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Política

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Jurado Nacional de Elecciones anunció que no se cancelarán las inscripciones políticas de los partidos que no alcancen superar la valla electoral

El Jurado Nacional de Elecciones anunció que no se cancelarán las inscripciones políticas de los partidos que no alcancen superar la valla electoral. Analistas cuestionan decisión a 11 días de las elecciones congresales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que no se aplicará la valla electoral para cancelar la inscripción de los partidos políticos que participen en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y no alcancen el 5% de votos válidos a nivel nacional.

“Con relación a la valla de cancelación de la inscripción de organizaciones políticas, el pleno del JNE indicó que no corresponde aplicar el artículo 13, inciso a), de la Ley de Organizaciones Políticas porque se trata de un proceso extraordinario y no de una elección general como establece esta norma”, precisó en un comunicado el ente electoral.

En consecuencia, no se cancelará la inscripción de los partidos que no alcancen los siete representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, ni de aquellos que no lleguen a superar el 5% de votos válidos. Tampoco perderán la inscripción los partidos políticos que no participen en las elecciones del 26 de enero.

Según el jefe de la Misión para Perú de Idea Internacional, Percy Medina, lo indicado por el JNE está basado en que la ley señala que la pérdida de inscripción aplica en elecciones generales, no en elecciones extraordinarias. “No es una decisión nueva, era algo predecible, solo que no se había anunciado”, afirmó.

DEMORA INNECESARIA

El anuncio del JNE generó diversas críticas, pues promoverá un escenario político al 2021 igual de caótico por la cantidad de partidos con inscripción vigente. El historiador y sociólogo Nelson Manrique cuestionó el anuncio del JNE, al que calificó como “una garantía de ingobernabilidad a futuro”, mientras que Fernando Tuesta Soldevilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel que tuvo a su cargo la elaboración de los proyectos para la reforma política, consideró que es una decisión errónea la adoptada por el JNE, y que ésta tendrá efectos negativos para el 2021. “A 11 días de la elección, sacan este comunicado cuestionable. Es una interpretación absolutamente formalista”, indicó.

Por su parte, el analista político Miguel Jugo señaló a Diario UNO que “el JNE debió dar esta información al inicio del proceso, y no esperar a menos de dos semanas de las elecciones para publicitar esta noticia”. “De alguna forma genera una insatisfacción en la población, porque así como dijeron que los excongresistas podían participar, ahí debieron dar todas las reglas, no dejar para el final estas cosas”, apuntó.

Aunque según la ley electoral es en elecciones regulares que se pierde la inscripción, a criterio de Jugo lo realizado por el JNE “es una interpretación rígida de la norma”. “Pudieron haber avanzado respecto a la pérdida de la inscripción para quienes no llegaban al 5%, considero que el jurado pudo ser más creativo”, agregó.

El analista advirtió que esta decisión beneficia a los partidos que estaban en claro riesgo de no pasar la valla electoral, y que hacia el 2021 “vamos a tener el mismo elenco (político). Respecto a la posibilidad de que esta decisión del JNE termine favoreciendo a algunos partidos políticos debilitados que podrían recomponerse de cara al 2021, indicó que si estos siguen en la misma línea “no van a recomponer nada”.

Por otro lado, Jugo remarcó la importancia que tendrá el próximo Congreso para terminar las reformas judicial y política, además de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.

“La reforma política debe ser bastante clara, lamentablemente estamos cargando una fórmula absurda de años anteriores, incluso hay partidos que no han recogido firmas y han ganado su inscripción en el Poder Judicial, es una situación que el próximo Congreso tiene que comenzar a definir. Este año y medio que van a tener deben abocarse en dejarnos en mejor situación para el 2021 y tener una democracia sostenida, sin partidos vientre de alquiler”, añadió.

Finalmente, cuestionó la posibilidad de tener más de 30 partidos políticos en pugna en las elecciones presidenciales del Bicentenario. “Y hay un detalle importante, el JNE no ha estado avanzando en la normatividad para la inscripción de nuevos partidos, pero el 2021 si van a haber partidos nuevos que van a inscribir su comité, quizás tengamos 30 partidos y ahí ya no habrá ninguna situación que salve a quienes no sean capaces de pasar la valla”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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