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Salaverry pide “corregir error” por tramitar denuncia contra Pablo Sánchez

A SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

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Salaverry pide “corregir error” por tramitar denuncia contra Pablo Sánchez

El excongresista Daniel Salaverry envió un oficio a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República a través del cual reiteró haber desistido de la denuncia constitucional que presentó, en su calidad de vocero de Fuerza Popular, contra el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

“Reitero mi desistimiento de la Denuncia Constitucional que presente como vocero de Fuerza Popular, contra el Fiscal de la Nación Dr. Pablo Sanchez. La SCAC no puede convalidar los abusos y atropellos del Congreso anterior. Corrijan su error”, indicó en Twitter.

En noviembre del 2017, Daniel Salaverry, entonces miembro de la bancada fujimorista, acusó de “inacción” a Sánchez en la investigación a empresas vinculadas con el caso Lava Jato. Sin embargo, luego de distanciarse de Fuerza Popular, el entonces legislador desistió de la denuncia, pero esta quedó en las carpetas de la subcomisión.

En el documento enviado el último viernes 26 de junio al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel Alva (Acción Popular), Salaverry señaló que, si bien la medida fue un acuerdo adoptado por la Comisión Política de Fuerza Popular, decidió dar marcha atrás por configurar, a su entender, “un abierto abuso de poder”.

“Resulta preocupante que la actual Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no acoja mi desistimiento y repita así el mismo actuar arbitrario e ilegal que su predecesora del Congreso disuelto. En efecto en su última sesión del pasado lunes, acordaron proseguir con dicha denuncia nombrando como delegada a la congresista María Gallardo Becerra del grupo parlamentario Podemos Perú”, señaló.

El exparlamentario, además, indicó que los integrantes del grupo de trabajo “podrían incurrir en el delito de abuso de autoridad” en caso denieguen su decisión de retirar la denuncia contra Sánchez.

Las acusaciones contra Sánchez, fiscal de la Nación entre el 2015 y el 2018, fueron presentadas en el 2017 ante la subcomisión por los entonces congresistas Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma. Ahora, con un nuevo Congreso, podrían ser archivadas por la subcomisión o, por el contrario, llegar al pleno del Legislativo.

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Este Congreso parece ser la continuidad o peor que el anterior

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Este Congreso parece ser la continuidad o peor que el anterior

Estamos ante un Congreso de la República que parece ser la continuación del anterior o hasta peor, afirmó el exprocurador Julio Arbizu, al referir que se esperaba que se corrigieran los errores cometidos en la gestión parlamentaria.

Fue al cuestionar la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de rechazar el pedido para revisar las imputaciones contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Este Congreso parece ser la continuación del anterior o quizá uno todavía peor. Esperábamos que este Congreso corrigiese algunas de las atrocidades que hizo el anterior, y una de esas era precisamente pelear con estas organizaciones criminales que se instalaron con el Ministerio Público. Acá tenemos a tres miembros en la cúpula, que fueron defendidos por el Congreso anterior y que están siendo protegidos por este. Estoy hablando de Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez Villegas”, in­dicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Con esa composición, la Junta de Fiscales puede tomar decisiones, que serían incon­venientes para el sistema electoral, pero ¿qué podemos esperar si este Congreso ha asumido lo peor del anterior en términos de cómo termina su gestión parlamentaria?”, aseveró.

EN CONTRA DEL INTERÉS COLECTIVO

El exprocurador refirió que resulta lamentable que el Congreso y otras instancias aprovechen de la pandemia del coronavirus para tomar decisiones que van en contra del interés colectivo.

“Es lamentable porque el Congreso, entre otras instancias, están aprovechando la pandemia para que pasen piola algunas decisiones tomadas en contra del interés colectivo. También ha pasado que el Poder Judicial ha demorado mucho tiempo para tramitar casos a diferencia de otros países”, aseveró.

“En Perú ha habido un parón impidiendo el acceso a la justicia de los más vulnera­bles. Está el tema de los focos de corrupción de compras con insumos para resguardo del con­tagio. Qué terrible constatar que desde la administración pública se pueda estar bajo el servicio de la corrupción”, anotó.

ESTE CONGRESO ES TODAVÍA MÁS BAJO

Insistió en referir que este Parlamento resulta ser muy similar al anterior o parecido. En ese sentido, cuestionó también el papel del excontralor Édgar Alarcón presidiendo la Comisión de Fiscalización y del congresista Omar Chehade.

“Parece ser este un Con­greso si no es la continuación del anterior es uno muy pa­recido, muy similar, con un nivel incluso todavía más bajo si se quiere por estos últimos casos que observamos. Un ex­miembro de la Procuraduría favoreciendo la corrupción de un lado, y, por otro lado, un sujeto imputado por graves delitos de corrupción sentán­dose en la mesa principal de la Comisión de Fiscalización, que tendría que atender casos graves de corrupción que se es­tán produciendo hoy en otras instancias”, cuestionó.

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Aprueba dictamen para eliminar inmunidad parlamentaria

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Aprueba dictamen para eliminar inmunidad parlamentaria

La Comisión de Constitu­ción y Reglamento aprobó en su décima sesión ordinaria y por mayoría (17 votos a favor, 6 en contra y una abstención) la eliminación total de la inmu­nidad parlamentaria mediante la modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Estado.

Con esa decisión, el mencionado artículo cons­titucional solo establece que “los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”; y “no son res­ponsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.

Durante el debate, el con­gresista Robinson Gupioc Ríos (PP) propuso incluir un tercer párrafo que especifica: “Los procesos penales contra con­gresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justi­cia”. Propuesta que fue acogida inmediatamente por el titular de la Comisión, Omar Chehade Moya (APP).

En el inicio del debate, el congresista Gino Costa Santola­lla (PM) sugirió volver a debatir los predictamenes anteriores, y poner las cartas sobre la mesa sobre el voto de las bancadas, ya que su preocupación se ba­saba en la votación posterior del actual y su respectivo ar­chivamiento. Al respecto, Luis Roel Alva (AP) dijo que ya no valen ver matices: estamos o no contra la corrupción.

Los dos integrantes del Frepap: Isaías Pineda Santos y María Retamozo Lezama, plan­tearon su adhesión al presente predictamen, que va al fondo del asunto. «Si no se aprueba, quedará claro que con el voto de algunos grupos parlamentarios se mantendrá la inmunidad y la ciudadanía los conocerá”, sostuvo Retamozo.

Rennán Espinoza Rosales (SP) señaló estar complacido con este predictamen que recoge el sentir de muchas bancadas. Y Carlos Almerí Veramendi (PP) indicó que el predictamen “está claro, los argumentos se han esgrimido, si el Pleno aprueba el texto vamos a te­ner grandes problemas, pero lo aceptamos”.

La legisladora Mirtha Vás­quez Chuquilín (FA) reafirmó su preocupación por este predic­tamen que cambia de manera radical las propuestas que bus­caban utilizar coherentemente la figura de la inmunidad, que “no es un privilegio, es una ga­rantía corporativa del Poder Le­gislativo y lo han dicho todos los constitucionalistas”.

Vásquez Chuquilín enfa­tizó el hecho de que con esta decisión “no se va acabar con la corrupción”. La inmunidad “fa­cilita el trabajo independiente y lo protege. Esto, más bien, pasa porque los partidos políticos tengan los filtros necesarios para elegir los representantes más idóneos. Las consecuen­cias van a verse a lo largo del tiempo”.

Jim Mamani Barriga, tam­bién de UPP, dijo que el predicta­men que se plantea no resuelve el problema de la lucha contra la corrupción: “no se trata de petardear una reforma”. Y plan­teó la presentación de un dicta­men en minoría que incluya la eliminación de la inmunidad de otros altos funcionarios del Estado.

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