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Política

Salario mínimo: es hora de salir de la informalidad

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Trabajadora empleadas obreras

Los trabajadores no son ciudadanos de segunda

Hace pocos días, el gobierno anunció un aumento del salario mínimo para los primeros meses del 2020. Además, y esto es lo más importante, se afirma que habrá una norma específica que permitirá institucionalizar el mecanismo de revisión del salario mínimo dotándolo de una fórmula para su cálculo, de una periodicidad y estableciendo claramente las responsabilidades para su promulgación.

Es importante saber que esta discusión comenzó en el 2005 (van 14 años). Y hasta ahora no se logra, debido, sobre todo, a diversas trabas que se han colocado por parte de los sectores representantes del empresariado, “jugando en pared” con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Es por ello que la discusión sobre el salario mínimo solo se da cuando al gobierno le interesa, debido a sus criterios políticos del momento. Ese fue el caso del ex Presidente Kuczynski, quien, en febrero del 2018, dispuso que se convoque al Consejo Nacional del Trabajo (CNT, que forma parte del Ministerio de Trabajo) para que evalúe el alza del salario mínimo, justo cuando estaba en marcha el pedido de vacancia. El 21 de marzo, día de la renuncia PPK, se promulgó el DS que aumentó el salario mínimo.

También hay el caso del cumplimiento de la “ortodoxia” económica, como sucedió en febrero del 2014, cuando el entonces Premier César Villanueva anunció que se estaba discutiendo un alza del salario mínimo. Inmediatamente Nadine Heredia –que no tenía ningún cargo público- dijo que “el tema no estaba en agenda”, en claro acuerdo con el ministro de economía, Luis Castilla. Pocos días después, Villanueva presentó su renuncia al cargo. Veamos primero qué pasa en el mundo y en América Latina.

Salario mínimo en el mundo, la OCDE y en la Región

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) agrupa a 36 países: EEUU, Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. En la OCDE también están México, Colombia y Chile. Perú ha presentado su candidatura para ingresar a este “exclusivo” club.

En 28 de los 36 países de la OCDE se ha institucionalizado el salario mínimo (1), de acuerdo a reglas nacionales: hay una institución, una fórmula para su cálculo, una periodicidad explícita (un año en casi todos) y un mecanismo legal para su aprobación. En los ocho países que no tienen un mínimo establecido -Austria, Italia, Suiza y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)- la mayor parte de la fuerza de trabajo está cubierta por acuerdos de negociación colectiva a nivel sectorial y existe un piso mínimo de salarios.

De los 193 países miembros de las Naciones Unidas, 160 tienen un régimen de salario mínimo, el 83%. La mayoría de los países que no lo tienen son países africanos como Brunei, Burundi, Djibouti, Etiopía, Ruanda, Sao Tomé y Príncipe, Somalia, Sudán, Tonga, Tuvalu y Zimbabwe. Dicho esto, una parte de estos países sí tienen sueldo mínimo para el sector público.

Ahora bien, si sumamos los 8 países de la OCDE arriba mencionados, que tienen acuerdos de negociación colectiva (es decir que los salarios no son determinados por el mercado sino por una negociación) entonces esos 168 países representan el 87% del total mundial.

De otro lado, todos los países de América Latina y el Caribe tienen régimen de salario mínimo. Repetimos: todos.

Los ejemplos de Chile y Colombia

En Chile el salario mínimo se discute todos los años entre el gobierno y las organizaciones sindicales y se elabora una propuesta de acuerdo a criterios técnicos, la cual se lleva al Congreso Nacional, que aprueba la ley respectiva. Así, en setiembre del 2018 se aprobó la Ley 21.112, que “reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar” (2).

En Colombia existe la mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales en donde los gremios, los sindicatos de trabajadores y el Gobierno Nacional discuten todos los años el aumento del salario mínimo para llegar a un acuerdo tripartito. A veces lo consiguen, a veces no. La decisión final la toma el Presidente de la República. En diciembre del 2018 se expidieron los Decretos 2451 y 2452 de la Presidencia de la República: hubo un aumento del 6% del salario mínimo y el 10% del auxilio de transporte para el año 2019 (3).

Billetes de cien soles

El caso peruano

La Constitución del Perú dice: “Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores” (Artículo 24). Además, el Perú ha ratificado en el Congreso los Convenios # 26 y # 99 de la OIT, en 1962 y 1960, respectivamente, que obligan a establecer salarios mínimos.

El régimen de salario mínimo fue aprobado en agosto del 2007 por el Consejo Nacional de Trabajo, ya mencionado. El mecanismo contempla una revisión cada dos años del salario mínimo y se basa, de un lado, en una proyección a futuro de la inflación subyacente (que no considera los precios de los energéticos y de los alimentos, por su alta volatilidad); todos los demás precios que componen la canasta familiar sí son considerados. De otro lado, se considera también la variación de la productividad multifactorial (PBI, stock de capital, empleo y elasticidades) (4).

. El mecanismo contempla, además, que los resultados de la aplicación de la fórmula serán viables, siempre que no se presente ninguna de las siguientes situaciones: profunda recesión (dos trimestres consecutivos de caída del PBI; fuerte elevación de la tasa de desempleo abierto; fuerte elevación de la tasa de informalidad laboral; o alza desmedida en la relación remuneración mínima/remuneración promedio.

Existen, por tanto, los criterios técnicos para el aumento del salario mínimo, lo que debiera permitir que, poco a poco, se recupere la capacidad adquisitiva del trabajador, acercándose al valor de la canasta básica de consumo de un hogar. Hoy en día, el salario mínimo de 930 soles representa solo el 63% de esta canasta que calcula el INEI a través de la Encuesta Nacional de Hogares.

(Nota: Es importante recalcar que, debido al hecho que no ha habido aumentos bienales, el salario mínimo de 930 soles está retrasado en relación a los criterios del 2007. De haberse aplicado la fórmula cada dos años el salario mínimo estaría ahora en 1,000 soles mensuales).

Sin embargo, por distintos motivos (muchos debido a la oposición de los gremios empresariales), toda esta reglamentación no ha sido validada por un Decreto Supremo que, como en Chile y Colombia, permite una discusión ordenada (5).

Cada vez que surge la discusión sobre el salario mínimo, una serie de gremios empresariales y economistas afines salen a la palestra para oponerse. Los argumentos son siempre los mismos: “la economía no anda bien” y “se va a fomentar la informalidad”, entre otros. Está claro el objetivo que persiguen: que no haya marco normativo de la CNT, que no haya ni institucionalidad ni periodicidad. Es por eso también que las iniciativas del Ministerio de Trabajo para relanzar los acuerdos del CNT en estos últimos dos años no han podido llegar a buen puerto.

Sin marco normativo, el salario mínimo se discute cuando a los gobiernos “les da la gana”, como en el 2014 y 2018. Por tanto, a los trabajadores peruanos se les trata como ciudadanos de “segunda” o “tercera” categoría.

Esto debe terminar. El gobierno debe institucionalizar, mediante decreto supremo, el mecanismo legal y técnico aprobado en el 2007 (6). Queda claro, entonces, que en los próximos meses estamos frente a la decisión crucial acerca de la institucionalización del salario mínimo para que, de esa manera, nos pongamos en el mismo nivel que los países de la OCDE y de nuestros vecinos de la Región. Pero, sobre todo, para que avancemos en el poder adquisitivo y de reducción de la enorme desigualdad existente. Y también para que aprendamos las lecciones de lo que está pasando en los países vecinos. Ya es hora.

NOTAS:

1.- OECD, Sueldos mínimos después de la crisis: haciendo que paguen, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, mayo 2015.

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RMW

2.- Ver https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/03/01/939643/Sueldo-minimo-l…

3.- Ver https://www.dinero.com/economia/articulo/salario-minimo-2019-decretan-el…

4.- Ver: Fernando Cuadros Luque, Remuneración Mínima en el Perú: Ilusión y Realidad, Revista Análisis Laboral, Vol. XLII, #488 Febrero 2018).

5.- Debemos dejar en claro que el mecanismo aprobado por la CNT podría establecer que, en un año determinado, no suba el salario mínimo si no se cumplen los criterios técnicos ya mencionados.

6.- No se deben introducir cambios de última hora, no discutidos ni consensuados. Está fresco todavía el desplante y maltrato a las centrales sindicales en diciembre pasado: el gobierno aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad sin cumplir con la necesaria discusión a la cual se había comprometido el propio Presidente de la República.

 

HUMBERTO CAMPODÓNICO
OTRAMIRADA.PE

Política

Investigarán a congresista Pérez por insultar a Vizcarra

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Investigarán a congresista Pérez por insultar a Vizcarra

La Comisión de Ética del Congreso de la República ini­ció una investigación contra el legislador Jhosept Arman­do Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso), quien insultó al presidente de la República, Martín Vizcarra, durante una sesión del Pleno Parlamentario.

El informe de califica­ción de la secretaría técnica de ese grupo de trabajo, con­sideró oportuno proceder con la investigación, debido a que las disculpas que el legislador ofreció se dieron 25 días después de ocurrido el hecho y solo porque fue descubierto.

La propuesta de la secre­taría técnica recibió 5 votos a favor y solo 2 abstenciones, con lo cual el caso pasará a la siguiente etapa. Ahora el legislador será citado para que brinde sus descargos.

OTRAS INVESTIGACIONES

Ética también inició investigación contra la congresista no agrupada Rosario Paredes Eyzaguirre, quien fue denunciada por supuestamente solicitar a una trabajadora que le de­posite la mitad de su suel­do. En la votación para este caso, los siete integrantes de la comisión mostraron su apoyo a la propuesta.

También se declaró pro­cedente el inicio de investi­gación al congresista César Combina Salvatierra (APP) por presuntamente entregar mascarillas con logo de su partido y nombre. El informe fue aprobado por 6 congre­sistas, mientras que solo 2 se abstuvieron.

El grupo de trabajo también rechazó iniciar una investigación contra el legislador de Podemos Perú, José Luis Luna Morales, por presuntamente no pagar aportes a las AFP y ONP a los trabajadores de una empre­sa de la que es accionistas. Solo 3 congresistas votaron a favor, mientras que 4 se declararon en contra.

También decidieron archivar el pedido de in­vestigación contra el con­gresista Hipólito Chaiña Contreras (Unión por el Perú) por presuntamente violar el estado de emer­gencia. En ese caso solo hubo 1 voto a favor y 6 se expresaron en contra.

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Política

Aprueban subsidio de S/ 13.5 millones para el Metropolitano

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Aprueban subsidio de S/ 13.5 millones para el Metropolitano

El ministro de Transpor­tes y Comunicaciones, Car­los Estremadoyro, anunció que ya está listo el decreto de urgencia que aprueba el otorgamiento de un subsi­dio económico indirecto al servicio de transportes en el Sistema del Metropoli­tano.

Esta medida temporal busca que no suban los pa­sajes ni se perjudiquen las empresas que actualmente operan con limitaciones por la pandemia. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio.

El MTC detalló que el monto del subsidio alcanza la suma de S/13 millones y medio que se entregará a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que se encargue de su administración y distribución.

“Ya tenemos el Decreto de Urgencia que [a los concesionarios] les permitirá seguir trabajando y vamos a ayudar a que este modelo de transporte que se ha implementado para evitar la expansión de la pandemia pueda continuar sin problema”, indicó el ministro Estremadoyro.

Precisó que a través del subsidio que dará el ETjecutivo para el usuario se pretende cubrir los costos operativos para que las empresas no se perjudiquen y puedan seguir operando sin problemas.
De otro lado, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, y el presidente del directorio de Protransporte, Juan Pablo de la Guerra, firmaron las adendas de los contratos de concesión del Metropolitano y los corredores complementarios como parte del proceso de fusión. A partir de ahora Protransporte formará parte de la ATU.

Esta fusión marca un hito en la historia del transporte en Lima y Callao pues por primera vez una sola entidad será la responsable de operar todos los sistemas de transporte de Lima y Callao.

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Política

Plantean que normas sean prepublicadas para tener opinión ciudadana

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Plantean que normas sean prepublicadas para tener opinión ciudadana

El presidente de la Comi­sión Especial Multipartidaria para el Ordenamiento Legislati­vo (Cemol), Diethell Columbus, anunció que el próximo lunes se debatirá en este grupo de trabajo una iniciativa para per­mitir que toda norma que se emita tenga análisis de costo – beneficio y sea prepublicada para recoger la opinión de la ciudadanía.

El proyecto de ley modifica la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa (Ley N° 26889), la misma que será a puesta a consideración de la Cemol en su sesión or­dinaria.

“Con esta reforma que se plantea lograremos que todos los poderes del Estado, así como los distintos niveles de gobierno, incluyendo regiones y municipios, estén obligados a poner en blanco y negro el análisis costo-beneficio de aquello que quieren aprobar. Con esta reforma deberán to­marse el trabajo de legislar en serio y no seguir improvisando como ocurre en muchos casos”, enfatizó.

Columbus destacó la prepu­blicación de normas con rango de ley porque considera que “la opinión ciudadana no solo debe ser escuchada en época electo­ral, sino que se debe promover que el ciudadano colabore con el trabajo de sus localidades, regiones y del país”.

“Esta reforma ayuda a que nuestros compatriotas aporten sus conocimientos y experien­cias respecto de las normas legales que se quieran aprobar desde el Estado”, agregó.

De aprobarse la propuesta de reforma, será elevada inme­diatamente a la Mesa Directiva para que pueda ser viabilizada conforme al Reglamento del Congreso y se agende en la próxima sesión el Pleno del Congreso.

De otro lado, anunció que también se encuentra en agen­da la discusión de un proyecto de resolución legislativa para evitar que las mociones decla­rativas dejen de sobrecargar las agendas plenarias.

Al comentar esta propues­ta, que modifica el artículo 68° del Reglamento del Con­greso, Columbus, destacó que lamentablemente la agenda del pleno se sobrecarga con mociones declarativas o exhor­tativas que distraen el debate de los temas más urgentes que debe ver el Parlamento.

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