Sentencia contra Acosta y Pimentel representa un atentado a la democracia

112
0
César Acuña

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

 

El juez Raúl Jesús Vega, del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, sentenció al periodista Christopher Acosta y al editor Jerónimo Pimentel a dos años de cárcel suspendida y un pago de reparación civil de 400 mil soles, por la publicación del libro ‘Plata como cancha’, sobre el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. .

Como se recuerda, el excandidato presidencial acusó al periodista por considerar que 55 frases del referido libro eran difamatorias. Esto, pese a que el autor solo recogió afirmaciones de terceras personas.

Vega sustentó su cuestionada decisión en que el libro ‘Plata como Cancha’ ha traspasado los límites de la libertad de expresión, supuestamente agraviando al líder de APP.

Luego de la lectura de sentencia, Acosta manifestó su incomodidad ante el juez y anunció que apelará la resolución. ““Esto es una primera instancia, este proceso todavía puede ir a una segunda y eventualmente a la Corte Suprema. Eso es lo que haríamos en el caso de tener un resultado desfavorable”, sostuvo luego.

Jerónimo Pimentel, director general de la editorial Penguin Random House, y también condenado por el juez Vega, declaró a La República que “el derecho a la cita es ampliamente reconocido entre las facultades que tiene el periodista para hacer su trabajo” y que “el derecho a la publicación es uno que no puede ser restringido tratando de amedrentar a los directores o a los ejecutivos que trabajan en las editoriales con este tipo de querellas millonarias, escandalosas y aparatosas”.

Pimentel también manifestó que “sería interesante saber cuál es la posición de la facultad de periodismo de la Universidad César Vallejo, o de la rectora Beatriz Merino que fue defensora del Pueblo”. “Me intriga mucho saber cuál es su posición”, dijo.

 

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

Tras conocerse el polémico fallo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) señaló que “repudia la sentencia” y que esta sienta “un pésimo precedente para la actividad periodística en el país y el ejercicio de la libertad de expresión”.

“En un claro exceso de sus facultades, el juez ha interpretado y sentado peligroso precedente sobre qué fuente periodística es confiable o no. Bajo esa concepción, en adelante, ningún periodista podrá citar dichos de terceros bajo el riesgo de ser demandado por difamación. Ello cercena la actividad periodística y, en consecuencia, la democracia”, manifestó la ANP en un comunicado, en el cual también demandaron la acción inmediata de la Junta Nacional de Justicia.

En tanto, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó a la sentencia contra Acosta y Pimental como un “grave ataque a la libertad de prensa”. Vivanco también compartió en redes sociales el comentario de Juan Pappier, investigador de la misma entidad, quien señaló que la decisión judicial “contradice obligaciones internacionales de Perú sobre libertad de expresión”.

Por su parte, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), consideró que la sentencia emitida por el juez Vega atenta contra los principios fundamentales del ejercicio del periodismo, “tanto para la prensa nacional como internacional”.

“La sentencia vulnera estándares internacionales como la doctrina del reporte fiel, que exonera de responsabilidad a quien reproduzca de manera exacta información o declaraciones de personas sobre asuntos de interés público”, expresó la institución en su sitio oficial.

 

EN CONTRA DE LA JURISPRUDENCIA

Para el analista Miguel Jugo, la sentencia judicial contra Acosta y Pimentel representa una amenaza a la libertad de expresión en el Perú y además es un grave error. “El Acuerdo Plenario N° 3, adoptado por la Corte Suprema de Justicia en el 2006, declara que ante una colisión de derechos, por un lado el derecho al honor, y por otro a la libertad de expresión, cuando se trata de funcionarios públicos, la protección del afectado se relativiza. Además, hay una doctrina de riesgo, porque el periodista tendría que limitar su trabajo a las cosas que estén previamente señaladas por el Poder Judicial. Es decir no podrían publicar sobre investigados por corrupción, porque aún no han sido condenados”.

Jugo también recordó que incluso las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indican que los funcionarios públicos tienen que someterse al escrutinio público y aceptar algunas informaciones “aún si son incorrectas”.

“Y el señor acuña no será funcionario público pero es un actor político importante, se reúne con los presidentes de la República como ha pasado con Vizcarra y ahora con Castillo. La CorteIDH señala sobre funcionarios públicos y actores políticos que tienen responsabilidad política sobre el país. En este caso el señor Acuña tiene esas características”.

Por otro lado, advirtió que no solo se trata del caso de Acosta y Pimentel, sino que se evidencia una actitud preocupante contra otros periodistas como Daniel Yovera, Paola Ugaz, Pedro Salinas y otros periodistas regionales que han sido querellados por cumplir con su rol de investigar e informar a la opinión pública. “Lo que sucede es muy grave y el Poder Judicial tiene que dar la talla para proteger un elemento fundamental de la democracia que es la libertad de expresión. Estamos asistiendo al uso de la ley no como una garantía de derechos, sino como un arma filuda en contra de la democracia”, añadió.

 

DATO

La ANP en los últimos cuatro años ha registrado 104 querellas contra periodistas en Lima y regiones, por lo que, insiste en la urgente necesidad de despenalizar los denominados delitos contra el honor en el país.

Artículo anteriorPataleta como cancha
Artículo siguienteGobierno oficializa creación del Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural