del estado del que nos habló José Matos Mar en los 80 hoy también se manifiesta como un desborde de las propias élites económicas y políticas que no han podido contenerla y se han dejado llevar por su aluvión. Hasta nuestro estado mismo es informal, ni el mismo cumple sus reglas. Con una informalidad tan gigantesca, en una relación de 3 a 1 ó 4 a 1 respecto de la formalidad; la política hueca vaciada del interés público es tremendamente perjudicial. Así como hay un mercado negro de la economía en el Perú, hay también un mercado negro en nuestra política que de no enfrentarlo corremos el riesgo que se trague nuestra formalidad política, nuestras instituciones y nuestra democracia como forma de gobierno. Nuestra crisis es mayor, nuestra enfermedad es grave.

Toda informalidad, en todo lado, muchas veces es solo a legal, evita las reglas, evita al estado, explora y explota un mundo no regulado y sin instituciones para expandirse; pero también se superpone y confunde con un componente ilegal, se sabe y reconoce en contra de la ley, puede distinguirse una informalidad ilegal “administrativa” y otra informalidad ilegal delictiva. La informalidad a legal o para legal que no es delito ha sido la válvula de escape en el Perú para salvar nuestra viabilidad nacional, incluso ahora, en pandemia es la que permite vivir y sobrevivir a la mayoría nacional. Esa es la informalidad que necesita ser integra en la vida nacional, la otra, la delictiva, es la que debe combatirse. Esa informalidad ilegal delictiva ha llegado también a la política y agrava nuestra crisis nacional, es utilizada por prontuariados y delincuentes para llegar a los cargos de gobierno y desde ese espacio facilitar su actuar, continuar corrompiendo y utilizar el poder político para limpiarse de sus delitos. Qué duro y qué pena por nuestro país, el estado y el gobierno, expuesto y a expensas de delincuentes para que nos gobiernen a nuestro nombre y supuestamente según nuestros intereses comunes. Los ciudadanos hemos sido arrinconados y aprisionados por ese mercado político cada vez más copado por delincuentes o con vocación delincuencial. Profunda y grande nuestra crisis, la política hueca, sin contenido y convertida en un mercado para satisfacer intereses particulares, mezquinos y hasta delictivos sin controles ni límites es lo que facilita que, organizados o no, los informales, los ilegales y los delincuentes sean quienes conduzcan las riendas del país, región o localidad.

En ese contexto podemos entender que los partidos políticos en su histórica concepción se encuentra en extinción y son reemplazados por “agrupaciones políticas” de otro cuño y que funcionan como empresas, clubes electorales y hasta organizaciones criminales. La tristeza de nuestro Perú actual es que los ciudadanos hemos y estamos dejando el manejo de nuestra sociedad, la política nacional, el estado y el gobierno a aventureros y mercenarios que mediante partidos sin principios e ideas, empresas con fines de lucro y clubes electorales permiten la llegada al poder del peor postor y de bandas u organizaciones criminales que ven el estado y gobierno más que un botín como un instrumento para delinquir. El leviatán ha descendido al estado salvaje que quiso combatir. Increíble que en ese contexto las normas de reforma política pasen por regular con antiguas formulas formales el sistema electoral y la representación política. En realidad la reforma central, que ataque de raíz nuestro mal nacional es la recuperación del interés público y nacional como centro de la política. Enorme labor que la ciudadanía y sociedad civil debe impulsar, los políticos no lo harán, poco o nada puede esperarse de ellos.

La muerte de las ideologías de los 80 dejó desorientados y sin referentes a los partidos políticos que fueron cayendo uno por otro, los sobrevivientes van desapareciendo paulatinamente. Hoy es un logro que los partidos tengan “ideario y principios” por lo menos escritos. Las referencias a izquierdas, centro y derechas hoy sirven como referencia más que como una demarcación programática. Sin ideologías, sin idearios y principios la delimitación política de las agrupaciones (más que partidos) se encuentran en su enfoque de temas ejes como rol del estado en la economía, derechos laborales, tratamiento del aborto, derechos de los LGTB, protección del medio ambiente, pena de muerte, etc. El abanico permite de todo, en todos los aspectos hay mezclas y sobre posiciones, por ello enorme confusión. En ese escenario los polos terminan siendo más peligrosos y quizás por ello las opciones de centro terminen siendo más convocantes y dialogantes que permitan articular antes que alejar, concertar antes que confrontar. En Perú hoy por hoy sería un gran logro una concertación nacional, un acuerdo nacional que permita recuperar el interés público y el interés nacional en nuestra política, en nuestros políticos, líderes y autoridades y de las agrupaciones políticas más allá de su voluntad. Es momento de recuperar contenido para que nuestra política no sea ese hueco profundo sin fin en el que pareciera estamos metidos. Es lo que nos exige nuestro presente y futuro inmediato, ojalá estemos a la altura de un mejor Perú.

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