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Política

Si ratifican sanción contra Pérez, habría cuestionamiento internacional

ADVIERTE GARCÍA-SAYÁN

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José Domingo Pérez Gómez

Si la Junta de Fiscales Supremos ratifica la sanción contra el fiscal José Domingo Pérez esto sería un tema de cuestionamiento internacional y una eventual condena contra el Estado peruano, porque se estaría afectando sus derechos, advirtió Diego García-Sayán Larrabure, relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas.

Fue al precisar que las Naciones Unidas señala que los jueces y fiscales tienen derecho a la libertad de expresión, dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública, y cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales.

“Si al final se ratifica la sanción a José Domingo Pérez, al margen que sea el 10%, 5% o el 1% de su remuneración, esto sería un tema de cuestionamiento internacional muy serio, no contra la persona que tomó la decisión, sino esto en términos internacionales es una condena al país [contra el Estado]”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En este momento, defender a José Domingo Pérez […] es defender el principio de que un funcionario de su jerarquía tiene derecho a expresar conceptos como el que expresó, que ahora están siendo cuestionados, y en segundo lugar, que cualquier afectación en su estabilidad debe ser interpretada como un paso para acabar o delimitar las investigaciones sobre corrupción”, puntualizó.

SERÍA GRAVE UNA SUSPENSIÓN

En ese sentido, García-Sayán Larrabure consideró que sería muy grave que con esta sanción se esté buscando suspender al fiscal José Domingo Pérez, como lo advirtió el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.

“[¿Qué opina en torno a lo que ha dicho Rafael Vela de que esta sanción busca sacar a José Domingo Pérez del caso?] Eso es muy grave, porque evidentemente esto pasa en Perú, pasó en Brasil, donde finalmente el juez Sergio Moro terminó mal y su proceso de trabajo tampoco fue incuestionable. Yo creo que tenemos un problema serio”, subrayó.

“De manera, que yo espero que prime la cautela, el buen criterio y que cada cual pueda mantener su propia discrepancia con la actuación de José Domingo Pérez, quien no es un hombre perfecto, puede haber cosas equivocadas, pero una sanción no es el camino para fortalecer el Ministerio Público”, afirmó.

El exministro recordó que la opinión pública reaccionó el 31 de diciembre del 2018, cuando hubo un intento de hostilización hacia los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“Ya la opinión pública reaccionó cuando ya se estaban descorchando botellas el pasado 31 de diciembre a las ocho de la noche, se les pretendió destituir, la gente reaccionó, porque la gente entendió que esas personas, Rafael Vela y José Domingo Pérez, estaban desempeñando una función importante y que eso era inaceptable [cesarlos del cargo]”, adelantó.

TIENEN DERECHO A DECLARAR

En otro momento, el relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas recordó que de acuerdo a los estándares internacionales los jueces y fiscales tienen derecho a declarar.

“Lo que las Naciones Unidas dice [respecto a la independencia de jueces y abogados] son dos cosas. Primero, que los jueces y fiscales sí tienen el derecho a la libertad de expresión naturalmente dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública. En segundo lugar, que en algunos casos no solamente tienen el derecho, sino la obligación de expresarse cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales”, aseveró.

Finalmente, dijo que las declaraciones de José Domingo Pérez en contra de la corrupción deberían de ser elogiadas en vez de ser criticadas.

“[José Domingo Pérez] no está transgrediendo el principio de información reservada de su caso, sino que está incidiendo en algo que no debería ser criticada [por otros], sino elogiado. Que un fiscal exprese públicamente que hay que luchar contra la corrupción y que para las personas que tienen elementos de juicio para ser condenadas debe haber sentencias es algo absolutamente elemental que pide la ciudadanía”, acotó.

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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