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Editorial

Repudiables privilegios

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Afiebrados fujimoristas sostienen sin el menor escrúpulo que son casi terroristas quienes desde diversas posiciones en el Estado y la sociedad cumplen su deber de luchar contra la impunidad y por el imperio de la justicia, y en esa medida han impulsado los juicios a los responsables de los crímenes de la dictadura de los noventa y velan para que quienes hayan violado la legalidad paguen las consecuencias.

Sin embargo, las indignantes revelaciones sobre los privilegios de los que disfruta en el presidio de la Base Naval del Callao quien fuera brazo derecho, cómplice y socio del dictador, revelan que si algún defecto peligroso tiene el Estado actual, y así lo han comprobado otros escándalos recientes, es que siguen enquistados en él elementos de conducta cómplice con los corruptos y los criminales que tenían el poder durante la dictadura.

Solo remanentes de aquel régimen pueden otorgar o permitir al siniestro personaje gollerías inconcebibles en un penal que fue hecho en tan fortificado lugar para que el encierro allí fuera duro y el aislamiento total, a fin de impedir que quienes allí fueran encerrados no pudieran tener comunicación con el exterior y por tanto no pudieran manejar a sus huestes a la distancia.

Resultan indignantes las versiones de la vida de lujo que se da en el poderoso asesor de los ‘90, a cargo de los aparatos de la represión que en nombre del dictador cometieron los peores crímenes, y de las operaciones de saqueo de los fondos del país y de corrupción de la política, la prensa, las fuerzas armadas, la policía, la justicia y cuanta institución cayera en sus manos.

En ese contexto, parece comprensible que los mandos de la Marina de Guerra, hace algún tiempo, hayan pedido que, una vez superada la grave emergencia que vivía el país y que determinó la instalación del penal en esa instalación naval, las autoridades penitenciarias busquen otro lugar para que los reclusos allí mantenidos cumplan las condenas que les impusieron los tribunales.

Resultan por lo tanto comprensibles los reclamos de una investigación sobre las privilegiadas condiciones que tiene el exasesor en la Base Naval, reveladas como derivación de la polémica que ha desatado la decisión judicial de trasladar a cuatro exjefes subversivos a un presidio civil de alta seguridad.

También son pertinentes las invocaciones a que el Instituto Nacional Penitenciario, al parecer ajeno al control del penal de la Base Naval, tome el control de éste e imponga el orden, cortando los inaceptables privilegios de quien, jurídicamente, no es más que un preso que cumple una condena por haber atentado contra la sociedad y que no debe seguir burlándose de la justicia, con la complicidad de quienes no son otra cosa que remanentes de la dictadura.

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Editorial

¿A punto de lograrlo?

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Los días 5 y 12 de abril, es decir los dos siguientes domingos, no abrirán sus puertas los mercados, su­permercados, farmacias ni bancos, como parte de las medidas restrictivas adicionales dictadas ayer por el gobierno en su propósito de frenar la expansión del coronavirus, que hasta ayer había provocado 55 muertes. Todos los ciudadanos, estamos en la obligación de acatar las disposiciones del Gobierno mientras se mantenga la emergencia sanitaria, pues no se trata de otra cosa que de defender nuestra salud y evitar que haya más muertes en el país debido a la pandemia.

Como lo ha explicado ayer el propio jefe de Estado, Martín Vizcarra, la cifra de casos positivos está proyec­tándose un poco por encima de la capacidad que tienen actualmente los hospitales del Estado, de la seguridad social, las torres de la Villa Panamericana, los centros mé­dicos de las Fuerzas Armadas, así como las clínicas, para atender a pacientes contagiados por el coronavirus. Por ello, el Gobierno se ha visto obligado a pedirle a la ciu­dadanía otro pequeño sa­crificio con la finalidad de que la curva no sobrepase la capacidad hospitalaria.

Sin embargo, a pesar de que el número de casos po­sitivos para el Covid-19 se ha elevado a 1,414, mientras que 15,104 muestras arro­jaron resultados negativos, hay un pequeño sector que aún no entiende sobre la necesidad de cumplir con la cuarentena dispuesta por el Gobierno para evitar que la pandemia continúe avanzando. Debido a ello las autoridades han optado por disponer salidas diferencia­das de hombres y mujeres, para poder hacer compras en los mercados, supermercados y farmacias. Los trabajado­res que realizan labores esenciales están exonerados de cumplir esa disposición.

Los días domingo, en cambio, no saldrán ni hombres ni mujeres y por lo tanto, los mercados, supermercados y farmacias no abrirán sus puertas. Con tal medida, el Go­bierno espera reducir la cifra de contagios. Corresponde, pues, a la ciudadanía poner de su parte para alejar el pe­ligro de una rápida expansión del Covid-19. Solo así se po­drá pensar en volver a levantar la economía peruana para que no se pierdan los puestos de trabajo; en todo caso, dependerá esto de la respuesta que demos a la convocato­ria del Gobierno.

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Editorial

Semana clave

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El Ministerio de Salud ha informado ayer que otras nueve personas han fallecido en el Perú a conse­cuencia de la pandemia del Covid-19, lo que re­afirma algo que las autoridades vienen recalcan­do: el coronavirus no es cosa de juego. Por la cantidad de detenidos, más de 26,000, parece que para muchos sí lo es, pues hasta se dan el lujo de salir a jugar fulbito, lo que no solamente es un riesgo para la persona que desacata las medidas sanitarias, sino también para su familia y personas de su más cercano entorno.

Algo similar ocurrió en el vecino país de Ecuador, donde los guayaquileños desoyeron las recomendacio­nes de las autoridades y continuaron con su vida normal, fiestas incluidas, hasta que la crisis del Covid-19 les gol­peó con fuerza. Actualmente hay más de 400 muertos y las autoridades no pueden recogerlos porque no se dan abasto y los servicios de las funerarias y los cementerios han colapsado. Muchos cadáveres están tirados en las ca­lles. Guayaquil es un polo comercial, pero su pobla­ción vive ahora momentos dramáticos.

En nuestro país, la pan­demia ya ha cobrado 47 víctimas mortales y, aun así, hay gente que todavía se rehúsa a acatar las me­didas sanitarias. Por ello el número de contagiados se ha elevado a 1,323, según información reciente del Ministerio de Salud. De los casos positivos de coronavirus en el país, 198 pacientes están hospitalizados y 56 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica. Miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Arma­das patrullan la ciudad y realizan constantes operativos para proteger de un contagio masivo a la población.

Por su parte, el Gobierno ha dispuesto más de 25 mil millones de dólares para reforzar el sistema de salud e incentivar la actividad económica del país luego de la crisis. Es un esfuerzo sin precedentes para derrotar al co­ronavirus Covid-19, pero eso no será posible sin la colabo­ración de toda la ciudadanía. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, aseguró que el Gobierno trabaja en la elaboración de una norma que les permita a los ciudadanos prorratear el pago de los servicios básicos (agua y saneamiento y electricidad), a fin de que no se interrumpa la prestación. Ojalá, pues, toda la ciudadanía colabore para que el país vuelva a caminar, pues estamos en una semana que es clave para derrotar al coronavirus Covid-19.

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Editorial

Trabajadores pueden quedar desprotegidos

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Un flaco favor le hacen a los afiliados al Sistema Pri­vado de Pensiones (SPP) los congresistas que pro­mueven el proyecto de ley para liberar el 25% de los fondos de las AFP, debido a la emergencia por el coronavirus covid-19. Más temprano que tarde la pande­mia pasará, pero –de aprobarse el proyecto de marras– quie­nes opten por retirar parte de su ahorro previsional verán totalmente disminuidas sus posibilidades de jubilarse y recibir una pensión que les permita tener calidad de vida justo cuando más lo necesitan.

No se trata de un ahorro voluntario que el titular de la cuenta puede retirar y disponer en el momento que desee y para el fin que crea conveniente. Es un ahorro previsional con un fin determinado que es asegurarle una pensión que le permita una vejez digna cuando ya no esté en posibilidad de seguir trabajando. Su fondo previsional le puede asegu­rar al afiliado a una AFP vivir con tranquilidad y sin con­vertirse en una carga para su familia. Pero aún están a tiempo los parlamentarios porque recién hoy se defini­rá la fecha del pleno virtual que verá si se aprueba o no el referido proyecto.

La bancada de Podemos Perú presentó al Congreso la iniciativa multipartidaria que, también, autoriza dis­poner libremente del cien por ciento del excedente de dos remuneraciones brutas de los depósitos por Com­pensación por Tiempo de Servicio (CTS) que tengan acumu­lados a la fecha. Hay que recordar que la CTS funciona como una suerte de seguro de desempleo por lo que no es reco­mendable, en este preciso momento, disponer de ese fon­do. Los economistas coinciden en que después de la crisis del Covid-19 la economía no quedará en muy buen pie; por ende, algunas empresas se verán en la necesidad de despe­dir personal. Allí los trabajadores requerirán de su CTS.

Este proyecto está dirigido a los trabajadores que tienen o han tenido empleo formal. Pero ese sector no es necesa­riamente el que en este momento necesita más ayuda. Los que la necesitan con urgencia son los independientes infor­males que paradójicamente no tienen CTS ni AFP. Estamos hablando de siete millones de peruanos cuyos ingresos se han reducido a cero. Eso es lo que el Estado debería resolver primeo Allí se tiene que dirigir recursos. Pero el proyecto en discusión no se refiere para nada a ellos, por el contrario busca afrontar la crisis del coronavirus afectando los ahorros de los trabajadores en las AFP y también la CTS, sin tener en cuenta que hay un sector no pobre, pero sí vulnerable que son los independientes.

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